"Sin libertad de información, la democracia no está realmente garantizada"

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, consideró que la sentencia que declara inconstitucional la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados "no solo es importante para el sistema democrático, sino para el Estado constitucional".

"El tema de fondo y central es el derecho a la información, y hemos considerado que este es un derecho que hace al núcleo mismo del Estado constitucional. [...] Y en el Estado democrático hay que garantizar que el pueblo tenga acceso amplio, libre y completo a la información, sobre todo que el Estado produce y brinda, porque eso garantiza el derecho a la participación ciudadana y garantiza el ejercicio de los derechos políticos. Además, garantiza la posibilidad de que el pueblo se entere lo que hace el Estado, cómo es el manejo de la cosa pública y pueda fiscalizar a la autoridad", afirmó Blume a Canal N luego de que el TC publicara la sentencia completa en su página web.

"Hay que entender que si no hay libertad de información y libre acceso a la información, la democracia no está realmente garantizada. Y si vemos otros regímenes, y comparamos con la situación de otros países, observamos y comprobamos que los regímenes dictatoriales tratan de concentrar y limitar la información, y esto evidentemente no es conveniente. Y el Estado no tiene por qué autolimitarse en la posibilidad de llegar a la población a través de los medios privados, máxime si en realidad el Estado en sí, a través de sus medios propios, no tiene la posibilidad de una cobertura total a la ciudadanía", comentó en otro momento el titular del TC.

Blume también indicó que en la sentencia del Tribunal Constitucional –de 254 fundamentos– han establecido ciertos parámetros. "Por ejemplo, la publicidad estatal debe ser institucional. No puede utilizarse la publicidad estatal para promover a un partido político, para promover a un candidato, directamente o subliminalmente. [...] Deben ver con temas que competen a toda la ciudadanía", señaló.

"Además, que la contraloría debería tener un ojo especial y un celo específico en este tema. Porque debemos procurar que esa regulación reduzca al máximo la arbitrariedad en el gasto de publicidad estatal y además haya una fiscalización pública; es decir, todos los ciudadanos tenemos todo el derecho de decir, bueno, en qué se está gastando y por qué se está gastando en tales o cuales medios", agregó.

En su sentencia, el TC considera que la ley de medios –aprobada por insistencia por el Congreso en junio– vulnera los derechos a la libertad de información, a la legalidad penal y a la libertad de contratar con fines lícitos, y vulnera la regulación constitucional de los decretos de urgencia.