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El despacho del presidente Martín Vizcarra recibió hoy a las 2:30 p.m. la autógrafa de la ley de ejecución humanitaria de pena, que beneficiaría al ex mandatario Alberto Fujimori.
El jefe del Estado tiene ahora 15 días para promulgar la norma u observarla. El plazo culmina el lunes 5 de noviembre.
“Si el presidente tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la proposición aprobada, las presenta al Congreso en el mencionado término de quince días útiles. Las observaciones se tramitan como cualquier proposición, pero correrán en el expediente que dio origen a la ley observada y su reconsideración por el Congreso requiere del voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso”, indica el reglamento del Parlamento en su artículo 79.
La norma permite a los adultos mayores sentenciados completar sus condenas, no solo en sus viviendas, sino con libertad “de desplazamiento circunscrito a la provincia donde se encuentra el domicilio o lugar que señala el penado”.
Esta indica que pueden acceder a este beneficio quienes hayan cumplido al menos un tercio de sus sentencias. La edad mínima para acceder al beneficio varía según algunas circunstancias (el rango va entre 65 y 78 años). Además, serán vigilados con un dispositivo electrónico.
La norma señala que no podrán beneficiarse quienes hayan sido sentenciados por “terrorismo, sicariato, traición a la patria, feminicidio, [delitos] contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y organización criminal”. Tampoco quienes purguen cadena perpetua.
Ni Alberto Fujimori, de 80 años, ni Vladimiro Montesinos, de 73 años, han sido sentenciados por alguno de los ilícitos previamente mencionados.
–Cuestionamientos–
El Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) manifestaron su preocupación frente a la aprobación de la ley.
En un comunicado, recordaron que la norma se presentó días después de que la Corte Suprema peruana anulara el indulto concedido a Fujimori en diciembre de 2017, constatando que se habían vulnerado los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
