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El exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, fue interrogado el martes último en la sede de la Procuraduría General de Sao Paulo por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato. Durante la diligencia, que duró 12 horas, reveló a quiénes pertenecen los ‘codinomes’ que aparecen como destinatarios de los pagos que la empresa hizo por 14 obras, entre ellas el Gasoducto del Sur.
Según fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio, Barata indicó que el abogado Luis Pizarro Aranguren, fallecido en agosto de 2017, recibió US$1,3 millón a cambio de realizar servicios de lobista jurídico para la constructora brasileña en el proyecto del Gasoducto del Sur, valorizado en US$7.000 millones.
El estudio de Pizarro había sido contratado por la empresa y la asesoró en el proceso de concesión del gasoducto.
Sin embargo, el abogado realizó actos de lobby a espaldas de este, de acuerdo con el testimonio de Barata.
El exrepresentante de Odebrecht también contó, según las mismas fuentes, que Pizarro le sugirió a la constructora contratar a Ana Reátegui, actual directora de Programas de Desarrollo Gerencial de ESAN. ¿La razón? Ella habría tenido llegada en Proinversión, entidad que tenía a su cargo definir a la empresa ganadora de la millonaria obra.
Barata refirió que Proinversión estaba llena de gente de ESAN, razón por la cual Pizarro pidió sumar a Reátegui.
Por ello, la constructora asignó al letrado, además de ‘Disco’, el ‘codinome’ ‘Princesa’.
—Descargos—
El Comercio se comunicó con Reátegui, quien aceptó haber conocido a Pizarro, pero en el marco de un servicio que ella —en la parte de estructuración financiera— y el estudio del fenecido abogado —en el aspecto jurídico— brindaron a una empresa del rubro de telecomunicaciones.
En ese sentido, descartó haber brindado alguna asesoría relacionada a Odebrecht o al gasoducto.
“No he dado ninguna consultoría a Odebrecht, eso lo descarto. No he tenido ninguna relación por el gasoducto con él. Yo he trabajado con el estudio Pizarro para dar un servicio a otra empresa. No sé qué actividades habrá hecho el señor Pizarro”, manifestó.
Asimismo, no descartó que su nombre haya sido sugerido, pues tiene una especialidad en estructuración financiera de proyectos, mas acotó que no es especialista en el rubro de gas. “Es posible que me hayan recomendado para trabajar ese tema. Pero de ahí a dar un servicio en particular y que haya sido remunerado con esas cifras es desproporcionado y absurdo”, sentenció.
Pizarro fue socio de Pizarro, Botto & Escobar abogados, firma que luego se asoció a la multinacional DLA Piper.
A través de un comunicado, DLA Piper Perú manifestó que los servicios brindados por la compañía son y han sido siempre legales, así como debidamente registrados y facturados. Sin embargo, lamentaron que Luis Pizarro "haya recibido pagos por servicios no transparentes vinculados al Gasoducto Sur Peruano".
"Los servicios fueron prestados por Luis Pizarro a título personal y sin participación ni conocimiento de DLA Piper Perú, como ha confirmado la propia Odebrecht. No participamos ni nos beneficiamos de esos pagos. DLA Piper Perú se rige por estrictos estándares de cumplimiento y transparencia, y la conducta de Luis Pizarro contravino nuestras normas internas", señala el pronunciamiento.
DLA Piper Perú señaló, por último, estar a disposición de las autoridades para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
—La concesión del gasoducto—
ProInversión implementó una licitación para reactivar el proyecto del gasoducto y, el 30 de junio del 2014, el consorcio Gasoducto Sur Peruano (integrado por Odebrecht y Enagás) ganó la buena pro con una oferta económica de US$ 7.328 millones, monto que estuvo por debajo de los US$7.800 millones establecidos en la base del concurso.
En setiembre de 2015, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el concurso del proyecto que habrían favorecido al consorcio ganador. En la investigación del equipo especial se señala que el Comité de Proseguridad Energética, a cargo del proceso de licitación, habría descalificado indebidamente al consorcio competidor valiéndose de informes jurídicos de los estudios de abogados Echecopar y Delmar Ugarte.
La fiscalía también sostiene que el gobierno de Ollanta Humala habría favorecido a Odebrecht, empresa que según colaboradores eficaces y ex directivos de la constructora aportó dinero a la campaña electoral del Partido Nacionalista en el 2011. Humala promulgó la Ley 29972, que otorgó garantías al consorcio del proyecto, lo que le permitiría conseguir financiamiento correspondiente. Algo que no tuvo la concesionaria Kuntur en su momento.
El dato
Pizarro Aranguren fue dirigente del club de fútbol Alianza Lima, también vicepresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y profesor universitario.
