Carmen Omonte, la cabeza del proyecto de reforma de sistema de pensiones que causa incomodidad en APP

Sucede que dicha comisión especial aprobó el último martes un proyecto de ley que plantea crear un sistema integrado universal de pensiones, el cual será administrado por una autoridad del Estado con autonomía. Pero hasta lograr esta mediante una reforma constitucional, la entidad permanecerá adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros; es decir, al Ejecutivo, en donde se toman, entre otras, decisiones de corte político. De acuerdo a la propuesta, que ha recibido cuestionamientos, los fondos de las AFP y la ONP pasarían a dicho organismo público.

En entrevista con El Comercio, Omonte dio detalles de la propuesta y estimó que la reglamentación de la norma “estará principalmente bajo responsabilidad de este gobierno y el que viene”. Pero cabe señalar que el gobierno que viene bien podría ser, precisamente, uno en donde ella tenga protagonismo, pues actualmente postula a la primera vicepresidencia con APP.

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La incomodidad en APP

Sin embargo, en APP no hay un respaldo claro a la comisión Omonte. En la dirigencia de la organización política hay incomodidad en torno al proyecto de reforma del sistema de pensiones.

Según distintas fuentes consultadas por El Comercio, si bien se entiende que es una comisión multipartidaria, la dirigencia no quiere que se vincule al partido con la propuesta del proyecto, puesto que difiere de lo que se plantea en el plan de gobierno y puede afectar a la campaña. Es por ello que, en los dos últimos días, se ha visto a César Combina, vocero de la bancada, emitir declaraciones públicas señalando que el documento no representa a APP.

“En el plan de gobierno de Alianza para el Progreso, el plan que lleva a la congresista Omonte como candidata a la vicepresidencia, se fortalece el propio sistema, se fortalece al afiliado”, señaló Combina el jueves en declaraciones a Canal N.

Una fuente de la bancada refirió que si bien no se trata de una “crisis” interna y se comprende que Omonte tiene que defender su proyecto, “sí hay distanciamiento, incomodidad”. “No es que sean una o dos voces, dentro de la bancada ha habido una preocupación”, agregó.

Un dirigente apepista manifestó que incluso se ha conversado la posibilidad de reemplazar a Omonte en la presidencia del grupo. Y aunque este ha culminado ya su labor al presentar el proyecto, está pendiente que la iniciativa se difunda entre las bancadas, se presente y sustente ante el pleno.

“Que no involucre a APP, está en su derecho de conformar una comisión, pero [el proyecto] no lo comparte ni la bancada ni el partido”, acotó.

Otro dirigente del partido sostuvo que “es un proyecto que se tiene que mejorar”. En esa línea, los apepistas plantearon que el tema no pase de frente al pleno, sino sea discutido en comisiones, pero coincidieron en que la agrupación no lo apoyará.

“El presidente [del partido] dice que la propuesta que tenemos en nuestro plan de gobierno es para fortalecer el sistema, donde el estado no decida sobre los fondos. A nosotros nos interesa que más gente que tenga pensión, y el estado no es un buen administrador. Esta diferencia, quizás, ella no la ha evaluado muy bien. Pero sí genera un poco de distanciamiento”, sentenció una de las fuentes consultadas.

“Sí hay una diferencia, porque hay un planteamiento del partido de no impulsar ese proyecto conforme está construido o configurado”, dijo otra fuente.

El jueves, al anochecer, César Acuña también se refirió al asunto, coincidiendo en que se necesita mayor discusión. “Una reforma del sistema de pensiones merece un debate profundo alejado del escenario electoral. El anteproyecto de la comisión especializada del actual periodo debe ser visto a partir de julio por la nueva representación. Este periodo debe centrarse en medidas sobre la pandemia”, instó mediante un mensaje en Twitter.

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Omonte defiende su labor

Consultada el jueves por El Comercio respecto de las posturas desde su partido, Carmen Omonte respondió: “Asumo con serenidad las opiniones porque forman parte del debate democrático”.

Resaltó que dependerá de la Junta de Portavoces si la iniciativa es derivada a comisiones o si va de frente al pleno. “Tendremos semanas de socialización con la bancadas hasta que llegue al pleno. No es proyecto de ley de una bancada exclusivamente”, añadió.

