La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó a través de un escrito a la fiscalía de Huamanga que investiga la agresión en su contra que archive el caso ya que ella, como agraviada, no impulsará el procedimiento.
“Comparto mi aflicción por la ausencia de respuestas y de justicia de los familiares de las personas que fallecieron o fueron lesionadas en aquel contexto descrito; sin que ello justifique conductas contrarias al estado de Derecho. Es fundamental tener en este reprochable hecho la oportunidad para la reflexión, la conciliación y la pacificación. Por lo tanto, en calidad de agraviada de esta investigación anuncio que no impulsaré la misma y exhorto al cierre de la investigación si la autoridad lo considera pertinente”, indicó en un documento.
Esta carta fue remitida al Cuarto Despacho de la Quinta Fiscalía Provincial penal de huamanga, a cargo de Brechman Muñoz Lapa.
Ahí, Boluarte dice lamentar lo ocurrido en el contexto de los deudos de las víctimas mortales de las protestas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, además de indicar que no se llevó a cabo una “investigación rigurosa y completa” que determine a quienes provocaron los hechos de violencia, o si es que hubo un uso de la fuerza pública legítimo o desproporcionado.
Al no haber logrado esto, la mandataria reconoce que hay una sensación de impunidad y de zozobra.
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El Ministerio Público había dispuesto el 20 de enero abrir una investigación preliminar contra Ruth Bárcena Loayza y quienes resulten responsables de la agresión que sufrió Dina Boluarte el último sábado en una actividad oficial en Ayacucho.
Bárcena acudió a declarar a la fiscalía tras la apertura de las indagaciones en su contra. Asimismo, la fiscalía había dispuesto como diligencia tomar la declaración de Dina Boluarte como agraviada del hecho.
Joseph Campos, abogado de la presidenta, dijo en RPP que la decisión de su defendida debería servir como un paso hacia la “reconciliación” tras cuestionar la actuación de la fiscalía en lo que corresponde a la investigación contra Boluarte por las muertes. Según expresó, este proceso es el que ha servido para mostrar a la mandataria como responsable ante los deudos.
“Es una irresponsabilidad brutal porque ha soportado narrativas de todo tipo que finalmente han terminado con esta situación que sirve de soporte para presentar a la presidenta de la República como una eventual victimaria del deudo de esta señora. Nosotros lamentamos y este paso lo veo como un paso a la reconciliación, a la idea de que la presidenta de la República, que no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos, que entienda que es presidenta de ella (la agresora) y de todos los peruanos”, señaló este jueves.