“El Gobierno ha usado el único mecanismo de control político que tiene el Ejecutivo contra el Legislativo, pero lo ha hecho fuera del marco legal y constitucional”, sostiene Erick Urbina, abogado constitucionalista. Sin embargo, a su juicio, la interpretación que ha hecho el gobierno de Pedro Castillo es “ilegal y no puede prosperar”.
—No solo es una lectura equivocada, sino que además está fuera de las reglas.
Totalmente fuera del marco legal y constitucional, ya que el reglamento del Congreso estipula que solo se interpreta el rechazo o aprobación en el pleno. Lo mismo dice la Ley 31355, que ha sido validada por el Tribunal Constitucional. Puede ser el presidente de la República denunciado constitucionalmente por ello.
—¿Interpretar que eso cae en una infracción constitucional es también una figura forzada, esta vez por parte del Congreso?
Es perfectamente factible hablar de una infracción constitucional, porque tanto el presidente como los funcionarios tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, empezando por la Constitución. Y aquí hay una ley clarísima que ellos están pasando por alto, la están infringiendo.
—¿La acusación alcanzaría a los ministros?
Sí, porque son funcionarios. Si un ministro de Estado, quien es además el que va a refrendar los actos del presidente, considera que el mandatario está actuando fuera del marco legal y constitucional, debe renunciar al cargo porque, si no, es corresponsable.
—¿Podría darse el caso de que denuncien constitucionalmente al presidente y sus ministros, y al mismo tiempo tengan que evaluar dar el voto de confianza al Gabinete Betssy Chávez?
Aunque van por caminos distintos, el Congreso perfectamente podría, por un lado, darle la confianza a la señora Chávez y, por otro lado, denunciarla constitucionalmente. Igual, este Congreso ha censurado a la señora Betssy Chávez, entonces tampoco sería coherente que, después de haberla censurado, ahora que además tiene una investigación en sede fiscal, le den la confianza. Sería una incoherencia, pero en el marco legal podría perfectamente correr de esa manera.
—¿Por qué es distinto a lo que en su momento hizo Martín Vizcarra cuando cerró el Congreso?
A diferencia de lo que pasó con el señor Vizcarra, ahora tenemos la Ley 31355. Ese vacío normativo fue utilizado por el expresidente Martín Vizcarra, quien además contaba con un respaldo popular. Hizo una interpretación arbitraria, tuvo el respaldo del pueblo y de las Fuerzas Armadas, y producto de ello disolvió el Parlamento.
—El congresista Williams ha dicho que el Parlamento usará “herramientas constitucionales” para defender su fuero. ¿Solo quedaba ir al Tribunal Constitucional?
Interponer una acción competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Ejecutivo es correcto. Lo otro sería avanzar más en el camino de la confrontación. El Congreso ha acudido a un tercero para que este le diga al Ejecutivo, a partir de una medida cautelar, que no interprete como una negativa a la cuestión de confianza hasta que lo resuelva el mismo tribunal. Por lo tanto, no la podría computar para un futuro escenario de disolución del Parlamento.
—¿El presidente podría desacatar una resolución del tribunal?
No podría ni debería, porque esto lleva nuevamente a un escenario de infracción constitucional directa del presidente de la República y todos los ministros que lo respalden.
—Teniendo en cuenta los antecedentes, ¿estamos ya en una situación límite?
El Perú siempre es un país de pronóstico reservado. El presidente Castillo había sido muy cauto en no tocar al Congreso, pero ahora se está acudiendo a algunos mecanismos para disolverlo. Esta sí es una amenaza real, y el Congreso debe defender sus fueros. No creo que ellos quieran ser disueltos, como pasó con el Congreso anterior. Creo que este Parlamento va a terminar reaccionando. En la situación actual, o se disuelve el Parlamento o vacan, destituyen o suspenden al presidente, y creo que el Congreso va a terminar apuntando a ello.
—Usted ha hablado de la necesidad de actualizar el famoso artículo 117 de la Constitución. ¿Este es el momento?
Necesitamos una comisión revisora de las bases de la Constitución, específicamente en materia de relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo. Creo que hay que actualizar el artículo 117, es anacrónico. No hay un país democrático en el mundo que tenga ese nivel de protección, ni siquiera las monarquías. Llama la atención que este Parlamento no quiera discutir ello.