La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato, a través del cual se demandó un incremento en el monto de la reparación civil de Carlos José Campusano Dulanto, investigado por el caso “Bonos Soberanos” que se sometió a un proceso de terminación anticipada.
En diciembre de 2020, el Tercer Juzgado de la Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios aprobó, mediante una sentencia, el acuerdo de terminación anticipada de Campusano Dulanto y había fijado el pago de su reparación civil en S/ 50 mil.
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La Procuraduría apeló dicha sentencia respecto al monto fijado, pero la decisión fue confirmada en segunda instancia. Por ello, la procuradora ad hoc Silvana Carrión interpuso un recurso de casación ante de la Corte Suprema solicitando que se incremente a S/ 750 mil la reparación civil que debía pagar Campusano Dulanto.
El pasado 24 de abril, tras una audiencia pública, la Corte Suprema declaró fundado el recurso planteado por la abogada del Estado y revocó el monto inicial establecido en la sentencia de primera instancia.
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Con ello, se fijó en S/ 500 mil el nuevo monto de reparación civil que deberá pagar Campusano, más los intereses legales acumulados “desde la fecha en que se produjo el daño”.
De acuerdo a la acusación fiscal, en el primer semestre del 2014 los hermanos Samuel y Carlos Campusano Dulanto ofrecieron a Renato Ribeiro Bortoletti, exdirectivo de la empresa brasileña Odebrecht, utilizar sus influencias en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el trámite de emisión de bonos soberanos por un valor de S/ 177 millones.
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La emisión de bonos generó el desembolsó de este dinero y sirvió para que el Gobierno Regional del Cusco pague la deuda que tenía con Odebrecht por la construcción de la Vía de Evitamiento de esa ciudad.
Según lo indicado en la audiencia pública de control de acusación, en este proceso se encuentra el testimonio de Carlos Campusano, quien señaló que Pedro Valentín Cobeñas Aquino, funcionario del MEF, habría recibido de su hermano Samuel Campusano entre S/100 mil y S/ 150 mil a cambio de realizar gestiones y brindar autorizaciones para que se haga efectiva la emisión de los bonos.
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Este caso se inició en el 2017 por la colaboración eficaz de Odebrecht. En noviembre de 2020, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó ante el Poder Judicial el requerimiento acusatorio y, actualmente, el caso se encuentra a la espera del inicio del juicio oral.
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