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En el ajedrez, todo movimiento importante comienza a gestarse varias jugadas por detrás. Lo mismo puede decirse de la demanda interpuesta por Odebrecht Latinvest contra el Estado peruano, en la que busca recuperar los US$1.200 millones que –según sus cálculos– habría invertido en el gasoducto del sur. Una serie de elementos ya indicaba, desde hace varios meses, que ese sería el camino que tomaría la compañía.
Concretamente, tres circunstancias explican por qué Odebrecht ha recurrido al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi): una penal, una económica y una internacional. ¿Qué tuvo que pasar para que la constructora brasileña presentara una demanda multimillonaria que hoy, asegura, está dispuesta a retirar bajo ciertas condiciones?
–El candado abierto–
En junio del 2019, la jueza María de los Ángeles Álvarez homologó el acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht en el Perú. En su sentencia, sin embargo, introdujo una cláusula que luego causó revuelto político por varios meses. Para que la constructora pudiera salir de la Ley 30737 y pasar a terreno del acuerdo, dijo, no debía tener otra “investigación o proceso penal en curso” fuera de los cuatro reconocidos en ese documento.
La cláusula –enterrada en la página 226 del fallo– pasó desapercibida hasta que Odebrecht pidió al Estado que le devuelva el dinero que le había retenido tras la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Para que ello ocurriera, la empresa debía salir de la Ley 30737 y pasar a estar bajo los efectos del acuerdo de colaboración. Y como decía la cláusula, no debía tener ninguna otra investigación o proceso penal en curso.
Pero en términos literales, Odebrecht sí los tenía. Entre ellos, estaba el Caso Gasoducto: el proyecto más caro jamás concesionado en la historia del Perú. Luego de meses de interpretaciones, el caso fue elevado a Álvarez para que dé un veredicto final. ¿Debía devolverse el dinero? La jueza dijo que sí. Y agregó que la cláusula que había introducido solo pretendía ser “una herramienta” para mantener a raya a la empresa.
En otras palabras, la jueza había puesto un candado para poder controlar el accionar de Odebrecht. La fiscalía tenía la potestad de activarlo o no. Así lo confirmó el análisis que El Comercio hizo con tres abogados penalistas en noviembre. “Con su cláusula, ella le dio un instrumento a la fiscalía para que no quede atada de manos por el acuerdo", confirmó entonces el penalista Arturo Maldonado.
En el caso de Chaglla la jueza resaltó que la fiscalía, la produraduría y Odebrecht estaban “en consenso para la devolución” del dinero. Entonces, el candado quedó abierto y la plata fue devuelta. Pero lo que parecía que iba a ser un evento aislado, resultó ser uno de los sucesos previos a la presentación de la demanda arbitral por el gasoducto. ¿Por qué?
Chaglla representaba el 68% de los activos líquidos (rápidamente vendibles) que Odebrecht tenía en el Perú. Por ende, la retención del dinero de su venta –aún después de todos los descuentos– constituía un importante elemento de presión. Pero eso ya no existe; el dinero ya fue devuelto. Ahora, la suma de todos los proyectos líquidos que le quedan a Odebrecht no es ni el 25% de los US$1.200 millones que la constructora busca recuperar por el gasoducto.
Tras la devolución del dinero de Chaglla, Odebrecht se quitó de encima un candado que le quitaba poder de acción –y de negociación– de cara a una demanda ante el Ciadi. Y el acuerdo de colaboración como tal no le impide recurrir al centro internacional de arbitraje.
–Cuestión de números–
Lo siguiente es una cuestión puramente financiera. Como explicó El Comercio en octubre, detrás de la devolución del dinero de Chaglla había un complejo dilema para las autoridades peruanas: quebrar a Odebrecht o darle aire para que pueda seguir colaborando. Pero como también anticipó este Diario, aquella devolución actuaría apenas como un respirador artificial hasta que la empresa pudiera ir por el gasoducto.
Antes del reembolso de Chaglla, la constructora “estaba herida de muerte”, según dijo Dagoberto Díaz, profesor de finanzas de la Universidad del Pacífico. Hugo Alache, presidente de la Asociación de Proveedores de la empresa en el Perú, había advertido que su gremio evaluaría llevarla a proceso concursal. Y Odebrecht ya había suspendido un interrogatorio a sus exejecutivos alegando que no podía pagarle a la consultora que busca en los servidores la información que sustenta sus delaciones.
Pero luego del reembolso, el panorama no quedó mucho mejor. Eliminadas una serie de deudas amarradas a la hidroeléctrica, los pasivos de Odebrecht todavía quintuplicaban a sus activos. La constructora tenía aún una deuda en el Perú de US$1.050 millones, y activos líquidos (Olmos, IIRSA Sur, IIRSA Norte Rutas de Lima, maquinaria y otros) por apenas US$279 millones, según cifras de la procuraduría recopiladas en diciembre del 2018, a las que este Diario tuvo acceso.
