Un oficialismo incómodo con las reformas: la agenda contra la meritocracia docente y el transporte formal

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“Hay maestros contratados que, durante años, se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados y aprobar estas pruebas, esta casuística de las pruebas, y su práctica en el aula ya los ha calificado. Eso es evaluación del desempeño de la práctica en el aula. Su conducta, su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica, y deberían estar nombrados hace tiempo”, sostuvo el funcionario.

Lo anunciado por Gallardo es una conocida demanda de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), el sindicato fundado por el presidente Pedro Castillo. Según consta en el registro de visitas del Minedu, miembros de la Fenate, incluido el congresista oficialista Edgar Tello, han asistido en diez ocasiones a la entidad.

Tello precisó a El Comercio que solo acudió el 7 de octubre como parlamentario y que no debieron registrarlo como miembro de la Fenate. “He sido dirigente de la Fenate, pero ahora que tengo mi función de congresista, ya no estoy ejerciendo cargo dirigencial. No estoy haciendo ninguna gestión para la organización”, aseguró. Si bien el ministro Gallardo no es miembro oficial del sindicato, el secretario general, Segundo Vásquez, se ha referido a él como una persona importante para sus reclamos.

De otro lado, en estos tres meses de gobierno, representantes de gremios que rechazan la reforma del transporte se han reunido con funcionarios del Ministerio de Transportes, como el ministro Juan Silva, la viceministra Verónica Cáceres y Luz Apolinario, directora de Diálogo y Gestión Social. También con Guido Bellido mientras fue primer ministro y con el propio mandatario Castillo.

Quien más visitas ha hecho al MTC es Geovanni Diez Villegas, de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, gremio vinculado a asociaciones de transporte terrestre, de carga, turístico, a conductores, taxistas y mototaxistas. Diez Villegas consiguió hasta ocho reuniones, incluyendo con el ministro y la viceministra, así como con el propio presidente Castillo en otras dos oportunidades.

Una de las más recientes apariciones de este representante fue en un reportaje de El Foco, donde se revelaron presuntos chats de la Cofradía del Pisco en los cuales empresarios vinculados a la Sociedad Nacional de Industrias habrían coordinado para apoyar a Diez Villegas en la organización de un paro de transportistas.

Entre otras personas que se reunieron con Silva están Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), y David Mujica, representante legal de ese gremio y principal crítico de la ATU. Ambos han sido personajes visibles en protestas y paros de transportistas. Este Diario intentó comunicarse con los funcionarios del MTC para consultar sobre los motivos de los encuentros, pero no hubo respuesta.

ANOTACIÓN: Tras la publicación de esta nota, representantes de la Sociedad Nacional de Industrias se contactaron con este Diario para precisar que la reunión con el presidente Castillo, donde acudió también Geovanni Diez, se dio en el marco de la presentación de la unión de gremios. “No es que hayamos ido a acompañar para que Geovanni exponga sus demandas, sino que esto ha sido una presentación oficial de este bloque”, indicó su jefa de prensa. “Nunca hemos participado en reuniones con el señor Geovanni. Como mediadores, sí. El señor Ricardo Márquez ha conseguido las citas para que Geovanni vaya y hable con el presidente, sí, pero no es que hayamos asistido a las reuniones”, agregó.

Bancada e intereses

Pero los hilos no se limitan al Ejecutivo. La bancada de Perú Libre organizó el último viernes el foro virtual “¿Peaje o pillaje? Revisión y renegociación de concesiones de vías”. Como ponentes participaron David Mujica, abogado de Anitra, y Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano. Junto a ellos expusieron los congresistas Waldemar Cerrón, Alfredo Pariona y Wilson Quispe. Este último estuvo en una de las reuniones de representantes del gremio con la viceministra Cáceres.

Por otro lado, Perú Libre ha presentado 34 de los 60 proyectos de ley en materia educativa que originan del nuevo Parlamento. De ellos, un conjunto de 19 iniciativas del lápiz impactan sobre las vigentes leyes universitaria y de reforma magisterial. De estas 19, cuatro ya tienen dictamen: una que amplía el bachillerato automático hasta el 2022 y tres que extienden el plazo de adecuación hasta 2023 (que originalmente vence en noviembre de 2021) para que docentes universitarios obtengan el posgrado requerido.

