El estudio de abogados Oré Guardia se pronunció miércoles sobre el allanamiento encabezado ayer por el fiscal José Domingo Pérez, con autorización del juez Richard Concepción Carhuancho, en el marco de las investigación contra Keiko Fujimori y otras personas vinculadas a Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) por presunto lavado de activos.
Como se recuerda, la diligencia fue requerida por el fiscal ante indicios que señalan que el abogado Edward García Navarro, miembro de dicho estudio, habría realizado —según la resolución— “actos encaminados a obstaculizar la actividad probatoria, debido a que habría contratado abogados para los falsos aportantes, a efectos de tener el control de los mismos en el sentido que declaren lo que previamente habían convenido [reconociendo aportes que nunca habrían realizado] y controlar que no cambien de versión”.
Esto, de acuerdo al auto de allanamiento, justifica la afectación al secreto profesional, pues el abogado habría ido más allá del ejercicio regular e ingresado al terreno de lo ilícito.
Sin embargo, a través de un comunicado, el estudio Oré Guardia consideró que la medida “resulta desproporcionada e inconstitucional, ya que vulnera de manera palmaria el derecho al secreto profesional prescrito en el artículo 2, inciso 18 de nuestra Constitución”.
Asimismo, resaltó que se facilitó al Ministerio Público el ingreso y revisión de las instalaciones y de la documentación contable. Recordó además que el estudio estuvo a cargo de la defensa penal del partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori hasta diciembre del 2017.
“No es práctica del Estudio Oré Guardia inducir a testigos para que declaren falsamente. Por tanto, negamos rotundamente que en la documentación contable se haya allanado información que corrobore dicha afirmación”, indica también el comunicado.
El pronunciamiento refiere también que “no se ha encontrado ninguna información ni documentación vinculada al objeto de la medida de allanamiento”. Sin embargo, cabe señalar que el fiscal José Domingo Pérez manifestó ayer por la tarde que se encontró documentación de Fuerza Popular y contratos con el estudio.
“Incluso se ha hallado documentación [que demostraría] que el coinvestigado Vicente Silva Checa [con prisión preventiva] ha sido contratado por este estudio con pagos de US$10 mil durante varios meses este año”, dijo el fiscal.