Módulos Temas Día

Más en Política

“Las cárceles se están convirtiendo en bombas de tiempo”

Afirma que las organizaciones criminales están siendo dirigidas desde los penales y que eliminar beneficios y aumentar penas no soluciona nada

Jorge Chávez Cotrina

Chávez Cotrina considera que, si hay jueces y fiscales que violan la ley, “deben ser tratados como delincuentes”. (Foto: Lino Chipana/ El Comercio)

Archivo El Comercio

En esta entrevista, el fiscal a cargo de la lucha contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina,  aborda las diversas acciones para combatir a las mafias en nuestro país.

—Los megaoperativos han sido un gran avance desde el 2016, pero en abril solo hubo uno. ¿Qué pasó?
Hasta el 31 de diciembre del año pasado nosotros habíamos pasado la valla de los 100 megaoperativos. Hacíamos dos por semana. La meta para este año era llegar mínimamente a 100. Pero la venida del Papa y la caída del presidente Kuczynski con la renovación de todo el Gabinete llevaron a un congelamiento. Pero ya estamos coordinando con el ministro [Mauro] Medina, y la semana ante pasada hemos tenido dos operativos grandes, en Huaral, con 51 intervenidos y en Barranca con 18 detenidos. La policía está reforzando el trabajo de inteligencia. Ellos me han manifestado que tendremos como mínimo 85 operativos este año.

—Pero la semana pasada no hubo ni uno…
El viernes detuvimos a cinco falsificadores e incautamos diez millones de dólares falsos. Ya estamos retomando el ritmo. Tenemos en cartera uno en Puerto Inca. Esta semana vamos a hacer uno en Pucallpa.

—Ahora, estos megaoperativos son costosos, ¿hay presupuesto para eso?
Bueno, ese es uno de los grandes problemas. En cada operativo estamos invirtiendo alrededor de 300 a 400 mil soles, pero nos han dado solo 3 millones este año para eso. De enero a la fecha hemos hecho más o menos 12. Entonces, ya no llegamos ni a junio. Necesitamos 15 millones de soles para ir a un ritmo de dos megaoperativos a la semana.

—¿Ya los han pedido?
Hemos tenido una reunión hace tres domingos conjuntamente con el doctor Pablo Sánchez con el primer ministro. Nos ha pedido que hagamos un presupuesto para ver si nos dan un crédito suplementario. Si no nos dan presupuesto se acabaron los megaoperativos.

—Se publicó en este Diario una nota que señala que la usurpación de tierras en la costa se está expandiendo. Eso significaría que los megaoperativos no son suficientes…
Es que los operativos se realizan recién con este gobierno. Los delitos de usurpación de terrenos tienen vieja data.

—Pero si han detenido, según veo, a 1.630 personas vinculadas a organizaciones criminales, y hay 1.193 que están con prisión preventiva, la usurpación debería estar bajando. Salvo que sigan actuando desde las cárceles…
No hay un solo megaoperativo en el que no encontremos vinculación con gente que está en prisión. O sea, desde las cárceles están dirigiendo las organizaciones criminales. En todos los operativos hemos tenido que ir a los penales a hacer allanamiento de celdas, porque de las escuchas telefónicas de inteligencia sacamos que desde las cárceles coordinan los delitos. Ahí tenemos otro problema.

—¿Los sistemas de bloqueo de celulares no funcionan?
No, porque si no cómo explicamos que desde las cárceles estén coordinando los delitos.

—De nada sirve capturar a esta gente si luego...
No hay forma. Falta una política penitenciaria para clasificar bien a los internos. El Código de Ejecución Penal dice que debemos clasificar a los presos en primarios y reincidentes, de poca peligrosidad y de máxima peligrosidad. Pero ocurre que todos están mezclados, de modo que las cárceles se han convertido en una escuela del delito. Y esto porque tenemos una errada política criminal de Estado, según la cual enfrentar al crimen organizado se reduce a tres cosas: inventar tipos penales, aumentar penas y eliminar beneficios penitenciarios. Entonces, al eliminar beneficios penitenciarios las cárceles se están convirtiendo en bombas de tiempo, porque estamos metiendo gente y no está saliendo gente, y menos reeducada. Es un círculo vicioso, porque con un hacinamiento creciente no hay forma de reeducarlos ni de resocializarlos. Tampoco entiendo por qué no se usan masivamente los grilletes electrónicos para los primarios. Actualmente no pasan de 10 personas con grilletes…

—¿Con el nuevo Código Procesal Penal no iba a disminuir la gente en la cárcel?
No, porque casi todos van a prisión preventiva. Se abusa de eso. Aumentar las penas tampoco resuelve nada. Inventaron el tipo penal de feminicidio cuando hay asesinatos por lucro, por violencia y por alevosía, que es lo mismo. ¿Se han reducido los feminicidios en este país? No. Necesitamos una política de prevención, y eso depende de toda la sociedad, depende de todos los ministerios, de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo no veo un spot publicitario que alerte cómo los niños deben protegerse frente a la trata de personas o contra el narcotráfico.

