![Mineros ilegales en Pataz llevan una vida de lujos](https://elcomercio.pe/resizer/v2/LOP2TGLX4FFYHPEIH373XPHDHI.jpeg?auth=65e89f52a300b3010e39a2d67b2b183a270d47aeb6cdcf4352864ea925f5e3c6&width=85&height=85&quality=75&smart=true)
Fue defensor interino por muchas temporadas. Pero una vez que dejó la institución en manos de Walter Gutiérrez, le ha tocado ser presidente firme de la Comisión Presidencial de Integridad (CPI), encargada por el Poder Ejecutivo para hacer recomendaciones en materia anticorrupción. Justo luego de haber entregado un informe en el que propuso 100 medidas llegó el megaescándalo Odebrecht. Eduardo Vega no solo lo ve como un golpe al plexo nacional, sino como una gran oportunidad para adoptar el paquete íntegro.
—La población ya no quiere comisiones ni discursos, quiere acción.
Queda claro que hay mucha desconfianza y malestar frente a quienes dirigen el país. En el Acuerdo Nacional (AN) ha estado el presidente, la presidenta del Congreso, el fiscal y el primer consenso ha sido: queremos dar señales concretas.
—Déjeme ser aguafiestas. El AN es ‘comisionitis’ cumbre. ¿Cómo contar con acciones visibles?
Con liderazgo. No hay forma de dar señales de lucha contra la corrupción, sino son las principales autoridades las que se encargan de tomar la iniciativa.
—¿Ha visto ese liderazgo?
Lo que he visto es un serio compromiso promovido por la situación que nos ha explotado en la cara.
—La CPI ha recomendado 100 medidas. ¿Puede mencionar 3 traducibles en rápidas acciones?
En el sistema de contrataciones del Estado, una reforma profunda para que Odebrecht no se aproveche. Segundo, que el sistema de justicia evite la impunidad. Y tercero, que el sistema electoral evite que dineros ilícitos entren a campañas y organizaciones políticas.
—Es cierto que Odebrecht estuvo en la campaña de Humala, pero la corrupción trasciende gobiernos.
Estamos frente al caso más grande de corrupción en América Latina, quizá del mundo. En el caso peruano yo diría que esto es similar a lo que ocurrió con Montesinos en los 90 y ese es el reto que tiene nuestro sistema judicial. Si no recibe los recursos y el apoyo, no lo va a poder procesar. Odebrecht se había organizado de tal manera que tenía departamentos concebidos para pagar los sobornos.
—Y han diseñado instituciones como esas famosas adendas.
Hemos hecho propuestas puntuales para eso: que los precios referenciales en las licitaciones sean públicos. Normalmente son secretos. Ahí viene la corrupción del que los filtra.
—¿Cuál es la lógica en licitar por 100 y hacer adendas hasta llegar a 200 o 300? ¿Por qué no licitar por más y hacer menos adendas?
La lógica de la corrupción es hacer mal adrede el proyecto inicial para luego decir que como estuvo mal diseñado hay necesidad de los famosos adicionales. El tema es que se hace barato para que lo barato salga caro.
—Hay algo anterior a las adendas que me deja perplejo. Las obras surgen sin estar planificadas.
Yo diría que es el problema de origen. No nos hemos puesto de acuerdo los peruanos en aquellas grandes obras de infraestructura que necesitamos para los próximos 20 años.
—Y la corrupción hace lo suyo para que no se planifique.
Y malentendidas competencias funcionales. Hemos avanzado mucho en descentralización, pero no puede haber compartimentos estancos, no es posible que en Chiclayo el alcalde provincial haga obras de agua sin ninguna conexión con los distritos aledaños ni con una planta de tratamiento.
—Volviendo a la transparencia, veo que recomiendan unificar la información judicial, fiscal y del TC. ¿Por qué todavía tenemos ese pudor?
La cultura del secreto está muy asentada. En el sistema de justicia eso se exacerba. Hay una parte de la investigación reservada para evitar que se pueda dañar, pero cuando el proceso avanza debe ser lo más transparente posible. Recomendamos que las sentencias de todos los jueces se publiquen en la página web del PJ.
—Es increíble que eso no suceda ya. Voy más allá: ¿por qué no publicar quiénes son investigados?
