Caso Los Cuellos Blancos: Las pugnas entre los fiscales que divide la investigación

Unidad de Investigación

Las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro se habían mostrado en los últimos dos años como la dupla que le hacía frente a los Cuellos Blancos del Puerto. Unidas. Imperturbables. Esa imagen de unión ha pasado a ser historia en menos de un mes: ahora están enfrentadas y el liderazgo de esta pesquisa, así como su avance, son cada vez más inciertos.

El Comercio ha podido documentar las últimas acciones y cuestionamientos entre los investigadores de este llamado equipo especial del caso Los Cuellos Blancos, también conformado por el fiscal supremo provisional Jesús Fernández. Mientras tanto, nuevos operativos contra esta mega investigación siguen en suspenso.

Pedidos en 24 horas

El pasado 9 de septiembre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió nombrar a Castro coordinadora a nivel provincial de las fiscalías a cargo de Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, desde el 5 de noviembre del 2019, según pudo verificar este Diario, la fiscal Sánchez le había solicitado la “necesidad” de designar un fiscal coordinador.

El nombramiento ocurrió días después de que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público abriera una indagación preliminar de oficio -la primera- contra Sánchez por la presunta infracción a sus funciones. El origen fue el chat de WhatsApp difundido por el programa “Panorama”, en el que la fiscal conversa con Carlo Magno Salcedo, abogado del Partido Morado. En este, Salcedo le consultó a Sánchez sobre una llamada de la fiscalía que recibió su patrocinado Julio Guzmán para enviarle un documento. “No se trata de cualquier chat, no podemos ponernos una venda en los ojos ni tampones en los oídos. Es el asesor de un partido político”, dijo Castro el lunes en Canal N.

El mismo día que salió el nombramiento, empezaron los pedidos de Castro que han terminado en otra investigación -la segunda- del Órgano de Control Interno contra Sánchez también por presunta infracción a sus funciones. Ese 9 de septiembre, la nueva coordinadora hizo “una visita protocolar” a Sánchez y envió un oficio para solicitarle que en un plazo de 24 horas remita el número de carpetas que existen “debiéndose informar el número de procesos especiales con el que cuenta cada carpeta”. Es decir, incluidos los procesos de colaboración eficaz.

En ese momento empezaron los oficios de ida y vuelta: Castro reiterando su pedido con carácter de “muy urgente” y con el plazo de 24 horas; Sánchez pidiendo precisiones y un plazo razonable. Por esto inició la segunda indagación preliminar contra Sánchez: “por no haber dado cumplimiento de manera oportuna y completa” a lo dispuesto por Castro.

En su resolución del 15 de septiembre, el órgano de Control Interno indicó que Sánchez envió el reporte, pero que Castro señaló que la información “no estaba completa, dado que requería principalmente los cuadernos reservados de colaboración eficaz de testigos en reserva y otros similares” que correspondan a cada carpeta a cargo de Sánchez.

Una semana después, el 23 de septiembre, Castro dispuso que al haber pasado diez días y Sánchez no entregaba lo requerido, “todas las carpetas reservadas” se mantengan bajo su custodia. Estas nuevamente tenían que ser entregadas en 24 horas.

El último pedido de Castro a Sánchez fue enviado el 28 de septiembre, bajo los mismos términos. “Hay algunas personas que no les gusta tal vez trabajar en equipo y es ahí donde se incomodan porque el trabajo tiene que ser coordinado. Por eso se llama equipo especial. El caso no es del fiscal, es de la institución. Ningún fiscal es indispensable”, dijo Castro el lunes en Canal N.

Este Diario buscó a la coordinadora, pero no atendió las llamadas ni los mensajes. También buscó a la fiscal de la Nación a través de su asesor de prensa y no tuvo éxito. En su última declaración sobre el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, Ávalos remarcó que lo que ha hecho es “fortalecer” y que “no ha sacado” a Sánchez. “Simple y llanamente está Sandra que ha trabajado esta investigación. Están trabajando a veces hay cuestiones personales pero que se tienen que ir limando”, respondió en Cuarto Poder.

Uno de los casos que, por orden de Castro, podría perder según Sánchez y pasar a manos de otro fiscal es la carpeta “madre” -como la llaman- en la que inicia Los Cuellos Blancos del Puerto y se han emitido más de treinta disposiciones. Otro importante caso -advierte Sánchez- es el que tiene su despacho sobre la infiltración de esta red en el Jurado Nacional de Elecciones. Para Sánchez, el empezar esta arista de la pesquisa “coincide en fechas” con todo lo que se ha iniciado en su contra. “Tengo derecho a decir con qué caos puedo quedarme porque conozco muy bien. No hay respeto al trabajo, al tiempo, al avance”, señala la ahora fiscal investigada.

