Comisión Lava Jato: informe que recomendaba acusar a Ollanta Humala y exministros nunca fue procesado

En noviembre pasado se cumplió un año desde que el Congreso de la República –hoy disuelto– aprobara el informe de la Comisión Lava Jato presidida por la congresista Rosa Bartra, que disponía –entre otros aspectos– denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala y nueve exministros por los Casos Gasoducto Sur, Centro de Convenciones de Lima y Trasvase Olmos. Esto, a fin de que la Fiscalía de la Nación pueda presentar una denuncia contra los altos funcionarios ante el Poder Judicial.

Los tres casos implican a Humala Tasso y a los exministros Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Merino Tafur, Eleodoro Mayorga Alba, Milton Von Hesse La Serna, Juan Benites Ramos, René Cornejo Diaz, Carlos Paredes Rodríguez, José Gallardo Ku, Rosa Soledad Ortiz Ríos por los presuntos delitos colusión agravada y omisión de actos funcionales.

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos ha sido procesado, pues el Parlamento no procedió con la formalidad de presentar la debida acusación constitucional, tal como se había recomendado. Ello, pese a que por siete meses, la Fiscalía de la Nación insistió en que se formalice dicha acusación.

Los abrazos y aplausos registrados en el hemiciclo el 9 de noviembre del 2018, cuando se aprobó el Informe Final Lava Jato sobre los actos de corrupción de las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS y otros; se volvieron en un trámite lento y silencioso por casi un año y ello ha quedado registrado en documentos oficiales que circularon por el Congreso y que, pese a la insistencia del Ministerio Público, nunca obtuvieron solución.

Documentos obtenidos por El Comercio dan cuenta que durante las gestiones de Daniel Salaverry y Pedro Olaechea, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, requirió que el expresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura Izquierdo, cumpla con procesar la denuncia a fin de que se apruebe la respectiva denuncia constitucional contra los altos funcionarios.

La acusación constitucional, según el artículo 99 de la Constitución Política y en el 89 del Reglamento del Congreso, se interpone contra altas autoridades del Estado que gozan de la prerrogativa del antejuicio -vigente por 5 años- que son acusadas por haber cometido delitos como parte de su función o infracciones a la Constitución.

No obstante, Segura alegó que no podía realizar el proceso de acusación pues ninguno de los integrantes de la Comisión Lava Jato -incluida su presidenta Rosa Bartra- había cumplido con los requisitos exigidos para presentar una denuncia constitucional.

¿Qué requisito no fue cumplido? El documento señalaba que el informe final Lava Jato y sus anexos “no reunía los requisitos de admisibilidad establecidos en el inciso a) del Artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República”. Esto es, que la denuncia debe contener nombre del denunciante y domicilio procesal, fundamentos de hecho y de derecho, documentos que la sustenten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren, fecha de presentación, firma del denunciante o denunciantes y copia simple del documento oficial de identificación del denunciante, en caso de que la denuncia no provenga de congresista o del Fiscal de la Nación.

¿Específicamente qué? Según fuentes del Ministerio Público, que ninguno de los integrantes de la Comisión Lava Jato había hecho suya la denuncia constitucional y que tampoco había sido firmada por los integrantes, incluyendo a su presidenta Rosa Bartra.

El Ministerio Público ya había abierto las investigaciones respectivas contra los altos funcionarios. Sin embargo, según explicaron fuentes de la fiscalía, el proceso se podría abreviar teniendo en cuenta que ya el Congreso había aprobado los hechos y delitos por los que debían ser denunciados los exministros y el mismo Humala ante el PJ. Recordaron que ellos no pueden imputar más cargos de los que ya habían sido aprobados en el Parlamento.

-El error de Chávarry-

Pero el largo proceso que han seguido estos casos empezó con el pie izquierdo en el Ministerio Público durante la gestión del fiscal supremo Pedro Chávarry, en diciembre del 2018. El entonces fiscal de la Nación aceptó el informe de la Comisión Lava Jato -sin sus anexos- y dispuso abrir carpetas de investigación por cada delito imputado.

Esto supuso que el informe Lava Jato sea dividido en diversos expedientes vinculados a los no aforados (que no son altos funcionarios) y remitidos -por partes- a las fiscalías anticorrupción, penal y de lavado de activos. Mientras que el de los altos funcionarios se quedó en su despacho.

Cuando Zoraida Ávalos asumió el cargo de fiscal de la Nación, encontró que estos casos emblemáticos no habían seguido el curso que correspondía y dispuso su reconducción.

