Este viernes 11 de setiembre la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará si admite o no a trámite el recurso de casación que interpuso el partido político Fuerza Popular (FP), con la finalidad de apartar al juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday, de la investigación que se le sigue por los presuntos aporte ilícitos de la empresa Odebrecht.
En la audiencia, de carácter reservado, se analizará si el recurso cumple con los requisitos para, posteriormente; analizar el fondo del pedido en sesión pública.
Según pudo confirmar El Comercio, la sala suprema programó esta diligencia para las 9:30 de la mañana. El tribunal está presidido por el juez supremo César San Martín, y los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro, Jorge Carlos Castañeda, Iván Alberto Sequeiros Vargas y Erazmo Armando Coaguila Chávez.
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El recurso fue interpuesto luego que la recusación contra el magistrado Zúñiga Urday fuera rechazada en primera y segunda instancia en la Sala Penal Nacional.
Según la defensa de Fuerza Popular, el magistrado habría violado el principio de imparcialidad puesto que en una de sus resoluciones en el proceso de investigación preparatoria afirmó que el partido político Fuerza 2011 -ahora FP- ocultó dinero “ilícito”.
Además, el mencionado juez desestimó la aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nulas las resoluciones que ordenaron la prisión preventiva de su lideresa Keiko Fujimori.
Finalmente, cuestionó a Zúñiga por estarse tramitando una denuncia penal por presunta falsedad genérica y una queja interpuesta en la Oficina de Control de la Magistratura en su contra.
Cabe precisar que, en segunda instancia, dichos argumentos fueron desestimados por la Segunda Sala de Apelaciones para casos de Crimen Organizado, al considerar que el magistrado había actuado respaldado por la normativa legal y que las denuncias en su contra no formaban convicción.
En octubre del 2019, el partido político Fuerza Popular fue incluida como persona jurídica investigada en octubre del 2019, dentro del proceso que se sigue por la presunta recepción de US$1 millón en aportes ilícitos par la campaña electoral de la lideresa Keiko Fujimori, en el 2011 y 2016.
Según la tesis fiscal, la agrupación política habría sido instrumentalizada por una organización criminal que lideraría Fujimori Higuchi y otros, quienes ingresaron el dinero a través de los “cócteles” y falsos aportantes.