Insistió en que la propuesta está acorde a lo que recomiendan organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Nuestra propuesta es sumamente clara, responsable […] Hay bancadas que pueden hacer correcciones, eso escapa a nuestra posibilidad. Nosotros hemos terminado nuestro trabajo”, aseguró la parlamentaria.

Su situación en la bancada

Como se recuerda, Omonte anunció su renuncia a la bancada en noviembre tras la crisis política por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y el breve gobierno de Manuel Merino (Acción Popular), pero se mantiene como parte de la plancha presidencial de APP y militante.

Por entonces, la parlamentaria adujo “razones de conciencia y principios”.

Sin embargo, las fuentes confirmaron que la renuncia no se ha hecho efectiva y que en noviembre se evaluó el reemplazar a la legisladora, pero finalmente se optó por su permanencia para no perjudicar a la comisión multipartidaria y evitar la percepción de “venganza” o “revanchismo” por su renuncia a la bancada.

Actualmente, añaden, ya no participa de las reuniones del grupo parlamentario del partido. En el sitio web del Congreso aún figura como parte de APP.

“De diciembre a la fecha no ha informado ni a la bancada ni al partido. Si hubiera sido así, tal vez el partido le hubiera dicho desde el inicio que esa propuesta requiere un mayor análisis”, expresó finalmente uno de los dirigentes nacionales

Su pasado político y otras polémicas

No es la primera vez que Carmen Omonte, natural de Huánuco y con 51 años, está en medio de la controversia.

En octubre del 2014, cuando era ministra de la Mujer durante el gobierno de Ollanta Humala, fue demandada por su extrabajadora del hogar María Vásquez Rafael, quien reclamó el pago de beneficios sociales, como compensación por tiempo de servicios, vacaciones y gratificación trunca.

Esta sentencia ha sido consignada por la congresista y candidata en su declaración jurada de hoja de vida. El caso llegó a la Comisión de Ética, pero nunca se puso al debate del pleno el informe final que recomendaba suspender treinta días a la legisladora.

En el 2015, un informe de la contraloría halló responsabilidad en su gestión al frente del ministerio de la Mujer en supuestas irregularidades en la compra y pérdida de pañales. En febrero del 2016, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, resolvió que no había lugar a abrir una investigación.

Previamente, en marzo del 2014, días después de que asumiera como ministra, el programa “Panorama” informó que Carmen Omonte era accionista de la concesión minera Cemento Amazónico S.A.C., en Huánuco, a pesar de que la Ley General de Minería lo prohibía.

De acuerdo al reportaje, la concesión fue otorgada en mayo del 2012, 10 meses después de que Omonte iniciara su primera gestión como congresista. Además, se dio cuenta de que presentó tres proyectos de ley relacionados al rubro de la empresa. Ella negó algún tipo de incompatibilidad, sostuvo que solo era accionista minoritaria y que consignó tal condición en sus declaraciones juradas, pero anunció la cesión de su participación en la compañía.

El caso llegó a la Comisión de Ética Parlamentaria, donde se archivó un pedido para que sea investigada.

Pasadas las tormentas de años anteriores, Carmen Omonte busca ahora ser vicepresidenta del país con Alianza para el Progreso. Invitada por este partido, llevó el número 2 —detrás de Omar Chehade— en la lista al Congreso por Lima en las elecciones congresales extraordinarias de enero del 2020. Además, figura como afiliada a APP desde el 29 de setiembre del año pasado.

Anteriormente, militó en Perú Posible (2011-2016), llegó al Congreso en el 2011 con esta agrupación y, en los comicios del 2016, integró la plancha presidencial de Alejandro Toledo, hoy en un proceso de extradición por el Caso Odebrecht. Ese último año tentó sin éxito la reelección legislativa.

En su declaración jurada de hoja de vida, no consigna experiencia laboral entre los años 2016 y 2020, pues luego de registrar su actual función como parlamentaria siguió con su anterior labor como legisladora y ministra de la Mujer. No culminó la carrera de Derecho en la PUCP, pero sí realizó estudios no universitarios de administración y organización en Esan.

Hoy está al frente de una comisión especial encargada de un tema trascendental, y no parece recibir el espaldarazo del partido que ahora la alberga.

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