Contraloría inicia nueva etapa en acción de control a las “actividades no registradas” del presidente Pedro Castillo

Ante evidencias de presunta irregularidad en relación a las actividades no registradas del presidente Pedro Castillo en un inmueble en el distrito de Breña, la Contraloría ha iniciado un “servicio de control específico”, una nueva etapa en sus acciones en la que intervendrán dos auditores especializados para detectar posibles infracciones administrativas e incluso delitos, según información a la que accedió El Comercio.

Con ese fin, la jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) del Despacho Presidencial, Aida Celiz, envió un oficio al secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, el viernes último. “Agradeceré brindar las facilidades del caso, para la realización del servicio mencionado”, se indica en el documento.

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Cabe anotar que la medida incluye las actividades del entonces secretario general Bruno Pacheco “no registradas en la agenda oficial del Despacho Presidencial”.

En tal sentido, la Contraloría designó al supervisor y al jefe de la Comisión de Control, Víctor Huamaní y Julio Zapata, respectivamente, para hacer la referida auditoría en la sede de la Presidencia de la República.

La acción de “control específico a hechos con evidencia de presunta irregularidad” es una modalidad de control posterior que se inicia cuando hay evidencias de supuestos actos indebidos, que fueron advertidas durante un servicio de control o por otras fuentes de información, explicaron las fuentes a este Diario.

En este caso, fue a partir de dos “orientaciones de oficio”, emitidas por la Contraloría el 2 de agosto y 30 de noviembre. En el primer informe, se reveló el incumplimiento del registro de visitas y agenda oficial del presidente Castillo y de su secretario general, quienes ejercían funciones fuera de Palacio de Gobierno.

Y en el segundo reporte del órgano de control, se volvió a alertar que el mandatario ejercería funciones fuera del domicilio legal, situación que “afecta la transparencia del ejercicio de la gestión pública”.

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“Los hechos advertidos vía orientación de oficio señalan el reiterado incumplimiento de las normas que comprometen a toda autoridad, funcionario y servidor público a registrar y publicar el detalle de las reuniones y gestiones que sostengan en el ejercicio de su función”, anotaron las fuentes.

Se añadió que la finalidad de estas acciones de control es “garantizar el respeto y la transparencia del ejercicio de la función pública”.

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