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Los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García, así como la primera dama Nadine Heredia, han demostrado que, al margen de su antagonismo político, a la hora de enfrentar una investigación incómoda las diferencias quedan de lado.
Los tres tienen en común que no han dudado en recurrir a procesos constitucionales, como el amparo y el hábeas corpus, para bloquear las investigaciones, ya sea del Congreso o de la fiscalía, que puedan comprometer su futuro político.
La última en recurrir a estas medidas es la esposa del presidente Humala. El 23 de julio presentó una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima para ser excluida de las investigaciones de la Comisión Belaunde Lossio.
Y en febrero, Heredia recurrió a un hábeas corpus para archivar la investigación preliminar que le abrió la fiscalía por presunto lavado de activos.
Con menos suerte, el ex presidente Toledo presentó en setiembre del 2013 un hábeas corpus contra la Comisión de Fiscalización que lo investigaba por el Caso Ecoteva. La intención del líder de Perú Posible era ser excluido de las pesquisas que había iniciado el Congreso. Sin embargo, en enero del 2014, ese recurso fue rechazado.
En total son tres los hábeas corpus de Toledo que el Poder Judicial rechazó. Aun así, su defensa insistirá en presentar una cuarta demanda, esta vez contra las investigaciones fiscales.
El ex presidente García tampoco se queda atrás. En junio del 2013, presentó una acción de amparo contra la denominada megacomisión que lo investigó, pese a que en el 2012 declaró que no se defendía con ese tipo de recursos “ni con llantos”. La mencionada comisión, según García, no respetaba el debido proceso. Sus defensores aseguraban que el propósito detrás de esa investigación era inhabilitar políticamente a su líder. En septiembre del 2013, un juez constitucional declaró fundada esta medida y anuló parcialmente las investigaciones a García.
El propio presidente Ollanta Humala constituye un antecedente de la utilización de un proceso constitucional para evitar un juicio. En abril del 2008, la Tercera Sala Penal lo excluyó del proceso por el ‘andahuaylazo’ tras admitir su hábeas corpus. ¿Los líderes políticos están abusando de este mecanismo de defensa para no ser investigados?
Desnaturalizando el recurso
El constitucionalista Samuel Abad precisa que, si bien los procesos constitucionales están destinados a proteger derechos fundamentales, se vienen dando casos de abuso para evitar mecanismos de control como las investigaciones en el Congreso o la fiscalía. “La idea es que estos recursos sean utilizados cuando ya no queda nada más que hacer, y siempre y cuando haya una manifiesta violación de derechos. De lo contrario, se terminan alterando las competencias”, afirma.
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