Por el lado de la reforma docente, el congresista Flavio Cruz tramitó un proyecto que retira exigencias de evaluación de maestros para la continuidad o el acceso en algunos cargos, como el de director o subdirector de colegio, jefe de gestión pedagógica o director de UGEL. Otras fórmulas legislativas de la bancada se centran en modificaciones al cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) de los docentes. Este Diario intentó comunicarse con Cruz, pero el parlamentario no atendió nuestras llamadas ni mensajes.

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Adicionalmente, como lo señalamos en un anterior informe, la bancada de Perú Libre no está exenta de acercamientos con rectores o directores de universidades que no recibieron el licenciamiento de la Sunedu. De acuerdo con el registro de visitas del Congreso, los parlamentarios Silvana Robles, Waldemar Cerrón, Wilson Quispe, Víctor Cutipa, Edgar Tello y Alex Paredes se han reunido personalmente con representantes de universidades denegadas. La que más se repite es la Universidad Peruana del Centro, relacionada a los hermanos León Untiveros, de los cuales uno, Paul León Untiveros, es cercano a Vladimir Cerrón y fue candidato al Congreso con Perú Libre en las últimas elecciones.

Además, en agosto pasado, el entonces primer ministro Guido Bellido llegó a reunirse con Víctor Aguilar y Ada Gallegos. Aguilar fue secretario de la extinta Asamblea Nacional de Rectores y rector de la licenciada Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de donde es egresado Bellido. Gallegos, por su parte, es directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú, que tiene como miembros a algunas casas de estudios denegadas. Tanto Aguilar como Gallegos son conocidos por su oposición a la reforma universitaria.

Retrocesos que afectarían a los estudiantes

Patricia Salas era ministra de Educación en el 2012, cuando se promulgó la reforma docente. Consultada sobre la iniciativa del gobierno para el nombramiento automático de maestros, sostuvo que solo la experiencia profesional no puede ser interpretada como una evaluación.

“Si bien todo es perfectible, de ninguna manera se debe retroceder en lo avanzado. La práctica en el aula puede calificar, pero también descalificar a un maestro. Lo que se busca con la reforma es valorar la práctica y eso es distinto porque la práctica no habilita automáticamente. La evaluación es el proceso que permite asignar un valor al desempeño de los maestros, en función de indicadores y criterios. La práctica en el aula no habilita automáticamente”, dijo a El Comercio.

El exministro del sector Ricardo Cuenca coincidió en que Gallardo tendría que explicar con mayor claridad cómo pretende modificar la normativa. Acotó que el anuncio le suena a una búsqueda por el estadío previo a la reforma.

“La propuesta de volver a una idea de no evaluar a los maestros es retornar a esta especie de ‘credencialismo’, bajo un enfoque de acumulación de años de experiencia o de certificados de estudio. Eso ya había cambiado cuando se introdujo, con la reforma, el enfoque meritocrático. La reforma docente, que está en proceso de consolidación, se debe entender de una manera integral. Mover una de sus piezas no es fácil normativamente y podría afectar todo lo demás”, indicó Cuenca.

Cuenca anotó que la reforma universitaria y la reforma docente siempre se han visto asediadas desde el Parlamento por los diferentes grupos políticos. Según comentó, si desde su promulgación, en 2014 y 2012, respectivamente, los partidos que pasaron por el Legislativo no han logrado cambios drásticos, esto se ha debido a la solvencia técnica y a la legitimidad social de las reformas.

Salas recordó que las políticas públicas —en este caso, educativas— siempre están en el terreno del debate, la negociación y la pugna de intereses. Por ello, con frecuencia, el Congreso revive o reformula contrapropuestas; la mayoría, perjudiciales. Resaltó la importancia del tipo de liderazgo que se ejerce desde el lado del Ejecutivo y del Ministerio de Educación, aunque agregó que otros actores clave en la vigilancia y protección de las reformas son el Consejo Nacional de Educación y la propia ciudadanía.

“Algunas de las iniciativas que han intentado perforar la Ley de Reforma Magisterial, por ejemplo, han tenido que ver con los intereses de grupos de docentes que se han visto afectados o que salieron de la docencia porque no tenían el título pedagógico. Y, entonces, hemos tenido cantidades de proyectos de ley intentando hacer regresar a la docencia a estos docentes que no habían cumplido requisitos importantes. Las reformas son muy costosas anímica y presupuestalmente: por los procesos de negociación, la aplicación, las polémicas, los intereses que se afectan, las interpelaciones. Retroceder de una reforma es inaceptable en ese sentido”, respondió la exministra.