—Bueno, con la ley Mulder, si se aprueba, será imposible… Alguien tendría que persuadir a los medios que lo hagan de manera gratuita…
En este país el que dirige todo es el presidente de la República. Entonces el presidente debería convocar a los medios de comunicación a que pongan su granito de arena y darle al Estado, que no tiene plata, uno o dos minutos de sus spots publicitarios para hacer campañas contra la trata de personas, contra el feminicidio, contra las drogas. Porque aumentas las penas, pero los delincuentes no leen el código. ¿Cómo se van a enterar que cambiaron las penas? A través de un anuncio en la televisión.

—Ahora, ¿ustedes tienen alguna manera de calcular en qué porcentaje ha bajado la criminalidad organizada con estos megaoperativos, si es que ha bajado?
Es difícil, porque a veces nos pasa como en el norte chico, donde golpeamos a Los Monos de Quepepampa, y los que estaban arrinconados por ellos emergen. Cuando ellos caen, los otros suben. Pero en Barranca hemos golpeado a las dos organizaciones que quedaban fuertes. Esperamos que con eso la sensación de inseguridad disminuya. Yo he estado en Tumbes, en Piura, en Chiclayo y Trujillo, y sí se siente la percepción de la población diciendo que están haciendo algo, ya no es como antes.

—Tenemos el caso emblemático de los Rucos de Chilca, presuntamente liderados por el propio alcalde de ese distrito. Pero resulta que en San Bartolo, Chilca, Pucusana habría tres grupos mafiosos que han usurpado grandes extensiones que ahora quieren legalizar a través del sistema de justicia. Y querrían lanzar como candidato a la municipalidad a una persona que acaba de salir de la cárcel y que ya estaría amenazando a otros candidatos…
Tenemos, justamente con la policía, equipos de inteligencia que están viendo toda la franja costera. Yo espero que en el transcurso de los meses podamos llevar a cabo operativos en esas zonas también. Lo cierto es que donde hay delitos de usurpación de terrenos siempre hay un alcalde o un funcionario de la municipalidad que formaliza la usurpación. ¿Cómo evitar eso? La ONPE debería exigir el presupuesto y quiénes lo financian antes de la campaña, no después.

—En muchos megaoperativos se detiene a policías involucrados, pero nunca se ve a ningún fiscal ni juez detenido. Esto se debe al artículo 454 del Código Procesal Penal que protege a los fiscales y a los jueces y entonces la policía no los puede denunciar. Hay impunidad...
Es verdad. Los fiscales y jueces no pueden ser denunciados directamente salvo que estén en flagrante delito; tienen que pasar por control interno. Y eso para mí es muy frustrante porque muchas veces tenemos escuchas o seguimientos de fiscales y jueces y cuando queremos operar lamentablemente tenemos que remitir copias al órgano de control interno, porque es el único que puede investigar y formular acusaciones contra ellos. Cuando mis fiscales provinciales me dicen: “Doctor, tengo esto contra este fiscal, contra este juez, y quisiéramos detenerlo”, nos sentimos frustrados, porque la ley no lo permite. Yo creo que si un fiscal y un juez han delinquido deben ser tratados como delincuentes; no puede existir un procedimiento especial, porque eso genera impunidad y siguen trabajando.

—Y además, entiendo que las fiscalías de control interno terminan blindando a estos fiscales, y en algunos casos los policías que denuncian terminan siendo acusados…
Bueno, a la fecha hemos hecho varios informes en Tumbes, por ejemplo, y en Piura, a los fiscales superiores de control interno, y no hemos obtenido resultados. Entonces la pregunta es ¿qué están haciendo ustedes? Apóyennos en limpiar la casa.

—¿Se justifica el pedido de prisión preventiva solicitada por el fiscal Carrasco para Edwin Oviedo en el Caso Los Wachiturros?
Mire, yo no conozco los detalles. Si el doctor Carrasco está pidiendo prisión preventiva es porque dentro de su hipótesis de investigación ha reunido los suficientes elementos de convicción para pedir prisión preventiva, si no, no lo haría.

