Gasolinazo: las claves del caso por el que Edwin Donayre fue condenado

La Policía Nacional capturó este miércoles en Puente Piedra al destituido congresista Edwin Donayre, quien se encontraba prófugo desde el 2 de mayo de este año, cuando el Poder Judicial ordenó su ubicación y captura.

El militar en retiro permaneció inubicable casi medio año. Por él se ofrecía una recompensa de S/100 mil por información sobre su paradero. Su rastro se perdió pocos días antes de que el pleno del Congreso aprobara el 2 de mayo su desafuero y le levantara su inmunidad parlamentaria para que cumpla la sentencia de cinco años de prisión por el delito de peculado que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó en segunda instancia.

A continuación, detallamos el caso por el cual Edwin Donayre fue condenado a prisión y cómo se llevó a cabo su proceso judicial.

1. El Gasolinazo

El caso, bautizado como ‘Gasolinazo’, está referido al robo de combustible que se hizo a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur durante el año 2006, cuando el ahora capturado excongresista se desempeñaba como comandante general de la Región Sur del Ejército Peruano.

De acuerdo a la acusación de la fiscalía, Edwin Donayre y otras 40 personas (entre militares y civiles) inventaron una supuesta necesidad de mayor combustible para justificar la aprobación de dotaciones extraordinarias de petróleo y gasolina de 84 octanos. El combustible adicional fue vendido luego a los grifos de la zona para beneficiarse económicamente. Según la acusación, el valor del combustible robado habría ascendido a S/2 millones 571 mil.

Las denuncias sobre ese caso se iniciaron en el 2007 y el proceso judicial marchó lentamente y estuvo estancado durante mucho tiempo. El juicio oral se inició recién el 6 de octubre del 2015, cuando Donayre todavía no postulaba al Congreso.

2. La primera sentencia

Finalmente, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima lo condenó el 27 de agosto del 2018 a cinco años y seis meses de prisión efectiva al encontrarlo responsable del delito de peculado.

“Está probado que [Donayre] recibió combustible excepcional […], que tal combustible fue parcialmente desviado. No todo el combustible ingresó a la Región Militar Sur”, indicó la sentencia.

Además, se concluyó que Donayre Gotzch no podía desconocer los hechos delictivos puesto que fue él quien hizo la posterior “regularización” de las solicitudes del combustible, las que incluso fueron sustentadas inadecuadamente.

A ello, se sumó que trató de obstaculizar las investigaciones de inspectoría del Ejército, llevándose documentación sobre la distribución de la gasolina e incinerándola.

En esa primera instancia de la sentencia, hubo diez condenados. El procesado Donayre en todo momento negó culpabilidad y aseguró que era inocente.

3. Confirmación de la condena en segunda instancia

El entonces congresista de Alianza para el Progreso interpuso un recurso de nulidad para que la Corte Suprema revise su sentencia. Sin embargo, la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial confirmó el 29 de abril del 2019, en última instancia, la sentencia condenatoria que le impuso la Segunda Sala Penal Liquidadora. Solo reformó la sanción y la rebajó seis meses. La condena que debía cumplir ahora era cinco años de prisión.

La sala ratificó la condena no solo de Donayre, sino también la de otros siete procesados como autores paralelos del delito de peculado: el ex comandante general del EP, César Augusto Reinoso Díaz (6 años), Roberto Vértiz Cabrejos (5 años), Luis Cusi Najarro (4 años y 6 meses) y Luis Torrejón Riva (5 años).

Lo propio se hizo con Alex Robertson Cáceres (4 años y seis meses) y Helí Martos Rojas (4 años de pena suspendida). Fueron absueltos Ofir Sánchez Lavado, Ronald Aburto Sánchez y Carlos Robles Moreano.

El tribunal supremo también dispuso que todos los condenados paguen la suma de S/2.5 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Igualmente, la sala suprema dispuso remitir copias certificadas a las comisiones de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema y del Congreso para que se disponga el levantamiento de su inmunidad de arresto para poder ejecutar la condena. El pleno del Congreso acordó con 102 votos a favor el levantamiento de la inmunidad, como ya se señaló, el 2 de mayo.

4. Demora en el Congreso

En agosto del 2018, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima condenó a Donayre a cinco años y medio de prisión. El Poder Judicial solicitó en reiteradas ocasiones al Legislativo que le retire la inmunidad con el fin de que se ejecute la sentencia. En la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria hubo muchas demoras que impidieron que se llevara adelante el proceso para retirarle la inmunidad. Primero se regresó el oficio al Poder Judicial, luego se acordó pedir una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, la cual estuvo más de 50 días sin dar respuesta. Recién el 3 de abril la solicitud se admitió a trámite.

En realidad, desde que la Corte Suprema hizo su primer pedido para quitarle esta prerrogativa tras la sentencia dictada, el Congreso demoró exactamente 231 días en resolverlo, luego de varias marchas y contramarchas. Ahora, ya capturado, Edwin Donayre ya no podrá eludir el cumplimiento de la condena que le impuso el Poder Judicial.