Aníbal Torres también indicó que el Poder Ejecutivo actuará “al amparo de la ley” y que no se toma en cuenta lo que digan los abogados del exmandatario. (Foto: El Comercio)
Aníbal Torres también indicó que el Poder Ejecutivo actuará “al amparo de la ley” y que no se toma en cuenta lo que digan los abogados del exmandatario. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, , afirmó que el Gobierno aún evalúa el traslado del expresidente (1990-2000) del penal Barbadillo de Ate a una cárcel común.

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En declaraciones a ATV Noticias, indicó que el Poder Ejecutivo actuará “al amparo de la ley” y que no se toma en cuenta lo que digan los abogados del exmandatario, quien cumple una condena por violaciones a los derechos humanos.

“El señor Fujimori tiene una sentencia por delitos gravísimos, de lesa humanidad y todos los que han sido sentenciados tienen que cumplir su sentencia en igualdad de condiciones con los demás condenados”, acotó.

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“Se está evaluando (su traslado del penal Barbadillo), no vayan a tener la idea de porque los abogados del señor dicen que eso no se puede hacer o que hay cierta amenaza, uno ya tiene miedo. No, no. Nosotros actuamos al amparo de la ley”, expresó.

Cabe indicar que el pasado 31 de agosto el Poder Judicial rechazó el pedido que hizo la defensa de Alberto Fujimori para que se pronuncie e informe al Gobierno que el reo no puede cumplir su condena de cárcel en un penal diferente al de Barbadillo.

Gobierno aún evalúa traslado de Alberto Fujimori del penal Barbadillo
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, afirmó que el Gobierno aún evalúa el traslado del expresidente Alberto Fujimori del penal Barbadillo de Ate a una cárcel común.

De otro lado, Torres consideró que el Congreso de la República “ha sido inducido al error” con el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución que interpreta la cuestión de confianza porque no tiene facultad para interpretar la Carta Magna.

“Respecto al dictamen de interpretación de la cuestión de confianza, ahí se ha actuado por ignorancia. El Congreso ha sido inducido al error. No tiene facultad para interpretar auténticamente la Constitución, solo para modificarla utilizando el artículo 206”, acotó.

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“Quieren suprimir la cuestión de confianza y a su vez mantener la vacancia de la presidencia por la supuesta conducta inmoral o cesar a los miembros del gabinete uno por uno. Son derechos del Congreso, pero la cuestión de confianza es un derecho del Ejecutivo”, agregó.

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