“Por tanto, dado que mediante la disposición de fecha 21 de diciembre del 2018 firmada por el entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, se resolvió erróneamente la derivación de dicho informe final a las fiscalías (…) resulta necesario ahora, reconducir debidamente la competencia para el conocimiento de los casos del citado informe final”, se lee en el documento.

-Idas y vueltas en el Congreso-

Tras reconducir el caso, la fiscal de la Nación dispuso oficiar con carácter de “muy urgente” al entonces presidente del Congreso Daniel Salaverry, a través del oficio 270-2018 (2019)-MP-FN/EI del 22 de febrero del 2019. En este, solicitaba conocer el trámite que había seguido la acusación constitucional contra los altos funcionarios. El oficio no obtuvo respuesta, por lo que el 5 de marzo siguiente el oficio fue reiterado por Ávalos Rivera.

Sin embargo, con fecha 6 de marzo el entonces oficial mayor del Congreso Gianmarco Paz Mendoza, envió un documento a la Fiscalía de la Nación, dando cuenta que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura Izquierdo, había sido informado sobre su requerimiento el 28 de febrero.

En el mismo, vía oficios, daban cuenta de un documento expedido el 15 de noviembre del 2018 - a pedido del expresidente Daniel Salaverry- en el que Segura informaba que la denuncia constitucional no podía ser procesada por incumplir con los requisitos del Reglamento del Congreso de la República.

El entonces titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales explicaba que su grupo de trabajo no actuaba de oficio ni procesaba las denuncias por recomendación de ningún órgano. Además, daba cuenta que había procedido a devolver el informe Lava Jato a la presidencia del Congreso.

-Trámite trunco-

Tras recibir la respuesta del Congreso, la fiscal de la Nación emitió una nueva providencia y envió un nuevo oficio el 20 de marzo del 2019 en el que solicitó a Salaverry informar qué trámite seguirá el informe final y sus anexos emitidos por la Comisión Lava Jato, ya que este fue devuelto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El documento fiscal fue recibido por mesa de partes el 20 de marzo.

Siete días después, el 27 de marzo, el oficial mayor Gianmarco Diaz Mendoza remitió la respuesta (oficio 902-2018-2019-ADP-D/CR) a la secretaria de la Fiscalía de la Nación en la que le informó que por disposición de la presidencia del Parlamento se había agendado en el Consejo Directivo analizar la respuesta que César Segura había enviado en noviembre del 2018.

El 27 de mayo, Zoraida Ávalos volvió a reiterar a la gestión Salaverry que se le informe cuál era el estado de la denuncia constitucional contra el ex presidente Humala y los altos funcionarios, pero no obtuvo respuesta.

-Nueva gestión, pero sin eco-

Ya en la gestión de Pedro Olaechea como presidente del Congreso, a través de los oficios de fechas 9 de agosto y 5 de setiembre, la fiscal de la Nación solicitó una vez más que se absuelvan sus requerimientos pues ello era necesario para que se siga con el proceso de antejuicio político y que los altos funcionarios puedan ser sujeto de persecución penal.

“Considerando que la información que la Fiscalía de la Nación viene requiriendo al Congreso de la República, mediante oficios de la referencia, resulta de suma necesidad a efectos de poder proceder conforme a nuestras atribuciones establecidas en la Ley 27399 (Ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley 27379 tratándose de los funcionarios comprendidos el Artículo 99 de la Constitución), contra los altos funcionarios públicos con la prerrogativa constitucional del antejuicio político comprendido en el informe final; con la finalidad del inicio de procedimiento de antejuicio político contra aquellos, por parte del Congreso de la República; requisito ineludible para que puedan ser sujetos de persecución penal por el Ministerio Público; tal como ya lo vienen siendo otros funcionarios públicos que no cuentan con dicha prerrogativa constitucional, sobre los cuales el Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales, ya viene ejerciendo la acción penal”, sostuvo el documento que lleva la rubrica de Zoraida Ávalos en su condición de Fiscal de la Nación.

Casi un mes después, a través del oficio 123-2019-2020-ADP-CD/CR, el Congreso informó a la fiscal de la Nación que sus pedidos serán puestos al conocimiento de la expresidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, mientras que el documento con la respuesta de César Segura, donde se excusa de proceder con el trámite para la acusación constitucional, es puesto en conocimiento de los grupos parlamentarios.

Lo cierto es que el requerimiento y la autorización que necesitaba la Fiscalía de la Nación para proceder con la acusación ante el Poder Judicial nunca obtuvo respuesta en el Congreso de la República. Luego, como ya es de conocimiento público, el 30 de setiembre se disolvió el Parlamento.