—Pero también se dice que el otro grupo –mafioso– que disputa con el grupo Oviedo la administración de Tumán y Pucalá, que sería aun más agresivo, podría estar manipulando al fiscal e incluso a la policía…
Mire, con los controles que hay en la prensa, es bien complicado que un grupo trate de manipular al fiscal. Yo conozco al doctor Carrasco, es un fiscal serio. Yo he conversado con él sobre este tema y me ha dicho que tiene suficientes elementos de convicción que involucran al señor Oviedo y por eso está pidiendo su prisión preventiva. Yo lo único que le he dicho es: tú eres el responsable del caso y si tienes elementos de convicción tienes que actuar con la valentía que tiene que actuar un fiscal, porque aquí nosotros no le tenemos miedo a nadie.

—Ahora, se ha detenido a 1.637 personas vinculadas a organizaciones criminales, y de ellas solo 143 tienen sentencias condenatorias. Si están siendo procesadas con el nuevo Código Procesal Penal, ¿por qué la demora?
En Trujillo, por ejemplo, tenemos un problema porque cuando uno presenta la acusación, para ir a la audiencia de control se demoran dos, tres meses y de ahí para empezar el juicio se demoran otros tres, cuatro meses, y los procesos terminan teniendo una audiencia por semana. Y esto porque realmente ya el Poder Judicial ha colapsado, le faltan jueces. Ese es problema.

—¿Cuál debe ser la estrategia en el Vraem? ¿No debería estar en manos de la policía?
En el Perú hay tres focos vinculados con el narcotráfico: el Vraem, el trapecio amazónico que está en Iquitos, y el puerto del Callao. Necesitamos una estrategia diferenciada para cada foco. Recién este año hemos formado equipos especiales de fiscales contra el crimen organizado que van a trabajar exclusivamente con los equipos especiales de la Dinandro. Por eso es que nuestro primer golpe lo hemos tenido con la tonelada de droga que hemos encontrado en San Juan de Lurigancho.

—En relación con el tema del puerto del Callao, los contenedores deberían tener precintos electrónicos, debería haber más escáneres…
Actualmente pasan por los escáneres solo los sospechosos. Entonces, de mil contenedores pasarán 2 o 3, porque no tenemos, pues, la logística necesaria. El Estado tendría que invertir mínimamente 500 millones de soles al año para fortalecer fiscalías, juzgados, la policía operativa, y adquirir todos los aparatos electrónicos modernos para poder enfrentar la salida de la droga. Pues con un presupuesto que no alcanza ni para los gastos ordinarios en el Ministerio Público es difícil, pues, luchar contra el crimen organizado.

“Deberíamos tener cárceles distritales”

—¿Va a haber un cambio de estrategia en el Vraem?
Estamos haciendo nuestros grupos especiales de fiscales con la Dirandro y ya tenemos identificadas a algunas organizaciones a las que estamos haciendo seguimiento con todas las técnicas de investigación para que, en su momento, podamos intervenir.

—¿Y las columnas de los hermanos Quispe Palomino dentro de qué calzan? ¿Ustedes investigan eso?
Lo que tenemos que entender es que los Quispe Palomino no son terroristas, sino narcotraficantes. Entonces, la lucha contra ellos tiene que ser una estrategia contra las drogas y no contra el terrorismo. En eso estamos trabajando actualmente con la policía y con la Dinandro.

—La trata de personas es un problema creciente en el sur, ¿no?
Madre de Dios es un drama para el país, La Pampa es tierra de nadie. Ahí se cometen delitos de narcotráfico, minería ilegal y sobre todo explotación sexual de menores. Pero no hay presupuesto para la trata. Yo he lanzado una idea: si gravan a un pasaje aéreo internacional con un dólar y un pasaje aéreo nacional con medio dólar para la lucha contra la trata de personas tendríamos casi 20 millones al año y a nadie le va a afectar un dólar más y un dólar menos en un pasaje aéreo. El Congreso de la República tiene que sacar una norma para crear este tributo. Este dinero entraría para fortalecer a la policía, pero sobre todo para fortalecer los albergues de las niñas rescatadas que no existen. De nada sirve que rescatemos a las víctimas si no tenemos dónde ponerlas.

—Hay un problema de impunidad con la delincuencia común. Los capturan y los liberan porque no hay atención primaria de la justicia penal: tener en cada distrito de Lima un fiscal, un juez y una pequeña carceleta donde usted pueda castigar una semana o un mes…
El Ministerio Público está creando fiscalías distritales. Pero no hay un juez. Entonces, cuando detienen tienen que venir al juez de Lima, absurdo. El Poder Judicial tiene que sumarse, y deberíamos tener cárceles distritales para no dejarlos libres, tenerlos un mes o dos meses presos, hacer una resocialización con psicólogo, enseñando cualquier tema práctico. Eso significa, pues, presupuesto.

—No tanto, porque las municipalidades ponen el local…
Es verdad. Lo que necesitamos entonces es que haya decisiones políticas.

Leer comentarios ()

SubirIr aúltimas noticiasIr a Somos
Ir a portada