Juan Silva: ¿la fiscalía podría pedir prisión preventiva contra el exministro tras audio? | ANÁLISIS

LEE TAMBIÉN | Presunta mafia en el MTC llega a “otras áreas” del Gobierno, señala fiscalía

El abogado penalista Andy Carrión dijo que un elemento es la posible actitud obstruccionista de Silva por haber negado en su momento su relación con Villaverde. Sin embargo, explicó que una prisión preventiva solo podría pedirse luego de se formalice la investigación -que hoy está en fase preliminar- lo cual debe ser autorizado primero por el Congreso.

Esto se debe a que se trata de hechos presuntamente cometidos por un ministro en funciones.

El constitucionalista Erick Urbina coincidió con que la fiscalía está facultada para eventualmente pedir prisión preventiva; pero indicó que, según el artículo 99 de la Constitución, esto debe pasar primero por el Parlamento.

¿Qué medidas futuras se podrían solicitar?

La penalista Romy Chang indicó que la transcripción del audio, donde se consigna que Villaverde le entrega “cien grandes” a Silva, constituye un “elemento de prueba” y sostuvo que “si hay riesgo de que la persona pueda obstaculizar la investigación o se pueda escapar, sí se podría pedir prisión preventiva”.

Además, señaló que “ratifica hipótesis fiscal de organización criminal”. A criterio de Chang, esta conversación - que data del 4 de noviembre de 2021 - probaría la comisión de los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias agravado y colusión, cuyas penas suman más de 35 años de prisión efectiva, que es el tope de acuerdo al Código Penal.

No obstante, para la abogada, aún no hay “elementos suficientes” que involucren al presidente.

“Si el caso es sólido y hay riesgo de que la persona pueda obstaculizar la investigación o se pueda escapar, sí se podría pedir prisión preventiva”.

Romy Chang, abogada penalista

Esta es la transcripción del audio entre Silva y Villaverde:

A su turno, el exprocurador anticorrupción Ivan Meini señaló que antes de solicitar una prisión preventiva debe evaluarse si existe peligro de fuga u obstrucción a la justicia.

Sin embargo, a su juicio, el fragmento del audio en el que Villaverde ensaya una especie de “defensa fraudulenta” sí “podría entenderse como un entorpecimiento de la actividad probatoria y devenir en un pedido de prisión preventiva”. “Pero debe analizarse con mayor detalle”, enfatizó.

Meini dijo que estos audios indicarían como “mínimo” la comisión del presunto delito de cohecho “porque habría sido un soborno” recibido por Silva cuando fue ministro.

“También podría hablarse de colusión agravada, si se logra acreditar este pago en el contexto de una licitación pública, para favorecer una empresa contratista en perjuicio del estado”, añadió.

“También podría hablarse de colusión agravada, si se logra acreditar este pago de este soborno en el contexto de una licitación pública"

Ivan Meini, exprocurador anticorrupción

Sobre si esta revelación salpica al jefe de Estado, el exprocurador, opinó que “es un indicio, pero no prueba fehaciente”. Agregó que cuando se investiga a una organización “la ley permite ciertos mecanismos” y que se trata básicamente de “seguir” la ruta del dinero.

“Es probable que quien recibe dinero siendo funcionario público se valga de testaferros y no lo bancarice, pero hay formas para investigar el origen y el destino de estos fondos. Si ya se sabe que la licitación del Puente Tarata estaría amañada, intuyo que el fiscal de la Nación ya está investigando eso, a partir de ahí ya se puede obtener mucha información”, subrayó Meini.

Audio entre Silva y Villaverde

LEE TAMBIÉN | Transparencia: “La nueva evidencia de corrupción al más alto nivel gubernamental debe llevar a la salida de los funcionarios involucrados”

En tanto, el exfiscal Agustín Vizcarra aseveró que este audio “compremete” más a Silva y que es posible que la defensa del exministro exija que sea corroborado.

“¿Qué pasaría si no se toma esta medida? [...] Lamentablemente las fronteras no son seguras”

Agustín Vizcarra, exfiscal

Al igual que Chang, para Vizcarra, la conversación ratificaría la hipótesis fiscal de organización criminal y delito de colusión. Agregó que esta sospecha “da lugar” a que pueda dictarse prisión preventiva “para que no ocurra lo que sucedió con los sobrinos del presidente”.

