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Dos meses después de anunciarlo, el Gobierno presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para pedirle que interprete la aplicación del artículo 117 de la Constitución y cuestionando la manera cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial han permitido investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte.
La demanda fue presentada por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, el 25 de julio, en representación del Ejecutivo y tras la aprobación en Consejo de Ministros el 17 de mayo para que se plantee este recurso ante el TC.
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El documento señala que la figura de la presidencia de la República es el cargo más importante de la Nación y que el Perú cuenta con un régimen presidencial atenuado, algo que “no puede ser alterado a través de interpretaciones constitucionales”.
Sin embargo, el Gobierno advierte que se ha debilitado institucionalmente al Poder Ejecutivo y al régimen político previsto en la Constitución con diversas decisiones tomadas desde el 2016 en adelante, como las restricciones a la figura de la cuestión de confianza, el uso de la vacancia presidencial como herramienta de control político y la posibilidad de disolver el Congreso para convocar al pueblo para dirimir discrepancias políticas.
Como uno de los puntos que ha debilitado la figura del Ejecutivo, la demanda señala que se encuentra la interpretación del artículo 117 de la Constitución desde que comenzaron investigaciones contra Pedro Castillo en el 2022. Esto es considerado como un cambio en la posición que tuvo el Ministerio Público contra otros presidentes y que luego fue respaldado por el Poder Judicial.
El Gobierno pide al TC que se pronuncie contra investigaciones como el caso Rolex y otras.
“A partir del año 2022, diversas instituciones vinculadas con el sistema de administración de justicia han venido interpretando el artículo 117 de la Constitución a fin de señalar que el presidente de la República puede ser investigado durante su periodo por cualquier delito, sin que el mencionado artículo constitucional sea un límite para ello. Esta interpretación ha sido realizada por el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del estado, sin que exista a la fecha una posición del Tribunal Constitucional al respecto”, asevera el Ejecutivo.
La posibilidad de investigar a Pedro Castillo con el aval del Poder Judicial y la consecuente presentación de una denuncia constitucional contra el expresidente el 11 de octubre del 2022 permitió establecer que el artículo 117 solo impide formalizar una investigación preparatoria y que se instaure un proceso penal.
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Esto, para el Gobierno de Dina Boluarte, es una actuación que afecta “la competencia del presidente de la República para dirigir la política general del Gobierno”.
Como ejemplo de estos hechos que afectan la labor de la jefa de Estado, la demanda menciona los siguientes casos:
- Diligencias preliminares contra Dina Boluarte y Walter Ortiz Acosta por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad,
- Diligencias contra Dina Boluarte y diversos ministros por presunto genocidio, homicidio calificado y otros delitos por muertes en las protestas de diciembre del 2022 hasta marzo del 2023.
- Las investigaciones contra Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y como presidenta por presunto enriquecimiento ilícito, por el caso Rolex, lo que incluyó el allanamiento de su domicilio y la incautación de relojes y otros artículo de lujo.
El Gobierno pide al TC que admita la demanda competencial y procesa conforme a lo dispuesto en el Nuevo Código Procesal Constitucional.
El artículo 117 de la Constitución que el gobierno de Dina Boluarte pide sea interpretado por el TC señala que el presidente solo puede ser “acusado, durante su periodo, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Abogado de Dina Boluarte se pronuncia
Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, precisó que si bien esta demanda competencial es del Ejecutivo y no del equipo de defensa legal de la presidenta, se convierte en un escenario más a nivel constitucional junto al hábeas corpus que presentarán en los próximos días a través de Domingo García Belaunde y Ernesto Blume, así como una acción de amparo por la investigación por las muertes en las protestas.
“No es tan cierto que esté pidiendo las anulaciones de las investigaciones”, aseguró en declaraciones a Canal N. Según Campos, lo que busca el Gobierno es que el TC señale cómo deben proceder respetando la Carta Magna.
“Los efectos de esta interpretación que está solicitando el procurador, que para mí incluso va a tener que ser precisado en el debate es precisamente decir [...] Ya, la investigación preliminar va, pero tiene que ser conforme a lo que dice el 117 de la Constitución”, acotó.
