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En cuestión de género, la cancha sigue dispareja entre las más altas esferas del poder político y de gestión pública. Si bien el año que ha terminado deja ciertos hitos en el Ejecutivo, otros cargos importantes en organismos del Estado peruano siguen siendo mayoritariamente ocupados por varones.
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En diciembre, Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en presidir el país tras la destitución de Pedro Castillo y, con su llegada al poder, las designaciones en el Gobierno se inclinaron hacia la paridad. De los 19 sectores ministeriales y 37 viceministerios, 9 y 15 son liderados por mujeres, respectivamente. En tanto, 14 de las 19 secretarías generales tienen funcionarias al mando.
Sin embargo, en puestos medios, como las direcciones generales de los ministerios, la brecha sigue siendo notoria, pues existen 48 directoras frente a 113 de sus pares varones. En el caso de las empresas estatales, la situación también es dispar: solo dos mujeres presiden directorios (Perú-Petro y Electro Puno). En los plenos de las máximas autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y otros organismos, las mujeres representan el 31%.
Pero las cifras de mayor asimetría de género están en los cargos obtenidos por voto popular en los últimos comicios subnacionales: de los 1.915 nuevos gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales, solo 98 son mujeres.
Oportunidades y obstáculos
La politóloga Kathy Zegarra explica que el acceso de mujeres a puestos de decisión permite una mirada más amplia sobre las necesidades de la ciudadanía:
“[Con más funcionarias] se genera la posibilidad de un aporte en la identificación de problemáticas y diseño de políticas públicas que, a veces, los pares varones no identifican. La presencia de mujeres en puestos de poder no solo es importante de manera simbólica. Existe un impacto también en términos materiales e inmateriales. Por ejemplo, implementar políticas públicas con enfoque de género [una cobertura de servicios públicos pensada también para mujeres]”, refirió.
Consultada sobre la marcada disminución de liderazgos femeninos al frente de los organismos más técnicos y administrativos del Estado, la especialista precisó que, pese a los avances históricos, las barreras por cuestión de género siguen vigentes.
“Hay que tener en cuenta que las mujeres tienen impuesta tradicionalmente una carga más grande de trabajo no remunerado [las tareas domésticas, la atención familiar y de cuidados]. Esto dificulta tener un balance con el desarrollo profesional u otros trabajos que sí son remunerados. Otra cuestión es que, dentro del ambiente laboral, existen desincentivos hacia las mujeres, tales como el trato diferenciado, la discriminación remunerativa o el acoso. Cuando las mujeres ingresan a la política, enfrentan situaciones parecidas también”, comentó Zegarra.
Para la politóloga Belén Elías, en lo electoral y partidario “las mujeres siguen conviviendo con prácticas que reafirman su papel subordinado en la política”. Estimó que las organizaciones políticas aún se resisten a cambiar sus dinámicas.
“Las elecciones generales del 2021 y las regionales del 2022, que dieron estreno a la paridad y alternancia [en listas de candidatos] a nivel nacional y subnacional, evidencian la recurrencia de prácticas sexistas: pocas candidatas seleccionadas para la presidencia, muchas candidatas a la primera vicepresidencia; pocas candidatas seleccionadas para gobernadoras regionales, muchas candidatas a vicegobernadoras regionales. Aunque la ley permitió un incremento histórico de la presencia mujeres participando en elecciones, las dinámicas detrás de las cifras parecen haber cambiado muy poco: los varones tienen los cargos con más poder y las mujeres los cargos de eventual reemplazo”, sostuvo la especialista.
Elías reconoce que, tras reformas como la que pretende más equidad de género en los resultados de elección popular, “no se pueden esperar cambios inmediatos”. No obstante, agrega que la regulación tampoco es suficiente en sí misma para llevar el objetivo a la realidad: “La tendencia parece informar que los actores político-partidarios están poco dispuestos a que algo cambie. Sin mayores incentivos institucionales o presión de la ciudadanía, probablemente la situación cambie muy poco”.