La ampliación

La última decisión de la Oficina Desconcentrada de Control Interno ha sido el lunes 28, cuando decidió ampliar la investigación contra Sánchez. Esta vez porque se advertía que los fiscales superiores y supremos asignados a la investigación comunicaron a la Fiscal de la Nación que “enfrentan serias dificultades para avanzar sus indagaciones debido a que la fiscal Sánchez no suele responder a sus requerimientos de información”.

Según el documento, el fiscal supremo Jesús Fernández -quien pertenece al equipo especial- “se habría quejado” sobre la actuación de la fiscal Sánchez. “No se le habría comunicado que los exasesores del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Pablo Morales Vásquez y Miguel Torres Reyna estaban en condición de colaboradores eficaces”, señalan.

Hace un mes, Fernández pidió prisión preventiva contra Morales y Torres por el nombramiento presuntamente irregular de los fiscales Juan Canahualpa Ugaz y Armando Mamani Hinojosa. El fiscal supremo sostuvo que los elementos de convicción fueron admitidos por el Poder Judicial, así como la prognosis de pena, pero que fue por un tema de salud que se dispuso comparecencia con restricciones. La apelación a esta decisión le correspondía al fiscal supremo Pablo Sánchez. Sin embargo, según confirmó Fernández, el exfiscal de la Nación desistió de hacerla.

“No me he quejado [contra Rocío Sánchez]. He presentado un informe”, dijo Fernández a El Comercio. Aseguró que fue en agosto del 2019 y que no obtuvo respuesta de parte de Sánchez sobre la condición de Morales y Torres. Tampoco -señaló- le envío transcripciones de audios requeridas por su despacho. “Pedir la prisión no fue para perjudicarla, sino al contrario. Yo iba a corroborar que ellos cometieron un delito con la entrega de dinero. Es un apoyo ¿no? Es falso e incorrecto decir que mi estrategia está en contra de la fiscal Sánchez”, sostuvo Fernández. Para el fiscal supremo, “están tratando” de dividirlos y enfrentarlos. “Esto es una mafia, una organización criminal, es evidente que alguien quiere sacar provecho de esto”, agregó.

Sánchez señaló a este Diario que la versión de Fernández sobre sus pedidos no es cierta. “Sí le he contestado. Le dije que [los investigo] por organización criminal, no por el caso del fiscal Canahualpa. Ellos están en una carpeta reservada. Qué le costó llamarme para decirme que no le he precisado bien”, manifestó. “Las defensas sí coordinan. ¿Cómo no coordinamos los fiscales?”, se preguntó Sánchez. Sobre las transcripciones de los audios, indicó que tiene los oficios del grupo Constelación de la Policía para certificar que sí se atendieron sus pedidos. “Son un montón. Yo no soy su adjunta. [Algunos números] o no existían o el número no coincidía. Esos son los pedidos que dicen que no contesto. Si no existe o si son timbradas, ¿en qué aportan a su investigación?”, agregó.

El caso Cuellos Blancos es una investigación compleja porque no solo investiga a abogados, empresarios u operadores. También implica, por ahora, a un exjuez supremo como César Hinostroza, exjueces superiores, exfiscales. Por ello, quienes conforman el equipo especial no solo son fiscales provinciales -como Rocío Sánchez o Sandra Castro- sino que son superiores o supremos, como Fernández o Pablo Sánchez. Para el exfiscal supremo adjunto Avelino Guillén, esta “falta de coordinación y liderazgo” es responsabilidad de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y que ello “perjudica” la pesquisa.

“Nunca se ha tenido claro quién es el responsable del caso, quién es el vocero. Los jueces han hecho ver discrepancias en las estrategias de los fiscales. No hay un plan de trabajo, no tienen un objetivo. Este caso avanza como puede. Todo genera una sensación de caos y desorden que se van sentir más cuando se pase a la etapa de juzgamiento. A la fiscal de la Nación le corresponde poner orden”, precisó Guillén. “Si bien nadie es indispensable, debe valorarse que es lo mejor para la institución. La desunión favorece a la corrupción”, agregó.

El último documento que le ha llegado a la fiscal Rocío Sánchez ha sido una notificación de la Oficina de Control Interno para indicarle que un testigo quien tendría pruebas declarará en el proceso disciplinario por el chat del WhatsApp. “Nunca ha ocurrido esto”, aclara. “Tengo dos años y medio y las defensas no me han podido tumbar nada. Mi propia institución es la que me desacredita”, remarcó.

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