:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/4OOX24KT3FGABDBZYQ6RKPNHIE.jpg)
El informe del subgrupo de la Comisión Permanente que evalúa la continuidad del contralor Edgar Alarcón será dado a conocer mañana, indicó el congresista Marco Arana.
El legislador del Frente Amplio, quien preside el subgrupo, sostuvo que el documento será entregado a la Comisión Permanente.
Ello porque, precisó Arana, el subgrupo solo planeta un insumo, pero no decide, porque esta determinación le corresponde a la Comisión Permanente.
“El contralor entiendo que ha pedido poder presentarse para hacer sus descargos. La Comisión Permanente tiene todo el derecho de acoger para garantizar el debido proceso”, señaló Arana a la prensa.
Asimismo, indicó que el grupo ha hecho una evaluación objetiva en base a las pruebas y evitó adelantar las conclusiones.
—Conclusiones—
El Comercio tuvo acceso a la primera versión del preinforme. Anoche, durante la sesión, se debatieron las conclusiones relacionadas a la compraventa de vehículos y la liquidación a una ex trabajadora de la contraloría.
Por ambos casos, se recomienda la remoción.
La primera conclusión del borrador precisa que Alarcón incurrió en falta grave al llevar a cabo actividades lucrativas con la compra de automóviles. De esta forma, indican, cometió una falta grave al transgredir la Ley Orgánica de la contraloría.
La segunda conclusión se refiere al supuesto pago de beneficios en el 2010 a la entonces trabajadora Marcela Mejía, quien ocupaba el cargo de tesorera.
“El grupo de trabajo afirma que se han transgredido el numeral 2 del artículo 8 del Código de Ética de la función pública y la Ley 30294, y consecuentemente el grupo de trabajo considera que estos son elementos suficientes [...] por lo que se recomienda su remoción”, se lee en el borrador.
Respecto a este punto, Arana indicó que ha requerido información a Alarcón sobre el programa de liquidación por mutuo disenso de la contraloría, la modalidad que habría sido aplicada en el caso de la ex tesorera.
El subgrupo de la Comisión Permanente, además, considera una falta grave y motivo de remoción la presunta coacción hecha al auditor Walter Grados Aliaga, quien denunció el año pasado ante el Congreso la sospechosa compraventa de autos que hacía Alarcón.
En otra conclusión, indican que Alarcón también debería ser removido por las operaciones comerciales que hizo con un proveedor.
