:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/M6A4YULCMNES3KBS5EKPPVUJFU.jpg)
María Elena Juscamaita Arangüena, secretaria general de la Presidencia de la República desde agosto del 2012, afronta un juicio por el presunto delito de colusión desleal, a raíz de la compra de pertrechos antimotines sobrevaluados por parte del Ministerio del Interior (Mininter) durante el segundo gobierno aprista.
La fiscalía denunció a Juscamaita Arangüena y a diez procesados más el 12 de julio del 2012, y ella, tres semanas después, fue designada para organizar la Presidencia de la República.
Según informó Ideele Radio, que tuvo acceso al dictamen fiscal, Juscamaita se desempeñaba como directora general de la Oficina de Asesoría Jurídica del Mininter y emitió el informe N°2011-2007-in-0201, en el que señala que era posible declarar el “desabastecimiento inminente” de pertrechos antimotines”.
Solamente con este documento, se podía justiciar la compra directa exonerada de licitación a la empresa Combined Systems. Este informe se emitió el 18 de julio del 2007, fecha en la que se elaboraron siete documentos más que permitieron que se otorgara una veloz buena pro a la mencionada empresa de pertrechos policiales.
Sin embargo, la fiscalía señala que no había “desabastecimiento inminente” como lo indicó Juscamaita en su informe. Por esta razón decide denunciarla por colusión desleal.
PIDIÓ SER EXCLUIDA
La secretaria general de la Presidencia de la República solicitó ser excluida del proceso alegando que sus actos fueron atípicos y no constituían delito punible. No obstante, este pedido fue rechazado por la Primera Sala Penal Liquidadora, quienes señalaron que los actos de Juscamaita ““bien puede constituir el fundamento de la colusión imputada”.
Ahora Juscamaita divide su trabajo en la Secretaria General de la Presidencia de la República con su asistencia a las audiencias por el proceso en su contra. ¿Sabrá esto el presidente Ollanta Humala?
El Comercio intentó comunicarse con la alta funcionaria, pero una persona, que se identificó como su asistente, señaló que estaría en reuniones hasta la tarde.
EL CASO DE LOS PERTRECHOS
En agosto del 2007 salió a la luz una denuncia que vinculaba al Ministerio del Interior con la sobrevaluación de pertrechos antimotines de la Policía Nacional (bombas lacrimógenas, cartuchos y municiones). Este hecho provocó que el entonces titular del sector, Luis Alva Castro, acudiera con carácter de urgencia al Congreso, donde enfrentó una moción de censura.
Pese a que Alva Castro se salvó de la censura, la oposición le mandó un mensaje: 51 votaron a favor de su salida y solo 30 lo respaldaron.
Lo cuestionable es que un conjunto de funcionarios del Mininter exoneraron de licitación y le dieron la buena pro a la empresa Combined Systems.. Esta adjudicación directa ocasionó que el costo de la compra, que en un inicio estaba destinada a ser de 5 millones 827 mil 500 soles, terminara casi duplicándose a 10 millones 724 mil 598 soles. El informe fiscal señala que en un solo día, 18 de julio de 2007, se emitieron ocho oficios, informes y exoneraciones relacionadas a esta empresa.
El 19 de julio a las 10:58 pm se colgaban las bases de la compra exonerada; a las 11:00 pm se publica el aviso de convocatoria; y a las 11:08 pm se informa que la buena pro es consentida a la empresa Combined Systems. Una rapidez bastante extraña para nuestra habitual burocracia peruana.
El caso pasó de la etapa de investigación al Poder Judicial y desde el 07 de marzo de 2014 se encuentra en juicio oral, a cargo de la Primera Sala Penal Liquidadora, presidida por la jueza Inés Tello, e integrada por Carolina Lizárraga y Sara Maita. El fiscal acusó por colusión desleal a los implicados y ha pedido una pena de ocho años de cárcel para los y las procesadas, así como el pago de una reparación civil solidaria de 500 mil nuevos soles.
Lee la acusación fiscal contra la secretaria general de la Presidencia.
