Los gremios podrían ayudar a desentrampar, por Jaime de Althaus

Hemos llegado al extremo de que algunos aspectos de la reforma política se aprobarían por imposición, si la cuestión de confianza es aprobada. Este desenlace, digamos, no muy democrático, revela incompetencia política en todos los actores.

La mayoría congresal, obtusa, le dio el pretexto perfecto al presidente para desarrollar su juego favorito: confrontar al Congreso con frases ofensivas para recuperar popularidad. Y también para presionar por las reformas, es cierto, porque esa mayoría, con el acompañamiento de Acción Popular, tampoco parece interesada en aprobar casi ninguno de los proyectos de reforma política remitidos por el Ejecutivo.

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De hecho, el predictamen actualmente en discusión no solo rechaza casi todas las propuestas sino que apunta en la dirección contraria: debilita aun más la gobernabilidad del Ejecutivo en lugar de fortalecerla. Ante eso, el primer ministro y el ministro de Justicia debieron asistir a la comisión para explicar y persuadir. Debieron agotar esa instancia y allí verificar si las posiciones contrarias eran doctrinarias o simplemente retaliatorias.

Ahora las bancadas de izquierda están esgrimiendo la posición cínica de que si bien están de acuerdo con la cuestión de confianza, van a votar en contra de ella para provocar la disolución del Congreso y buscar una Constituyente, lo que sería desastroso para la economía y el empleo.

Pero esa posición es funcional al escenario que en teoría más le convendría al gobierno: disolver el Congreso y elegir uno nuevo en octubre en el que Martín Vizcarra tendría mayoría y podría, aunque muy ajustadamente, aprobar las reformas constitucionales (primera votación antes de diciembre y segunda votación antes del 9 de abril del 2020).

Esto podría llevar a Fuerza Popular y otros a otorgar la cuestión de confianza. Pero, ¿cómo conseguir que FP-Apra se inclinen por una posición más favorable a las reformas y que el debate se desenganche de la confrontación de poderes? Ayudaría mucho que terceros actores se manifestaran. Por ejemplo, los gremios empresariales.

El problema es que dichos gremios consideran que el tema no les corresponde. Pero sí les corresponde. Esta es una discusión sobre las reglas del gobierno del país. Si las reglas son buenas, habrá crecimiento económico. Si son malas, habrá entrampamientos, inestabilidad y rupturas. Entonces les atañe directamente, porque afectan la propia viabilidad de sus negocios.

Los gremios y las empresas son ciudadanos institucionales. Y lo son más que nadie porque pagan los impuestos que sostienen la actividad del Estado. Entonces deberían tener una opinión en estos temas.

Por ejemplo, el miércoles la Comisión de Constitución rechazó la propuesta de que la insistencia del Congreso en las leyes observadas por el Ejecutivo se tuviera que aprobar con los 2/3 del número de congresistas –como es en todas partes– y no con la mitad como es ahora. Ello es aun más necesario si no hay un Senado que detenga proyectos fiscalmente peligrosos o que afecten libertades de mercado.

Los gremios deberían estar interesados en una reforma como esa, así como en la que impide censurar a los ministros –para que haya continuidad– y la elección del Congreso con la segunda vuelta, para que haya más posibilidades de que el gobierno tenga mayoría y pueda ejecutar un plan de gobierno.

Si asumen su ciudadanía, ayudarán a desentrampar el debate.