“¿Qué pasaría si no se toma esta medida? [...] Lamentablemente las fronteras no son seguras”, puntualizó.

Para el penalista Giusseppe Marzullo, antes de pedir una prisión preventiva, la fiscalía podría solicitar una detención preliminar, “que se aplica cuando no estás en un supuesto de flagrancia, pero existen razones suficientes para pensar en que hay peligro que la persona se escape u obstaculice las investigaciones”.

A su criterio, en el caso de Silva “el riesgo de fuga” es claro “porque es una persona que ha sido funcionario público y que no tiene trabajo conocido”.

Dijo que “hay indicios fuertes de que este tipo de coordinaciones van más allá de lo que hizo Silva a título personal y, teniendo en cuenta de los dichos de Karelim (López) y Villaverde, hay varios indicios para apuntar hacia una participación del presidente”.

LEE TAMBIÉN | Exministro Juan Silva descarta convertirse en colaborador eficaz: “no sé nada”

Para la penalista Cecilia Madrid la situación de Silva sí se complica con este audio; sin embargo, no ve probable que pueda pedirse prisión preventiva “a menos que haya peligro de fuga” o se refuerce esta solicitud “con otros elementos”.

“Habría que evaluar el comportamiento procesal de Silva o que ocurra un nuevo hecho que implique una medida más gravosa”, explicó.

Dato

Los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo (prófugo desde marzo) y Gian Marco Castillo Gómez son imputados por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro de los presuntos delitos de colusión agravada, tráfico de influencias como tipo penal alternativo y organización criminal en agravio del Estado.

Sobre ambos pesa una impedimento de salida del país por cinco meses por el Caso Tarata (dictada el 30 de marzo). Vásquez también figura en la lista de los más buscados y en el Programa de Recompensas. Mientras que el Poder Judicial revocó la orden de prisión preventiva por comparecencia en el caso de Gian Marco Castillo.

En tanto, Bruno Pacheco, también prófugo, es investigado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal. También por presunto enriquecimiento ilícito, tras encontrársele 20 mil dólares en efectivo en el baño de su despacho en Palacio de Gobierno.

Además, la fiscal Luz Taquire lo investiga por presunto lavado de activos en el mismo caso que a Zamir Villaverde, Fray Vásquez Castillo (sobrino de Pedro Castillo) y Karelim López. Pacheco también es investigado también por tráfico de influencias por supuestas presiones a la Sunat.

LEE TAMBIÉN | “Nueva evidencia de corrupción debe llevar a la salida de los funcionarios involucrados”

El Comercio informó que según la transcripción de un audio en manos de la fiscalía, el empresario Zamir Villaverde, investigado por integrar una presunta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), le habría entregado un soborno al extitular de esa cartera Juan Silva,

En la grabación conversan sobre un “presente” para Silva que sería de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), y tendría relación con el Caso Puente Tarata.

De acuerdo con la transcripción, Villaverde le dijo a Silva: “Los amigos de Tapusa han mandado, acá me han mandado un presente para usted. Cien grandes para usted, para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”.

La transcripción revelaría que Villaverde actuaba como operador de empresas que habrían entregado sobornos a Silva para ganar millonarias licitaciones en el MTC.

No obstante, Silva negó que conocer personalmente a Villaverde. En diálogo con RPP y Exitosa, aseguró que este nunca acudió a su despacho ni a su departamento.

Silva negó participación en organización criminal

Pero la fiscalía maneja la hipótesis de que Silva, desde su designación como ministro, habría coordinado con Villaverde para favorecer a empresas con licitaciones en su sector.

La presunta organización criminal que habrían integrado Silva y Villaverde también la conformarían Bruno Pacheco, ex secretario general del despacho presidencial; los sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, y el propio jefe del Estado.

Según la fiscalía, Silva utilizaba su cargo para intervenir de manera ilegal en la designación de funcionarios en puestos claves del MTC con el objetivo de viabilizar las licitaciones de empresas que lo habrían sobornado. El caso también involucra a seis congresistas de Acción Popular identificados como ‘Los Niños’.