Quien también nos respondió fue el exministro Juan Cadillo, antecesor de Gallardo en el actual gobierno. Cadillo refirió que “habría que ver la propuesta (sobre el nombramiento automático de docentes) en su forma textual y técnica” y recalcó que cualquier eventual cambio estará, de todas formas, sometido al debate y a la decisión del Congreso.

Para la especialista en temas educativos, Yolanda Tito, es “preocupante” que la máxima autoridad en Educación, como el ministro Gallardo, sugiera pasos hacia atrás en la reforma magisterial. “La ley hizo que no sea el tiempo en la docencia, sino los méritos —a través de exámenes y evaluaciones— los que permitan el ascenso y la mejor remuneración de maestros. Lo que ha ocurrido es que esto puso nerviosa a una parte del sector gremial, que se ha opuesto siempre a las escalas y a los procesos de evaluación continua. La lógica de ser calificado por el solo hecho de estar en el aula no es aplicable para un maestro, así como tampoco lo es para un estudiante”, sostuvo Tito.

La compleja reforma del transporte

Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, consideró contradictorio el querer ‘gobernar para el pueblo’ y buscar beneficiar la informalidad y el descontrol en las pistas. Explicó que la correcta implementación de la reforma en movilidad urbana tendría como principal beneficiaria a la población más pobre de las ciudades.

“La gente que, en su mayoría, usa transporte público es la menos privilegiada. Aquellos que no tienen auto, no pueden pagar un taxi, y en la mayoría de los casos tampoco pueden pagar un colectivo informal”.

Uno de los principales objetivos del ordenamiento en movilidad urbana está en reducir los tiempos, y costos que los usuarios invierten en sus viajes, lo cual tiene un efecto directo con la calidad de vida de la ciudadanía. “Una persona que vive lejos, de niveles socioeconómicos más bajos, va a tener más tramos que compartir. Caminar, mototaxi, combi local, avenida principal para un bus, y un metro. Todos esos tramos cuestan, salvo la caminata. Eso implica enormes pérdidas de tiempo, energía y dinero”, explica Alegre.

Sin embargo, implementar la reforma podría generar efectos negativos para los conductores informales, quienes hoy cubren la demanda que el transporte público no puede atender. Esto ha puesto en directo conflicto a la ATU con quienes se oponen a sus políticas, especialmente los colectiveros.

A fines del 2019, ante una protesta de colectiveros contra las reformas de la ATU, la presidenta de la institución, María Jara, comentó: “Los autos colectivos simplemente no pueden circular como parte del Sistema Integrado de Transporte. (...) Estamos recuperando el orden, pero no vamos a ceder a un chantaje”.

Al respecto, Mariana Alegre considera complicado poder conciliar ambas posturas en el largo plazo. Una posible solución está en permitir su circulación en las zonas donde aún no se implementan las rutas formales. “Mientras exista un buen sistema de servicio de transporte público, con la cobertura adecuada, los sistemas paralelos [informales] desaparecen porque surgen por la necesidad y la demanda de mercado”, expresó.

Más datos

Alberto Falla es otra persona que fue atendida por Pedro Castillo en el despacho presidencial a inicios de setiembre. Falla fue designado a inicios de la gestión en Promovilidad, entidad encargada de gestionar el transporte urbano en todo el país excepto Lima y Callao. Esta designación, sin embargo, quedó sin efecto a inicios de agosto, luego de que El Comercio recordara que Falla fue fundador de la empresa de revisiones técnicas que había emitido el certificado al camión causante de una fuga de gas y la muerte de 34 personas en Villa el Salvador en el 2020.

Al ser consultado por el motivo de su reunión, registrada de 3:05 pm a 4:24 pm el 8 de septiembre, la asistenta de comunicaciones de Falla indicó a este Diario que el presidente tenía interés en conocer sobre un proyecto vial que tiene el exfuncionario, pero que no acordaron ningún compromiso. “El presidente [Castillo] quería mayor información del proyecto porque su interés es enfocarse en mejorar las condiciones de movilidad de los conos. Y el proyecto que tiene Alberto Falla consiste en tener troncales de buses eléctricos y lo que es potenciar algunas rutas del metro”, dijo.

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