En la etapa preparatoria el fiscal está decidiendo a quién va a investigar y lo prudente es la reserva. Pero una vez que se inicia el proceso, eso debe ser de conocimiento público. [Sobre el caso de Odrebecht] el fiscal nos ha manifestado su prudencia porque está alistando su estrategia, sus medios probatorios.
—¿El fiscal debe hacer lo posible para que los nombres de los funcionarios corruptos se conozcan ya?
Hay que hacer un esfuerzo. La empresa lo ha reconocido, hay que acelerar todo. Ahora lo importante es que la estrategia esté bien afinada. Lo primero es la recuperación del dinero.
—¿Suponen que el patrón de este caso está generalizado?
Lamentablemente. Precios secretos que son conocidos, postor único, concertación para evitar que se caiga la licitación, adendas. En grandes y pequeños.
—Solo que mientras Odebrecht lo hace con ‘offshores’...
Otras son empresas cascarón y el Estado Peruano no ha tenido capacidad de verificarlo.
—Y un funcionario les pasó el dato de que venía una licitación.
Así es. Y tenemos un sistema con brechas que permiten que se filtre este tipo de empresas.
—Pero eso lo sabíamos ya, ¿qué impide luchar contra la corrupción, si no es la corrupción misma?
Yo diría que es la corrupción misma, la inacción, creer que así es el sistema y un poquito de corrupción puede tolerarse. El jefe mira otras cosas, sus grandes obras, no el día a día donde se cuela la corrupción.
—Pero lo de Odebrecht es tal mazazo, que obliga a recapacitar.
Hay que aprovechar este momento. Y lo digo porque hay obras que requieren ser revisadas. Lo del gasoducto del sur, lo digo a título personal, debe ser revisado, así como el metro de Lima o la Refinería La Pampilla. Nosotros recibimos [en la CPI] testimonios de que estas tres megaobras están por lo menos sobrevaloradas.
—Un buen punto interesante en las recomendaciones es la gestión de intereses. ¿No sirve la ley?
Es una ley que alentó poco a que los lobbistas que se dedican de manera profesional fueran a inscribirse. Ahora proponemos un nuevo esquema que permita que la responsabilidad esté compartida entre el lobbista y el funcionario que lo recibe.
—Otra vez, la transparencia.
Y con un agregado, que hay que poner énfasis en las profesiones que se dedican a estas actividades. Hablo de los abogados que litigan pero también hacen gestión de intereses.
—Y agrego a periodistas. A propósito de abogados, ¿por qué el Estado ha perdido varios arbitrajes?
Son los arbitrajes ad hoc. Se pierden porque es una cadena que te lleva a perder si está diseñado mal el proyecto, tienes que hacer adendas y para aprobarlas el funcionario le dice a la empresa que haga un arbitraje.
—Christine Lagarde ha sido sancionada por autorizar un arbitraje que afectó al Estado Francés. ¿Un funcionario puede ir preso por eso?
Podría y la recomendación es rediseñar el sistema de arbitraje. Si hay recursos del Estado en un arbitraje necesitamos saber cómo se está llevando a cabo.
—No quiero acabar sin hablar de la defensoría. ¿Qué pasa ahí? ¿Se le fue de las manos a Walter Gutiérrez y a usted lo extrañan mucho?
Me tocó entregar el cargo al Dr. Gutiérrez y le dije: “La dejo en buenas manos”. Luego han venido estos incidentes y me pronuncié en la última etapa, cuando a 14 trabajadores que protestaron se les iba a resolver sus contratos. Era una situación ‘poco defensorial’. Entiendo que han retrocedido en la medida.
—¿Qué hará la CPI para vigilar que sus medidas se concreten?
La ministra de Justicia [Marisol Pérez Tello] va a hacer anuncios oficiales sobre las recomendaciones al gobierno.
—Se viene un duro golpe a la estabilidad política. ¿Luego habrá una purificación de la política y la tecnocracia?
Es la gran oportunidad. Lleguemos hasta las últimas consecuencias. La clase política tiene que hacer un mea culpa. Tenemos una sociedad muy tolerante a la corrupción.
MÁS EN POLÍTICA:
Comisión #LavaJato podrá indagar gestión de Alberto Fujimori ► https://t.co/BW9375PFnJ Por @perosasch pic.twitter.com/0UxFEPD98h
— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 7 de enero de 2017