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En 15 meses al mando del país, el presidente Pedro Castillo ha tenido que recular hasta 54 veces sobre el equipo de ministros que originalmente convocó. Esto, tras el alejamiento de cada funcionario o –en su mayoría– escándalos y cuestionamientos que ponían en duda su idoneidad. En promedio, ha designado a un nuevo titular de sector cada seis días y, salvo por dos carteras, las otras 17 han sufrido una alta rotación que no se veía en al menos 20 años de regímenes.
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En el mismo período que lleva Castillo [de 466 primeros días de gestión], los gobiernos anteriores tuvieron solo hasta 14 cambios ministeriales en promedio. El máximo de rotación fue de 20 ministros removidos, pero esto solo en los tramos de Martín Vizcarra y Ollanta Humala [ver cuadros].
A inicios de año, cuando ya se le habían acumulado diez designaciones fallidas en el Gabinete, Castillo atribuía los errores a una curva de aprendizaje a la que se estaba adaptando. Pero, para el politólogo Paolo Sosa, la poca enmienda y la persistencia del mandatario en los malos nombramientos evidencian tanto una débil coalición de gobierno carente de técnicos como un auténtico desinterés por formar un Ejecutivo competente.
“El presidente no tiene un rumbo para su gobierno, y eso no le quita el sueño. Sin un plan claro, uno puede nombrar a cualquier persona [sin experiencia ni idoneidad] en ministerios. Pero, además, el presidente parece tener predilección por ministros que colaboren o se hagan de la vista gorda con nombramientos y negociados que benefician a su entorno y otros grupos que le dan sostén [al régimen]”, comentó a El Comercio el también investigador afiliado al IEP.
Con excepción de setiembre del 2021, todos los meses de la administración Castillo han tenido al menos una baja ministerial como producto de crisis del sector público que los propios ministros protagonizaron, además de renuncias, censuras del Congreso y aparentes nexos de algunos con casos de presunta corrupción. Apenas unas semanas atrás, Jorge López, tercer ministro de Salud de Castillo desde abril y cuota política del partido Perú Libre, fue removido luego de que una revelación periodística lo comprometiera en un posible desvío y ‘pitufeo’ de fondos para la adquisición de un departamento. El caso sigue en investigación por parte de la fiscalía.
La politóloga e investigadora de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Almendra Rodríguez, sostiene que “la inestabilidad ministerial [y de líneas de funcionarios que esta trae consigo] ha erosionado al Estado paulatinamente, por lo que revertir un daño material y de imagen política como este se vuelve bastante complicado”. La especialista coincidió en que el afán del presidente por designaciones que no priorizan filtros de idoneidad responde a un objetivo de supervivencia.
“En medio de este contexto, del avance de investigaciones por presuntos hechos de corrupción que involucrarían al presidente Castillo y de un proceso de moción de vacancia presidencial en el Congreso, lo que se buscaría es salvaguardar el cargo pero no gobernar. Más allá del desgaste político que esto genera, la inestabilidad y alta rotación de funcionarios tiene un impacto sobre las metas mínimas en gestión pública”, dijo Rodríguez a este Diario.
Daños y costos para el Estado
Solo en el 2021, año que abarca el período del expresidente de transición Francisco Sagasti y los primeros seis meses del presidente Castillo, la Contraloría detectó que más de 7.740 funcionarios públicos habían incurrido en irregularidades dentro de la Administración Pública, causándole un perjuicio al Estado por S/ 2.502 millones en recursos. De acuerdo con la entidad, las indagaciones revelaron responsabilidades de orden administrativo, civil y penal.
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En un informe de abril último, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio reveló que las remociones de ministros en el actual gobierno trajeron consigo, hasta ese momento, 67 designaciones de viceministros. De ellas, 35 se habían revocado tras renovación de gabinetes o renuncias por escándalos. Aquello supuso que cada mando medio en los ministerios duraba tan solo 60 días en promedio en su despacho.
La politóloga e investigadora Almendra Rodríguez explica que, en toda gestión inestable, deficiente o atravesada por presunta corrupción, la ciudadanía es la más afectada, pues los servicios del Estado pierden calidad y las metas de largo plazo se obstaculizan.
