Presidente Pedro Castillo. (GEC)
Presidente Pedro Castillo. (GEC)
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Redacción EC
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Un botín llamado transporte

Gladys Pereyra

Periodista

Si hay algo constante en este país de inacabables crisis políticas es que el Congreso y el Ejecutivo se contradicen en todo. Se habla con facilidad de evaluar la vacancia tanto como del cierre del Parlamento, en cinco meses ya hay un ministro censurado y Pedro Castillo no ha perdido oportunidad para retar a los congresistas en sus presentaciones públicas. En esa dinámica de enfrentamientos cotidianos hay algo que sí los hermana: boicotear lo poco avanzado en la reforma del transporte.

Los intentos por ampliar sin requisitos todas las autorizaciones de combis y coasters, tomar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) o cumplir la prometida amnistía de papeletas no son nuevos. Ya el anterior Congreso se encargó de aprobar por insistencia la legalización del taxi colectivo y puso en agenda por lo menos cuatro proyectos de ley para perpetuar el transporte informal.

La diferencia ahora es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) juega el mismo papel. En cinco meses de gestión, el ministro Juan Silva se ha reunido con gremios de transportistas y colectiveros que promovían un paro para pactar cambios en la ATU y Sutrán, “regulalizar sanciones” o prorrogar licencias vencidas.

Desde adentro, el MTC también experimentó una reorganización que llevó la inestabilidad a otro nivel. De agosto a setiembre, diez directores y jefes fueron retirados de sus cargos o renunciaron en medio de escándalos. Eso, sin contar con que el proceso para formalizar los colectivos ha convertido a la Sutrán en juez y parte en un empadronamiento a sola firma que, en buena cuenta, permite a choferes cubrir rutas interprovinciales en autos no diseñados para carreteras.

Pese a todo, el clímax de la coincidencia de intereses entre el Ejecutivo y el Congreso llegó el día en que Silva se salvó de ser interpelado. Él ahora mantiene un cuestionado liderazgo en una cartera que, solo para el 2022, tendrá un presupuesto de S/13.705 millones, mayor en 7% al asignado en el 2021.

La tarea por mejorar el transporte no solo recae en ellos. El alcalde Jorge Muñoz, que cumple tres años de gestión en la Municipalidad de Lima, apenas tiene cuatro proyectos importantes sobre infraestructura vial que todavía no tienen fecha de entrega: la ampliación del Metropolitano, el paso a desnivel que –contra todas las críticas– se sigue construyendo en el óvalo Monitor, el ‘Pasamayito’ y el teleférico de Lima, aún en estudios técnicos.

En 10 meses se elegirán a las próximas autoridades locales y regionales que tendrán que gestionar el transporte en sus ciudades. Con el interés claro del Ejecutivo y Legislativo en cumplir las expectativas de los gremios de transportistas que los respaldaron para llegar al poder, dependerá en muchos casos de las nuevas autoridades ser la pared que se necesita para frenar la contrarreforma y tener un sistema de transporte seguro, eficiente y de calidad. Y tener esas autoridades depende, finalmente, de nosotros, los electores.

Fortalecer el sistema de salud

Óscar Ugarte

Exministro de Salud

El 2021 ha sido el año de la vacunación en el Perú. Durante el primer semestre se lograron contratos por 98 millones de dosis de vacunas, lo que no habían logrado las autoridades en el 2020. En plena segunda ola y superando la desconfianza generada por el ‘Vacunagate’, en febrero se inició la vacunación empezando con los trabajadores de salud y los adultos mayores.

Los efectos de esta medida se empezaron a mostrar en los meses siguientes con la declinación de la segunda ola y, sobre todo, con la notoria reducción de la mortalidad en los grupos más expuestos. Tanto la vacuna Pfizer como la AstraZeneca y la Sinopharm mostraron su efectividad, trayéndose abajo las críticas interesadas y las cataclísmicas profecías de los grupos antivacuna.

En buena hora, las nuevas autoridades que ingresaron el 28 de julio, aunque con vacilaciones iniciales, optaron por continuar las estrategias adoptadas en el primer semestre contra la pandemia. Teniendo a disposición las vacunas necesarias y la capacidad y la logística implementadas se ha podido lograr a la fecha la vacunación del 80% de la población objetivo, es decir, de los 28 millones de mayores de 12 años residentes en el país.

En el nuevo año 2022 corresponde al Gobierno continuar la estrategia de vacunación masiva de nuestra población. Al comprobarse que el efecto protector de todas las vacunas contra el COVID-19 se va perdiendo luego de unos meses, ha sido indispensable en todo el mundo acudir a una tercera dosis. La ciencia dirá si se necesitará una cuarta dosis o, como sucede con la influenza, una revacunación general cada año.

