Casos que involucran a Vladimir Cerrón y otros exfuncionarios de Junín están en riesgo

Unidad de Investigación

El Subsistema Anticorrupción de Junín tiene a cargo investigaciones que involucran al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros exfuncionarios del partido. Una de ellas es la que se le sigue al suboficial Carlos Zárate Villalobos por la bonificación que recibía por parte del gobierno regional durante la gestión de Cerrón Rojas, a quien brindaba resguardo de manera irregular. También existe una pesquisa sobre las contrataciones que la familia del suboficial obtuvo con el Estado.

Otra, hace referencia al presunto delito de negociación incompatible en el que habría incurrido Vladimir Cerrón como gobernador al intervenir en el pago de una carta fianza por más de un millón de soles a favor de un consorcio.

Estos y otros casos de corrupción de funcionarios pendientes hace varios meses podrían verse afectados por la falta de recursos en el Subsistema Anticorrupción de Junín.

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En un documento de fecha 22 de octubre, al que tuvo acceso El Comercio, los fiscales anticorrupción declararon en emergencia su unidad por no contar con personal administrativo, fiscal ni peritos necesarios para la cantidad de casos que cada despacho maneja.

“Advertimos que la producción que se nos exige no responde a las condiciones de trabajo mínimas que debe brindarnos la institución”, se apunta en el oficio.

Entre los firmantes se encuentra la fiscal Bonnie Bautista del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y quien estuvo a cargo del caso Los Dinámicos del Centro; también los fiscales Carlos Mera, Víctor Lazo y Germán Lapa, del Primer, Tercer y Cuarto Despacho, respectivamente.

Los despachos están conformados por un fiscal provincial, dos fiscales adjuntos y 3 o 4 asistentes. Cada equipo tiene a cargo alrededor de 300 investigaciones que se encuentran en etapa preliminar o preparatoria, sin considerar los casos en etapa de juicio. De ahí que sostengan que existe una sobrecarga laboral.

Sin presupuesto

Un caso particular es lo que sucede en el primer despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción. En junio pasado, la ahora jueza María del Pilar Paredes dejó el cargo de fiscal adjunta. Han pasado casi 5 meses y no hay quien cubra esa plaza. No por falta de profesionales, sino por falta de presupuesto. Así consta en el documento que da respuesta al pedido del fiscal provincial Carlos Mera.

“Respecto al requerimiento de nombramiento de Fiscal Adjunto de su Despacho Fiscal […] nos han informado que no ha sido factible debido al déficit presupuestal y los recientes cambios normativos del Registro del Módulo Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Estado que administra el MEF”, se lee en el oficio remitido por el fiscal superior coordinador de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, Ramón Vallejo.

Eso ha generado que las pesquisas recaigan sobre 11 y no 12 fiscales, como sucedía antes. A fin de abordar este tema y otras demandas, se programó una reunión para el 8 de noviembre con el Coordinador Nacional de las Fiscalías especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el fiscal superior Omar Tello. Sin embargo, esta fue postergada y hasta el cierre de este informe, según fuentes de la fiscalía, no se ha confirmado una nueva fecha.

Otras demandas

Existen otras carencias expuestas como la falta de peritos. En el documento, se indica que “la carga procesal ha superado la capacidad operativa” de estos, debido a que cuentan solo con 3 peritos ingenieros civiles y 3 peritos contadores públicos. El pedido es que se contrate a más especialistas.

Fuentes de la fiscalía confirmaron a este Diario que el trabajo es insostenible y que existen casos aún no resueltos de hace 5 años.

Esta versión se condice con lo señalado en el oficio: “El número de investigaciones penales asignadas a este Subsistema ha superado la capacidad operativa de los Fiscales Anticorrupción, lo cual se refleja en el incumplimiento del plazo razonable y el plazo legal”.

En esa línea, solicitan la creación de una Segunda Fiscalía Corporativa especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para redistribuir los casos y garantizar el avance de los mismos.

Como consecuencia de la declaratoria de emergencia, los fiscales sostienen que no se atenderán los informes solicitados por el Coordinador Nacional, Omar Tello, ni por otras oficinas del Ministerio Público y tampoco se brindará apoyo en las diligencias requeridas.

En riesgo

Ante este escenario, la procuradora anticorrupción de Junín, Nora Flores, advierte el riesgo que existe en el avance de las investigaciones.

“Hay sobrecarga de audiencias […] Eso no les permite avanzar las diligencias que están ordenadas en las carpetas fiscales. Eso va a generar, uno, que los casos se van a tardar mucho más tiempo en resolver o se van a resolver de manera deficiente por, justamente eso, la falta de administrativos, falta de fiscales, falta de peritos”, señaló a El Comercio.

Para la procuradora anticorrupción, existe una falsa percepción respecto al trabajo de la fiscalía en Junín. Indica que, si los casos no avanzan, se debe a que las unidades han colapsado.

“Quiero trasladar mi preocupación […] Andan luchando contra la corrupción faltos de los instrumentos básicos de personal, logística, peritos, unidades especializadas, fiscales, hasta de ambientes físicos. No es posible trabajar así. Se habla de la lucha anticorrupción, pero no se están dando las facilidades ni los recursos necesarios que permitan fortalecer al subsistema”, remarcó.

Dato

El 25 de noviembre a las 9 de la mañana se realizará el control de acusación contra Vladimir Cerrón por el presunto delito de negociación incompatible; es decir, casi un año y nueve meses después que el fiscal anticorrupción Carlos Mera presentara la acusación en la cual solicita 5 años y 4 meses de condena.

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