“Si el ministro y sus equipos cambian cada poco tiempo, las coordinaciones, la identificación de mejoras, las metas de trabajo y los requerimientos mínimos en la gestión pública para medir los avances no van a ser posibles. Lo urgente, para no seguir destrozando la institucionalidad del Estado peruano, es que los nombramientos respondan a criterios técnicos y no a los intereses o estrategias de un sector o de un partido para mantener cierto apoyo a su favor en el Legislativo”, indicó, en referencia a la dinámica que se advierte del mandato de Pedro Castillo.
Consultado sobre la posibilidad de revertir daños y encaminar el buen funcionamiento de las políticas públicas, el politólogo Paolo Sosa nos da una respuesta poco entusiasta. Desde su punto de vista, el mal manejo del Estado a raíz de malas decisiones políticas y designaciones fallidas necesita, además de una corrección, un trabajo profundo y de bastante largo plazo.
“El daño me parece que es irreparable porque ocurre a distintos niveles. Una cosa son las políticas que se mantienen o cortan dependiendo de la posición de un ministro. Otra cosa son la purga y el reemplazo de funcionarios con conocimiento del sector para nombrar a personajes que no tienen experiencia pero sí buenas migas con quienes están hoy en el poder. Ese copamiento del Estado –que hace recordar mucho al primer gobierno aprista– destruye el tejido social y de expertos que dan forma a la gestión pública. Recuperar las capacidades perdidas nos va a tomar bastante tiempo, y eso va a repercutir en un costo material para el Estado y la vida diaria de quienes más necesitan de este. Paradójicamente, [golpea] a quienes este gobierno dice representar”, opinó.
Un primer ministro leal
Aníbal Torres es el presidente del Consejo de Ministros que más tiempo se ha mantenido en la era Castillo. Desde su designación de febrero de este año hasta el 6 de noviembre han transcurrido 271 días. Previamente, el puesto fue ocupado por Héctor Valer (solo 7 días de duración), Mirtha Vásquez (117 días), y Guido Bellido (69 días). En agosto, Torres renunció de manera pública, pero su salida no se materializó. Días después, en conferencia de prensa, el hasta hoy primer ministro se negó a explicar los motivos de lo sucedido.
Aníbal Torres es uno de los tres ministros que aún continúan en el Ejecutivo desde el 29 de julio del 2021. Fue titular del ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta febrero de este año, luego de que la crisis de Gabinete por el fugaz nombramiento de Héctor Valer llevara al presidente Castillo a designarlo como jefe de la PCM.
Torres es de los ministros más polémicos del Gabinete. En este tramo en la PCM [antes, ocupó el Ministerio de Justicia], ha sido denunciado por presunto veto de medios para la publicidad estatal, además de señalado por el exsecretario presidencial Bruno Pacheco [a quien se le encontraron US$ 20 mil en su oficina en Palacio de Gobierno] por supuestas intenciones de negociar en su fuga.
El funcionario también ha sido cuestionado en diversas ocasiones por el contenido de sus alocuciones públicas, donde ataca a las instituciones [Congreso, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía de la Nación y Poder Judicial] y a los medios de comunicación, en defensa del presidente Castillo.
Como se recuerda, el mandatario es protagonista de hasta seis carpetas fiscales [cinco a nivel de la Fiscalía de la Nación] por aparentes actos de corrupción, que incluyen una red criminal enquistada desde el Ministerio de Transportes. Este último sector ha tenido hasta cinco titulares, siendo el exministro Juan Silva y el exministro Geiner Alvarado dos de los principales investigados. Silva se mantiene prófugo de la Justicia desde finales de mayo.
“Es un presidente del Consejo de Ministros que representa muy bien al gobierno de Castillo: peleón cuando se necesita hacer bulla y víctima cuando se trata de tapar los defectos del gobierno, improvisado cuando se trata de hacer promesas a la población e impredecible en sus declaraciones públicas [mencionar a Hitler como un ejemplo le costaría el puesto a un político en otro país]. Funciona porque es una figura que alimenta las creencias de las bases más leales al presidente, especialmente cuando necesitas de ese núcleo duro para tener oxígeno”, comenta el politólogo Paolo Sosa.