Por el momento, de los nueve ministros que debían ser acusados y procesados en vía judicial, cuatro ya perdieron el antejuicio por haberse cumplido el plazo que los protegía de esta prerrogativa constitucional. Sus casos, como ocurrió con los que no eran altos funcionarios, fueron derivados al equipo especial Lava Jato.

En los casos de los exministros Eleodoro Mayorga Alba, Milton Von Hesse La Serna Juan Manuel Benites Ramos, José David Gallardo Ku y Rosa María Soledad Ortíz Ríos, la Fiscalía de la Nación solo tiene hasta febrero del 2020 para actuar. De lo contrario, sus casos también pasarán al equipo especial Lava Jato para que siga el trámite de un no aforado.

Por ello, en vista que el Congreso de la República no procedió conforme a sus atribuciones en estos tres casos donde halló responsabilidad, la fiscal Zoraida Ávalos solicitó al equipo especial remitir toda la información concerniente a los exfuncionarios antes mencionados. La información llegó hace pocos días a la Fiscalía de la Nación.

-Que les pregunten a ellos-

Tratamos de buscar la versión del expresidente del Congreso Daniel Salaverry, pero no respondió pese a ser informado sobre el tenor del informe. Mientras que Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, respondió, pero tras breves segundos finalizó la llamada.

Quien sí se pronunció fue el ex presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura. Él dijo a El Comercio que el informe de la Comisión Lava Jato no era el documento que debía presentarse para proceder con procesar la denuncia constitucional.

Aseguró que “el informe en sí no es una denuncia” y que, en segundo lugar, la subcomisión no actuaba de oficio. La denuncia, anotó, puede hacerlo “otro congresista que no sea de la subcomisión, el presidente del Congreso, y pudo hacerlo en su momento la presidenta de la Comisión Lava Jato”, pero no lo puede hacer ningún miembro de la subcomisión porque estaría inmerso a que lo denuncien por faltar al reglamento.

“Como son altas autoridades y están dentro del marco constitucional ellos tenían que pasar por un procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y yo lo devolví porque a mí me remitieron un informe; y vuelvo a repetir, yo no hago denuncias basadas en informes. Yo califico denuncias no informes”, alegó.

Alegó que cualquier demora en todo el proceso “habría que preguntarles a ellos. Dentro de la carga procesal que yo tenía como comisión yo le di celeridad”. Por tanto, dijo que la entonces presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, debía haber formulado la denuncia correspondiente.

“Yo tenía que recibir la denuncia y no un informe. El informe lo hago yo, a raíz de una denuncia. [El informe Lava Jato] no tenía nada, no estaba estructurado como denuncia y por eso se le devolvió”, ratificó.

-“Interpondré la denuncia”-

Rosa Bartra, quien fue la presidenta de la Comisión Lava Jato, explicó a este Diario que ella no era la única habilitada para presentar la denuncia constitucional correspondiente, tal como lo recomendaba el informe que impulsó a fin de que el Ministerio Público pueda denunciar a los altos funcionarios ante el Poder Judicial.

Indicó que el Ministerio Público sí podía abrir una investigación solo con el informe, como lo hizo con en el caso de los no aforados. No obstante, reconoció que “no tuvo tiempo” de presentar la denuncia como correspondía.

Explicó que la Comisión Lava Jato terminó sus funciones en agosto del 2018 y el informe final recién fue debatido en noviembre de ese año, cuando ya su grupo de trabajo había cesado. Por tanto, “la comisión ya no puede presentar denuncia constitucional. Eso es prerrogativa de cualquier de los 130 congresistas, hacen suyo el informe y presentan una acusación constitucional, cualquiera”.

Es más, aseveró que algunos miembros de la comisión tuvieron la intensión de presentar la denuncia como correspondía, pero tuvieron el inconveniente que varios de ellos eran también integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo cual les impedía presentar la denuncia constitucional.

“Como yo estuve completamente abocada como debes recordar a las cuestiones de confianza del señor Vizcarra que nos comprometió con la reforma y eso fue en paralelo con el informe de la comisión investigadora, ya no se dio. Y de hecho, yo estuve profundamente comprometida con eso, les consta, es público, allí están todos los dictámenes. Yo, como una más de los 130 congresistas no tuve tiempo de presentar la denuncia, pero la tengo lista y la voy a presentar en los días siguientes”, se excusó.

Bartra, integrante de la Comisión Permanente del Parlamento disuelto, remarcó que cualquiera de los congresistas pudo presentar la denuncia, “pero esto no es algo que se haya cerrado, yo estoy en funciones; así que eso se puede presentar como de hecho lo voy a presentar”.

Según dijo, lo presentará ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que pertenece a la Comisión Permanente.

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