Presunta mafia en el MTC llega a “otras áreas” del Gobierno, señala fiscalía

La Fiscalía de la Nación sustentó el jueves pasado ante el Poder Judicial el pedido de impedimento de salida del país de 36 meses contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, y por 9 meses contra los congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López. Todos ellos son investigados en la carpeta fiscal donde está incluido el presidente Pedro Castillo como presunto cabecilla de una organización criminal.

Durante su exposición, el representante del Ministerio Público precisó que los hechos indagados no se limitan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del que Silva fue titular, sino que alcanzan a “otras áreas” del gobierno de Castillo.

El fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez, coordinador del Área de Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, se refirió en particular a una concesión otorgada en el Ministerio de Energía y Minas al consorcio Numpatkay el 13 de enero.

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Agregó que ese mismo día visitaron el despacho de Doroteo el ciudadano chino Li Qingyong, a quien identificó como representante de la empresa china que integró Numpatkay, y Alexander Aguilar Quispe, a quien vincula con INIP Ingeniería Integración de Proyectos, el otro miembro del consorcio.

“[Esta contratación en el Minem] evidencia, a criterio de este despacho, que no solo se habrían restringido estas actividades ilícitas al MTC, sino también habría continuado en otras áreas del Ejecutivo. Esto último está en vías de investigación, lo menciono para especificar que la organización criminal no se restringió únicamente al Ministerio de Transportes”, expresó el fiscal Rojas.

Según un informe de El Comercio, INIP Ingeniería fue fundada en el 2019 por Roberto Aguilar Quispe, señalado por Karelim López como parte de la presunta mafia en el MTC junto a su hermano Alexander. Durante este gobierno, ha obtenido seis contratos por más de S/580 millones en sociedad con las empresas China CAMC Engineering CO. LTD y China Civil Engineering Construction Corporation. Los contratos fueron con el MTC, el Minem y el Gobierno Regional de Huancavelica.

Por resolverse

En la audiencia, Rojas explicó que este caso se deriva de los informes del Caso Puente Tarata y del proceso de colaboración eficaz de López.

La hipótesis fiscal señala que, desde su designación como ministro, Silva habría coordinado con el empresario Zamir Villaverde para favorecer a empresas con licitaciones en su sector. “Se originó [...] una dinámica que, para nosotros, evidenciaba la existencia de una organización criminal”.

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En esta red, añadió, participaban Bruno Pacheco, los sobrinos de Pedro Castillo (Fray Vásquez y Gian Marco Castillo) y “esta línea de acción llegaba también al señor Juan Silva y al presidente de la República”.

En otro momento, el fiscal sostuvo que “la participación que tenía el señor Silva era intervenir en la planificación y decisión de colocar personas en lugares importantes del MTC para viabilizar estas contrataciones de estas empresas”. En cuanto a ‘Los Niños’, explicó que se les imputa presuntos favorecimientos a las empresas chinas, para lo cual “habrían tenido reuniones con el presidente” Castillo.

Además, sostuvo que los impedimentos de salida del país solicitados contra todos ellos son necesarios para asegurar la investigación.

Durante la audiencia, las defensas de los investigados rechazaron las imputaciones de la fiscalía y, en particular, los señalamientos de Karelim López en su proceso de colaboración eficaz. Sin embargo, Silva y Doroteo se allanaron al pedido de impedimento de salida del país. Los demás pidieron que este se declare infundado.

Luego de cuatro horas de debate, el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, anunció que hará pública su decisión “en el plazo de ley”. Se espera que la resolución se notifique en los próximos días.