La politóloga de REDES, Almendra Rodríguez coincide en que Torres se ha convertido en una pieza clave para el gobierno a nivel discursivo y de escudo, sirviendo de enlace entre el presidente y el sector de la ciudadanía que aún guarda expectativas de que la gestión cumpla sus demandas. Para ella, una eventual salida de Torres colocaría a Castillo en una situación compleja, debido a los frentes que la administración se ha abierto frente a los demás poderes del Estado; especialmente, frente al Congreso.
“Si eventualmente Torres saliera del Gabinete, el escenario se volvería muy crítico para Castillo, con una nueva crisis de Gabinete, la búsqueda de un reemplazo y una nueva solicitud de voto de confianza del equipo ministerial. Eso sería complicado si consideramos que ya hay una nueva moción de vacancia presidencial en marcha. La sola posibilidad debiera representar una oportunidad de optar por un perfil conciliador, técnicamente probo y sin alineación política para abrir la cancha y tender puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, tan necesarios para sostener la gobernabilidad”, estima la especialista.
OPINIÓN: “La volatilidad ministerial como efecto del desbalance de poderes”, por Mirtha Vásquez*
A poco más de un año y tres meses del gobierno de Pedro Castillo, los más de 70 cambios ministeriales son, sin duda, una evidencia de la inestabilidad y precariedad de la gestión. Sin embargo, el análisis no solo debe abordarse desde lo cuantitativo. En un estudio del Instituto Videnza, publicado en este mismo Diario, se señala que la tasa promedio máxima de gestión de un ministro en lo que va de este gobierno es de 5 meses. En el período 2016-2021 era de 7,4 meses, mientras que en el 2011-2016 fue de 18,6 meses. Allí puede apreciarse que el actual Ejecutivo tiene una tasa promedio de duración de ministros similar a la del período 2016-2020, de PPK y Vizcarra.
Eso nos hace inferir que la volatilidad de estos cargos no solo depende del mal manejo del Ejecutivo, sino de otros factores determinantes como la mayoría parlamentaria con la que cuente el mismo. Fijémonos, en gobiernos con mayoría congresal: Ollanta Humala y Alan García, con quienes la duración de los ministros era significativamente superior.
Hay una correlación entre Ejecutivo débil y oposición parlamentaria obstruccionista. Esta constatación debería alertarnos acerca del severo desbalance de poderes. Desde luego, no vamos a liberar de responsabilidad a este gobierno, que además evidencia que los cambios ministeriales obedecen al objetivo de supervivencia en el poder. Sin embargo, miremos la otra cara de la moneda: lo determinante de un Congreso revanchista cuya función se reduce al cuestionamiento indiscriminado de cualquier ministro solo como forma de desestabilización. El último caso, del canciller Landa, es un claro ejemplo.
Según nuestra tradición republicana constitucional, tenemos un régimen presidencialista con matices que lo atenúan. Pero, en los últimos siete años ha habido intentos de cambiar esta situación de manera forzada desde el Parlamento, generando con ello sucesivas crisis políticas. Cabe preguntarse si no se requieren ajustes en el texto constitucional para asegurar separación y balance de poderes como garantía del sistema democrático.
*Mirtha Vásquez Chuquilín fue presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo entre el 6 de octubre del 2021 y el 31 de enero del 2022. Al dejar el puesto irrevocablemente, explicó en una carta pública que existía una “imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país”. Esto, luego de que se agravara la crisis en el ministerio del Interior, donde Castillo pretendió colocar y mantener a funcionarios que no pasaban los filtros éticos, desautorizando además al propio titular del sector en ese entonces. Vásquez revelaría en ese momento que personas del entorno presidencial llevaban al mandatario a decisiones erróneas. Actualmente, aquellos exempleados del Estado son investigados por el caso ‘Gabinete en la Sombra’.
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