Frente al riesgo de una tercera ola y la presencia de la variante ómicron, tan importante como la vacunación es mantener un comportamiento social responsable, es decir, el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.

Pero también es importante consolidar los logros alcanzados durante el primer semestre del 2021: reapertura del primer nivel de atención, capacidad diagnóstica con las pruebas moleculares y antigénicas, centros de atención temporal, incremento del número de camas UCI y, sobre todo, el haber logrado poner en funcionamiento más de 300 plantas de oxígeno en todo el país, que ha permitido superar el déficit de 150 TM diarias de fines de marzo y tener superávit de más de 200 TM diarias de oxígeno de julio en adelante. El reto es mantener esa capacidad de atención frente a una eventual tercera ola.

Sin embargo, la principal debilidad frente a los gigantescos retos sanitarios del 2022 es el limitado presupuesto. Según lo informado por el ministro de Salud ante el Congreso en noviembre, el presupuesto del sector en el 2021 está terminando con S/33.300 millones, pero el presupuesto propuesto por el Ejecutivo y aprobado en el Congreso para el 2022 es de apenas S/22.200 millones.

No solo la lucha contra la pandemia tendrá menos recursos, sino que igualmente el programa de salud mental tendrá un recorte de S/27 millones, el programa de cáncer se reducirá en S/62 millones y el programa contra la TBC y el VIH tendrá S/128 millones menos. Está en manos del Ejecutivo y del Congreso reparar este grave error.

Seguridad en el Perú con pronóstico reservado

Ricardo Valdés

Exviceministro de Seguridad Pública del Mininter

Entramos al 2022 con indicadores de inseguridad ciudadana en franco crecimiento: sicariato, robo de vehículos e incremento del uso criminal de armas de fuego. Todo parece indicar que continuarán al alza, pues los departamentos de investigación criminal carecen de inversión en tecnología, logística e inteligencia. En la misma situación se encuentran las unidades de criminalística.

La confianza y credibilidad en la policía sigue en caída, pues cada vez son menos los que consideran útil acercarse a una comisaría a denunciar los hurtos o asaltos. De no invertirse en sistemas inteligentes de control territorial, de distribución y gestión policial, comunicaciones, vigilancia y patrullaje, las calles continuarán siendo ganadas por la delincuencia.

Los vasos comunicantes entre la inseguridad ciudadana y los grandes negocios criminales son fluidos e intensos. En ese sentido las economías criminales continúan en alza por diversos factores. En parte, porque han devenido en actividad refugio de algunas personas afectadas económicamente por la pandemia; así como por la mayor demanda internacional de productos obtenidos ilegalmente como cocaína, oro o madera fina. Pero sobre todo, por la permisividad de un Estado débil para dar sostenibilidad a las políticas públicas orientadas a frenar el narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas, la minería ilegal y el contrabando, entre otros negocios criminales.

Las utilidades anuales de estas economías ilegales representan algo más de US$7.500 millones, lo que supera con creces el presupuesto que el Estado ha destinado a los sectores de Interior, Justicia y Defensa.

El presidente anunció hace unos días que su gobierno destinará S/11 mil millones para combatir la delincuencia. Quien piense que es dinero adicional, se equivoca. Se refiere tan solo al presupuesto del sector Interior para el presente año. Por cierto, la gran mayoría de ese presupuesto es gasto corriente, como salarios, pensiones y pago de bienes y servicios.

La situación no es mejor en otros sectores cruciales para garantizar la seguridad. El Ministerio Público ni el Poder Judicial, ni el Instituto Nacional Penitenciario podrán realizar mejoras, pues no cuentan con presupuesto orientado a fortalecer las instituciones.

Así las cosas, la seguridad en el Perú y el riesgo-país aparecen con pronóstico reservado y con alta probabilidad de que ingresen a cuidados intensivos, de no mediar cambios en la orientación y gestión del Ejecutivo.

2022, vacancia o milagro

Fernando Vivas

Periodista

En el castillismo se planifica tan poco y se improvisa tanto que la predictibilidad es un bien esquivo. Adjudicarle un ‘ismo’, como acabo de hacer, es pecar de cuadriculado. A pesar de la niebla, haremos algunas predicciones vagas, con varios escenarios y sin ‘spoilers’ (¿de dónde los sacaríamos?).

Ahí va: Pedro Castillo seguirá bajando sótanos de aprobación; el Congreso también. Las primeras encuestas del 2022 lo confirmarán. La coalición vacadora las leerá y mostrará lo que aprendió de la derrota de su primera moción: no basta que el presidente pierda autoridad y consistencia, sino que ellos la tengan en compensación. Por eso, la próxima intentona será distinta: no esperará al alza de su aprobación pues podría no ocurrir nunca; pero tendrá mejor coordinación y alianzas en pro de votos.