Esto significa que Odebrecht todavía tenía una brecha de más de US$800 millones por cubrir, sin más opción que recurrir a sus activos no líquidos (inconclusos y/o paralizados), Chavimochic III y el Gasoducto Sur Peruano. Por el primero, la empresa había iniciado un arbitraje en el 2017 ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Al año siguiente, sus representantes contaron a El Comercio que el tribunal arbitral ya estaba conformado.
Pero lo invertido en ese proyecto era de alrededor de US$220 millones, una cifra aún insuficiente para cubrir los pasivos. ¿Cuál era, entonces, el camino natural? El gasoducto, cuyo valor de concesión superó los US$7.000 millones. Allí su socia minoritaria, la española Enagás, ya tenía un arbitraje ante el Ciadi por US$550 millones, también para recuperar lo invertido hasta que el gobierno terminó el contrato en febrero del 2017.
El monto calculado por Enagás dio pie a que Odebrecht, que tuvo un porcentaje mayor en el consorcio, pidiera los US$1.200 millones. En el 2017, la constructora ya había presentado una solicitud legal por este proyecto, invocando el tratado bilateral de protección de la inversión privada entre el Perú y Luxemburgo. Esto dio inicio a un proceso fallido de trato directo con el Estado que se encontraba congelado. Solo tocaba, entonces, ingresar la demanda arbitral. Y así se hizo.
–Voces desde Brasil–
En un comunicado publicado la semana pasada, Odebrecht anunció que solicitó el arbitraje porque “no tuvo más remedio”, y aseguró que está dispuesta a retirarlo si se garantiza que un nuevo consorcio comprará los ductos y le devolverá la inversión. También dijo que el arbitraje busca “preservar el derecho de sus acreedores” en Brasil, dado que se vencía el plazo estipulado en el convenio con Luxemburgo para presentar la demanda. El origen de esta, entonces, queda bastante más claro.
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— OEC Perú (@OdebrechtPeru) February 5, 2020
Desde junio del 2019, el holding Odebrecht está en un proceso de recuperación judicial en Brasil, por una deuda global de más de US$24.000 millones. Esto la protege durante un tiempo de la bancarrota, para que pueda reestructurar su deuda. En el proceso de recuperación brasileño también participan los principales acreedores de Odebrecht en el Perú. Se trata de una bolsa conjunta que centraliza deudas de todo el mundo y los ingresos para pagarlas.
Pero desde hace varios meses, uno de sus acreedores, la Caixa Economica Federal –un banco estatal brasileño estrechamente vinculado al gobierno de Jair Bolsonaro–, ha sido especialmente agresivo en reclamar su tajada. El año pasado, por ejemplo, pidió la ejecución de una deuda del equipo de fútbol Corinthians por la construcción de su estadio, que estuvo a cargo de Odebrecht.
En noviembre último, la Caixa hizo un movimiento que podría explicar la demanda arbitral por el gasoducto: pidió a un juez que interrumpa el proceso de recuperación de Odebrecht y lo liquide. Como analizó El Comercio aquella vez, el pedido tenía pocas probabilidades de prosperar. En cambio, expertos brasileños citados por O Globo explicaron que se trató de una medida de presión. Una forma de decirle a la constructora que estarían encima de ella por cada centavo.
Hace dos semanas, el presidente de la Caixa, Pedro Guimarães, recalcó a los medios que “no se la pondrá fácil” a Odebrecht para aprobar su plan de reestructuración, el cual será votado el próximo 13 de marzo. Este es apenas un episodio más de las constantes rencillas entre la empresa y sus acreedores globales.
Ante la inminencia de la votación del plan de reestructuración, y con los acreedores presionándola, resultaba imposible para Odebrecht dejar pasar un arbitraje de US$1.200 millones. “No hacerlo representaría una grave violación de obligaciones fiduciarias frente a sus acreedores”, dijo la constructora en un comunicado. Aún más, tratándose del Perú, un país en el que los activos que le quedan pueden aportar poco a la bolsa global de reestructuración de la deuda.
Para solicitar el arbitraje, el holding ha utilizado a una subsidiaria que, como está domiciliada en Luxemburgo, puede aprovechar el tratado con ese país: Odebrecht Latinvest. Pero, además, se trata de una filial que no ha firmado el acuerdo de colaboración con el Perú –suscrito solo por OEC, OEC del Perú y OPIC– y que, a diferencia de estas, sí está incluida en el proceso de recuperación judicial brasileño.
Así, circunstancias propias y ajenas se alinearon para que Odebrecht presentara la demanda: la devolución del dinero de Chaglla, que eliminó el candado penal; la enorme deuda de la empresa en el Perú y la ausencia de proyectos que pudieran cubrirla; y la creciente presión de los acreedores a nivel internacional por cobrar de la bolsa conjunta. Al Estado peruano, ahora, solo le queda defenderse.
