Javier Pacheco, procurador general del Estado interino tras la suspensión de Daniel Soria. (Foto: GEC)
Javier Pacheco, procurador general del Estado interino tras la suspensión de Daniel Soria. (Foto: GEC)
/ Leandro Britto
Redacción EC

El autorizó la transferencia de un monto de S/20 millones a favor de la como parte de la aplicación de un decreto de urgencia que establece la necesidad de velar por la defensa jurídica del Estado.

La resolución ministerial 0085-2024-JUS publicada este martes 9 de abril en el boletín de normas legales de El Peruano formaliza la autorización del traspaso de este monto con cargo al presupuesto del ministerio.

Según el documento, el objetivo es financiar el “Fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado” en aplicación a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 006-2024.

PGE recibe partida de 20 millones de soles por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
PGE recibe partida de 20 millones de soles por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este decreto autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que, en el 2024, incorpore saldos de balance en los recursos provenientes de las transferencias financieras hasta por la suma de S/20 millones para fortalecer a la procuraduría.

“Los recursos de la transferencia financiera autorizada por el artículo 1 de la presente resolución no podrán ser destinado, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos”, precisa la resolución firmada por el ministro Eduardo Arana.

El texto señala que la transferencia a favor de la Procuraduría General del Estado (PGE) atiene a la donde se autoriza la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto de la PGE hasta por 20 millones de soles.

Asimismo, al oficio que envió la procuraduría que se encuentra actualmente encabezada por Javier Pacheco, donde sustenta el pedido de este monto para “garantizar el fortalecimiento” de su institución.

Finalmente, asegura que cuentan con la opinión favorable de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, así como el visto bueno de la Oficina General de Administración y la Oficina General de Asesoría Jurídica.

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