Seguirán los pequeños e informales cónclaves opositores. Habrá cubileteo para ver quién puede ser el ‘presidente en la banca del Congreso’, en espera de una doble vacancia. Querrán evitar darle en la yema del gusto a la narrativa del contraste que ve en María del Carmen Alva a nuestra Jeanine Áñez exorcizando el palacio que habitó Evo Morales. Un sucesor de las regiones será la clave.

Lo de doble vacancia es porque los vacadores contarán con que Dina Boluarte renuncie por la fuerza de las circunstancias. Ella se había labrado un perfil propio que la alejó del radicalismo de Castillo; sin embargo, quizá pensando que la lealtad es un valor no importa a quién se es leal, ha posado tan castillista en que sus posibles aliados no la consideran. Todo esto, por supuesto, en el escenario de que se descubran evidencias contundentes de corrupción y la calle se ponga en ánimo de que se vayan todos, primero el presidente (como en el 2020).

Dejo al final al actor más importante y más impredecible, Pedro Castillo. Tiene tantas tribulaciones judicializables (lo de los ascensos militares es anecdótico al lado de lo que puede suceder con los casos en los que están Karelim López y Samir Abudayeh, además de nuevos escándalos que estallarán) como tiene opciones de alianza para surfear las olas que se vienen.

Castillo podría jugarse por entero a conquistar a AP y APP, con un premier de centro o derecha, y jalando a parte de la bancada de PL en el intento; o podría fortalecer sus alianzas de izquierda y optimizar el sistema de reparto de gestión pública en el Congreso. La política seguirá repatrimonializándose en el 2022 (dicho coloquialmente: ‘el Perú es mi chacra’), pero un serio límite a todo ello será la reacción colectiva.

Podría haber un pacto sucio de concertación de agendas clientelistas, conservadoras y contrarreformistas, alimentadas por las demandas de supervivencia del sector informal y por la corrupción. Ese sería el peor escenario, un cáncer silencioso que primero nos vuelva indolentes y nos destruya con facilidad. En ese caso, la inestabilidad de una vacancia sería un mal menor. O podría haber un pacto virtuoso entre la oposición centrada y un presidente que encuentre explicaciones para desbaratar denuncias. Ese sería el milagro.

Un año en que se esperan respuestas

Rodrigo Cruz

Periodista

El presidente Castillo ha asegurado, en un reciente encuentro con un grupo de periodistas en Palacio, que este 2022 empezará a dar entrevistas. El solo anuncio ya supone un giro a lo que ha sido un sello de su gobierno: la opacidad. En cinco meses, Castillo ha hecho todo lo posible para no rendir cuentas respecto de las graves denuncias que empañan su gestión.

Si tomamos como cierto lo que dijo, este 2022 puede que veamos a un presidente dispuesto a hablar. Pero si insiste con el silencio, hay al menos tres investigaciones penales que lo obligarán a responder. Ya habló en una, que en la práctica fue la primera entrevista que dio: el martes pasado fue interrogado por la fiscalía por las presuntas interferencias en los ascensos militares.

Los otros dos casos dependen de si la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decide abrir investigación preliminar directamente contra el mandatario. Se trata de lo adjudicación que ganó el consorcio Puente Tarata III en San Martín y la compra de biodiésel en Petro-Perú al empresario Samir Abudayeh. Dos contratos relacionados a la lobbista Karelim López, quien hasta ahora guarda silencio. Un camino que Castillo, al parecer, se dio cuenta de que ya no puede seguir.

Este año también puede que sea decisivo para dos de sus principales colaboradores de la campaña. En las primeras semanas del 2022, sabremos si la justicia condena o absuelve al congresista Guillermo Bermejo por presunta filiación a una organización terrorista. De igual modo, este año se verá si Vladimir Cerrón es sentenciado por presunta malversación de fondos en el Gobierno Regional de Junín.

Por otro lado, las investigaciones a Los Dinámicos del Centro continúan. Ambos casos, puede terminar comprometiendo a Castillo, pues la fiscalía considera que se habría financiado la campaña del mandatario con dinero ilícito.

Es el mismo presidente quien en estos meses ha trabajado para mellar su propia reputación. Esa brecha entre sus discursos de lucha anticorrupción en las plazas frente a la opacidad de su gestión le ha restado credibilidad. Tal vez la expresión más clara ha sido la negativa de Palacio por entregar la relación de personas con las que Castillo se reunió de manera clandestina en la casa de Breña. Ya sabemos que una visitante fue Karelim López.

Este 2022 puede que sea el inicio para que la ciudadanía escuche las explicaciones de quien hoy gobierna. Ya sea por voluntad propia o empujado por la justicia.

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