Abogados habrían direccionado declaración de falsos aportantes, según fiscalía

El fiscal José Domingo Pérez encabezó ayer el allanamiento al estudio Oré Guardia, en San Borja, al que pertenece el abogado Edward García Navarro, quien fue abogado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

La diligencia fue autorizada por el juez Richard Concepción Carhuancho por un plazo de 48 horas dentro de la investigación fiscal sobre la presunta organización criminal constituida en Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), que habría recibido aportes ilícitos de la empresa Odebrecht.

De acuerdo a la resolución a la que accedió El Comercio, García Navarro “habría realizado actos encaminados a obstaculizar la actividad probatoria, debido a que habría contratado abogados para los falsos aportantes, a efectos de tener el control de los mismos en el sentido que declaren lo que previamente habían convenido [reconociendo aportes que nunca habrían realizado] y controlar que no cambien de versión”.

Esto, según la decisión, justifica la afectación al secreto profesional, pues el abogado habría ido más allá del ejercicio regular e ingresado al terreno de lo ilícito.

Entre otros elementos, el documento toma en cuenta declaraciones, como las del testigo protegido 2017-55-10 y el colaborador eficaz 2017-55-8. El primero incluso sindica a Giulliana Loza, actual abogada de Keiko Fujimori, como otra persona que también ayudó a contactar a falsos aportantes con abogados. El segundo refirió que Jorge Yoshiyama Sasaki —también investigado y actualmente con impedimento de salida del país— asumió "absolutamente todos los pagos de honorarios a los abogados para las diligencias tanto a nivel policial, como a nivel de fiscalía, respecto a mi persona como a mi familia" y agrega que el sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka "fue quien se encargó de asignar dichos abogados".

En diálogo con este Diario, García Navarro rechazó haber inducido a falsas declaraciones y aseveró que solo recomendó abogados. “No obstante lo cuestionable que resulta por la invasión al secreto profesional, se le ha brindado toda la información para que adviertan que no hay nada irregular. No hemos comprado testigos”, aseguró.

Por su parte, Loza comentó que se trataba de una “infamia”.El fiscal Pérez evitó señalar a otros abogados involucrados, pero informó a la prensa: “Tenemos una relación de personas profesionales del derecho que asistieron indebidamente a algunos testigos e investigados para que den una información falsa en el desarrollo de la investigación”.

La resolución judicial que permite el allanamiento se refiere también a lo señalado por Pérez:

El fiscal José Domingo Pérez precisó también que solo se revisó documentos contables y administrativos, no otros relacionados al ejercicio de los abogados o que impliquen el secreto profesional.

—Posiciones—
Para el penalista Enrique Ghersi, la medida es “excesiva, intimidatoria e inconstitucional”, pues consideró que la fiscalía tiene otras vías para investigar que no supongan “la violación del derecho de defensa ni del secreto profesional”.

“Podrían levantar el secreto tributario y pedirle información a la Sunat, no tiene que allanarse un estudio de abogados para pedir información contable o financiera”, sostuvo.

Andrés Calderón, director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, señaló que, si bien se mantiene la regla de que no debería allanarse la oficina de un abogado porque podría vulnerarse el derecho a la defensa y el secreto profesional de cualquiera de sus clientes, este caso no tiene que ver con que García Navarro haya sido defensor de Fujimori o algún otro investigado, sino con acciones propias que serían delictivas.

Aunque calificó la medida de “extrema”, Calderón insistió en que se debería evitar cometer excesos en cuanto a la información por recabar. “Toda esa información que tiene que ver con el patrocinio legal de un abogado no debería incorporarse al procedimiento”, manifestó.

PRIMEROS HALLAZGOS

Según dijo el fiscal Pérez ayer por la tarde a la prensa, se encontró documentación de Fuerza Popular y contratos con el estudio.

“Incluso se ha hallado documentación [que demostraría] que el coinvestigado Vicente Silva Checa [con prisión preventiva] ha sido contratado por este estudio con pagos de US$10 mil durante varios meses este año”, dijo.

La orden de allanamiento también permitió revisar ingresos y egresos y planillas pertinentes a la investigación.