César San Martín al Congreso: “Los presos no son redituables políticamente” | Entrevista

El juez supremo César San Martín, quien en representación del Poder Judicial sustentó ante el Congreso de la República el proyecto para el deshacinamiento en los penales ante la pandemia del coronavirus, dijo que le dolía la decisión del Parlamento de rechazar la propuesta y consideró que el Ejecutivo puede pedir facultades para legislar sobre la materia.

¿Cómo han tomado que la decisión del Congreso de archivar los proyectos para el deshacinamiento de los penales ante la pandemia?

Como usted sabe, se presentaron dos proyectos: uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial. La Comisión de Justicia escuchó al ministro de Justicia y a mí, como representante del Poder Judicial. Luego, elaboró un proyecto sustitutorio que tuvo un dictamen en mayoría y otro en minoría. Fue al pleno y allí, lamentablemente, se han ido sucediendo, en el curso de los debates, la elaboración de sucesivos cambios al proyecto en mayoría. (En el pleno) finalmente, no se pusieron de acuerdo, y los que habían aprobado el proyecto, que eran mayoría; finalmente decidieron no apoyar (el texto) por diversas razones que no alcanzo a entender.

Organizaciones internacionales y nacionales han pedido acciones inmediatas sobre el deshacinamiento penitenciario por el Covid-19; y ya el Congreso decidió archivar las iniciativas…

Lo que hemos dicho siempre es que las medidas frente al hacinamiento, como proyecto estructural y frente a la Covid-19, son un tema de urgencia de salud y que genera un problema de derechos humanos. Para ser eficaz, tendría que ser desde una norma con rango de ley. Nos llama la atención (la decisión de archivo), nos duele, porque creo que hay un problema irresuelto que debe de abordarse desde el Congreso, y me temo que si esto no se hace en el tiempo necesario y prudente, los problemas de la pandemia se van a agudizar en los penales, más allá del trabajo que está haciendo el Inpe para tratar de paliar los problemas.

¿Usted cree que, sin una solución de las autoridades, se agravaría la situación de los penales ante esta coyuntura?

Si es que las soluciones de deshacinamiento no se presentan y el Covid sigue ascendiendo en los penales, pues desde luego el riesgo para la vida de las personas internas y de los trabajadores del Inpe se va a incrementar exponencialmente. Es un simple tema de estadística y por eso era urgente enfrentar legislativamente el tema, bajo la noción de excepcionalidad, de temporalidad. Hay que hacer algo ya.

¿Era el momento de abordarlo?

Claro, aquí y ahora. Ya se pensará luego en trabajar los problemas estructurales del hacinamiento de los penales, ya se trabajará luego del por qué las cosas están como están. Pero lo que tenemos que hacer -y lo ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo- es tratar de aligerar la carga en la plaza de internos en la medida de lo posible; lo que demanda medidas excepcionales que se plantearon en los proyectos de ley que lamentablemente no fueron acogidos. Hay un problema de derechos humanos y la ponderación entre la seguridad pública y la vida de los internos, tiene que ser preferente diseñada en la salida en favor de la salud y evitar la muerte o problemas de salud del personal penitenciario y de los reclusos.

Pero son muchos cambios los que necesita este tema del deshacimiento penitenciario …

Todo lo anterior no quita que se tiene que formular y potenciar el tema de las políticas sanitarias al interior de los penales con recursos tecnológicos, humanos y sanitarios y generar áreas de aislamiento. Lo importante es dar instrumentos, porque cuando tenemos un nivel de hacinamiento que nos coloca en el cuarto de América Latina, es muy difícil manejar el tema de políticas sanitarias al interior de los penales. Sobre esa realidad y sobre esa urgencia debe ponderarse las situaciones de salud pública, seguridad pública y respuestas inmediatas. Estas situaciones siempre son dramáticas, siempre van a generar conflictos y problemas, pero siempre hay que hacer algo, prefiero hacer algo a no hacer nada, que sería lo peor.

¿Cuando le preguntaba si “ahora” era el momento para reformar el sistema penitenciario, se debe priorizar el deshacinamiento de la misma manera en que se hizo en el sector salud y educación, teniendo en cuenta que somos el cuarto país de América Latina con sobrepoblación penitenciaria?

Pero claro, es un tema de proteger la vida. Todo preso, por el hecho de estar preso, es vulnerable ¿no es cierto? Y debe trabajarse un plan de emergencia, rápido y eficiente; con independencia. Y conexo con ese plan de emergencia tiene que seguirse un plan de política de descongestión de penales, con esa cantidad de gente no se puede trabajar correctamente, no va a ser eficaz la salida que plantea la ciencia y las políticas de sanidad que se están implementando. A los problemas excepcionales, soluciones excepcionales.

Hay sectores políticos y sociales que cuestionan estos proyectos, alegando que se podrían excarcelar a personas peligrosas y también a condenados o procesados, por grave corrupción…

Eso está claro y yo entiendo, pero uno le puede replicar que si no se hace nada, van a morir personas. Todo pasa por generar regulaciones que tomen en cuenta la seguridad pública y para eso está la lógica de delitos exceptuados y factores de riesgo o comorbilidad. Ya sabemos quiénes son la población riesgosa, mayores de la tercera edad, con enfermedad crónica, mujeres embarazas, mujeres con hijos lactantes y pequeños. Luego hay que ver también los penales; cuáles es su nivel de plazas, cuántos enfermos hay, su porcentaje epidemiológico; todo eso hay que pensar para evitar que quienes salgan en libertad puedan huir; y para eso está por ejemplo, el grillete electrónico que se llama jurídicamente vigilancia electrónica personal. Todo eso puede servir que para que los procesados no perturben el proceso.

Pero existe un peligroso sobre quiénes podrían ser liberados…

Yo entiendo; y de hecho en las regulaciones postuladas (en los proyectos de ley) estaban considerados como no aplicables a personas con delitos de pena capital, en el caso cadena perpetua, delitos de hasta penas con 20 años de privación de libertad, delitos de crimen organizado y dentro de ellos está terrorismo, secuestro agravado, robos agravados, también lo que se refiere a corrupción en una lógica de delincuencia organizada. Todo estaba previsto, estaba claro. Riesgos siempre habrá, errores habrá, pero la política implica opciones y estas opciones tienen candados que serían razonables para los peligros y preocupaciones de un sector de los señores congresistas. Pero, nosotros hemos fijado nuestras ideas hasta donde nos corresponde, todo está ahora en la cancha del Poder Legislativo para que, si no le pareció lo que hizo su Comisión de Justicia, pues tienen que avocarse a dar otras soluciones, pero ya.

El deshacinamiento penitenciario parece ser una papa caliente para el Legislativo. Esto no genera réditos políticos..

Sí pues, hay un tema que es claro ¿no? Los presos no son redituables políticamente. Está la demonización del preso, pero yo creo que, con independencia de esa observación, tiene que hacerse algo. No hacer nada es condenar a la muerte y a serios riesgos a esta población que son más de 97 mil personas. No todos van salir, desde luego, pero se requiere contemplar el problema.

Precisamente, no todos van a salir y sobre ello hay un cuestionamiento actual. Están saliendo los que pueden pagar a grandes estudios de abogados, como los procesados por Lava Jato y Cuellos Blancos, pero no los presos comunes que quizá cometieron un delito menor, pero no tienen dinero para solventarse una defensa…

Por eso, en la legislación que se propuso al Congreso, estaban medidas de oficio, revisiones de todas las causas, criterios objetivos para evitar que la discrecionalidad sea tan amplia que genere lagunas de impunidad. Casualmente por eso es que faltan leyes claras y les hemos propuesto leyes claras, y desde el punto de vista de igualdad material, la ley debe cumplirse y por consiguiente para todos deben haber criterios homólogos, claros y precisos bajo una legislación que apoye niveles de transparencia en cuanto a los presupuestos en los que procede y en los que no procede.

¿En caso que el Congreso no quiera promover el deshacinamiento de los penales en esta emergencia, el Ejecutivo podría emitir, motu propio, alguna ley?

El gobierno ha considerado que dentro de las facultades delegadas que le entregó el Poder Legislativo no está una línea de excarcelaciones como la que correspondería hacer, con independencia de que estemos o no de acuerdo, entonces presentó un proyecto. Desde el Congreso hubieron voces que dicen que sí se le dieron facultades, pero ellos han insistido en que no hay claridad en el mandato, bueno pues…

¿Usted cree que el Ejecutivo debería solicitar dicha facultad ya que sostienen que no se le otorgó?

Siempre es posible hacerlo, pedir la ampliación tanto de tiempo de facultades delegadas como de materia. Si el gobierno considera que no tiene facultades precisas sobre este tema (seshacinamiento penitenciario), pues que las pida; a menos que estime que es un tema que merece mejor la intervención de la representación nacional. Aquí ya estamos pues ante perspectivas en las que me preocupa que estas sutilezas jurídicas se estén dando cuando ya estamos en el día 62 y no se ha hecho nada en lo que respecta a una política legislativa alternativa. Ojalá que el gobierno se ponga de acuerdo con el Congreso, fijen criterios razonables y se de una legislación a tono con la exigencia del país.

¿Está en manos de ellos este tema?

Ellos tienen la llave para dar una salida al problema, no creo que la salida sea no dar legislaciones. Porque el Covid no espera, ataca a todos, cruza toda la sociedad, de arriba abajo, de este a oeste. Esperemos que sea, no un llamado de atención; sino un pedido para que tomen en cuenta el problema y se enfrente con una vocación de consenso amplio y flexible para dar una solución a este problema tan grave y trágico.