Congreso y Tribunal Constitucional: ¿el concurso público de méritos es el mejor camino?

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El documento, aprobado el grupo de trabajo presidido por el legislador Omar Chehade (APP), modifica los artículos 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Además del descarte de la posibilidad de que la comisión especial para la elección de miembros del TC seleccione candidatos por invitación, también se incluye que las sesiones cuenten con la presencia de representantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo.

Se han mantenido los requisitos de que el postulante sea peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tenga más de 45 años y haya sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo, o magistrado superior o fiscal superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. Sin embargo, a ello se le ha sumado que el postulante no sea objeto de investigación preparatoria ni tenga condena penal por delito doloso.

El pleno del Congreso deberá analizar las modificaciones efectuadas a la norma de elección de magistrados, las mismas que buscarán hacer frente a algunos episodios polémicos protagonizados por el Parlamento de cara a la elección de magistrados para el TC.

Siempre cuesta arriba

Ocurrió hace siete años, pero la magnitud de los incidentes registrados hace que la memoria aún esté fresca. En julio del 2013, la denominada “repartija”, que consistió en las designaciones de los exparlamentarios Víctor Mayorga, Cayo Galindo y Rolando Sousa al TC, y de Pilar Freitas en la Defensoría del Pueblo, ocasionó que el Congreso dé marcha atrás con sus procesos de elección.

Las protestas se erigieron ante la difusión de audios en los que se oía a los entonces legisladores Víctor García Belaunde (Acción Popular, en ese momento aliado de Perú Posible) y Luis Galarreta (en ese momento en Alianza para el Gran Cambio), entre otros, coordinar espacios en las mencionadas instituciones, además del Banco Central de Reserva.

Tras las protestas de la sociedad civil contra de este acuerdo entre los grupos Gana Perú, Perú Posible, Alianza Por el Gran Cambio, Fuerza Popular y Acción Popular, las autoridades pusieron sus cargos a disposición y el pleno del Congreso, encabezado por el entonces legislador Víctor Isla (Gana Perú), dio por anulada la ‘repartija’.

La votación frustrada más reciente fue la que dio paso a la disolución del Parlamento. En setiembre del 2019, el Ejecutivo adujo una seria falta de transparencia en los mecanismos empleados por la comisión especial de selección de candidatos para el TC constituida en el Parlamento. La comisión, que no tenía en su haber a, por lo menos, un representante de todas las bancadas, era cuestionada por opositores a Fuerza Popular, quienes aducían que el grupo buscaba copar el organismo constitucional.

Lo que ocurrió después es conocido por todos: el presidente Vizcarra anunció una cuestión de confianza en torno a la elección de miembros al TC, pero días después, el 30 de setiembre del 2019, el Congreso eligió por mayoría a Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del entonces presidente del Congreso Pedro Olaechea, como nuevo titular del TC, sin atender antes el pedido del Ejecutivo, lo que ocasionó que el presidente disolviera el Parlamento.

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Cambios en revisión

Para el abogado constitucionalista Víctor García Toma, la modificación que propone que se seleccione a los candidatos al TC solo por concurso público de méritos sería innecesaria respecto a la norma actual, pues en esta se fija que la comisión especial del Parlamento encargada de seleccionar postulantes puede hacerlo de esa forma o por invitación expresa de las bancadas.

“A raíz de los excesos, el Congreso estuvo optando por un proceso por invitación. Respecto al mecanismo del concurso, el primer problema era el excesivo número de candidatos, lo que dificultaba la evaluación. Lo segundo es que como se hacía por entrevistas personales, en muchos casos los postulantes se sentían maltratados”, señaló a El Comercio.

El también expresidente del Tribunal Constitucional afirmó que en la fase de la entrevista personal ha ocurrido que los parlamentarios han hecho preguntas imprudentes o fuera de lugar, lo cual ha desalentado la participación de buenos cuadros por temor a ser sometidos a momentos bochornosos.

“Una entrevista sobre, digamos, el currículum vitae de cada uno de los postulantes es correcto. Salirse de ese marco para tratar algunos temas relevantes de coyuntura, como indica el dictamen, puede llevarnos al subjetivismo político. Se podría preguntar si un candidato está a favor o no del aborto, y esos son temas discutibles, personales, técnicos y de consciencia. Algún congresista podría decir ‘cómo podría votar por ese uno u ese otro”, y se politizaría innecesariamente el proceso”, advirtió sobre la entrevista personal a la que se sometería a los candidatos al TC.

Luciano López: “Que la JNJ se encargue del proceso de selección”

Por su lado, el abogado constitucionalista Luciano López dijo a este Diario que está en contra de que sea el Congreso el ente encargado de la selección de candidatos y de la elección de los mismos de cara al nombramiento de los magistrados del TC.

Según explicó, el Legislativo, en aras de cumplir esta tarea, ha protagonizado numerosos procesos accidentados, por lo que se requieren modificaciones a un nivel de reforma constitucional. Como ejemplo de ello, propuso que el concurso público de méritos esté en manos de la Junta Nacional de Justicia.

“Yo he propuesto que la JNJ se encargue del proceso de selección y, por tanto, del concurso público. Estoy en contra de que el Congreso participe, pero si se quiere que mantengan una prerrogativa, ellos podrían estar presentes en una segunda instancia en la que se elija a los candidatos que pasaron por el primer proceso”, expuso.

“De esa manera generamos una doble firma. Siempre ha habido ‘repartijas'. ¿Qué garantía de profesionalismo y seriedad podríamos tener en un concurso público con una comisión especial formada por legisladores? No estoy diciendo que no sean competentes, pero la naturaleza política de este órgano nos ha demostrado que por más reglas que se pongan, esto no estará desprovisto de ello. ¿Algún profesional de éxito va a querer ir al Congreso para tener una entrevista con unos parlamentarios que, vaya usted a saber, qué le van a preguntar? Complicado”, insistió.

En ese sentido, López recordó que el Ejecutivo propuso modificaciones a la actual forma de elegir a los miembros del TC que conllevaron al cierre del Congreso, pero que, pese a haber transcurrido varios meses, el Gobierno no ha reformulado la propuesta con otra más sólida que haga énfasis en una reforma concienzuda.

“El Ejecutivo planteó modificaciones el 30 de setiembre. Hablamos de antes de la pandemia. Han tenido tiempo más que suficiente para enmendar su propuesta y no lo ha hecho. Meto en este saco a todos los responsables. El Tribunal Constitucional es el Senado de facto que este país no tiene”, acusó el constitucionalista tras insistir en que la selección de candidatos vía invitación, como en los dos últimos procesos, devela el carácter político del que se debería liberar a la elección de magistrados.

Natale Amprimo: “Qué estamos buscando? ¿Un proceso público, transparente, pero de mediocres, o un proceso acortado, pero de gente valiosa?”

En contraste, Natale Amprimo criticó la propuesta para que la JNJ asuma algún rol en la selección de candidatos. Según dijo, esta es una función parlamentaria protegida por la Constitución y la inexperiencia de la institución que lidera Aldo Vásquez podría generar más pasivos que soluciones.

“La JNJ es novísima, no tiene ni un año. Primero veamos que cumplan con elegir a los jueces y fiscales, cosa que hasta hoy no se ha logrado. No le encarguemos más cosas que las que puede hacer cuando aún no tenemos resultados. La elección de magistrados al TC requiere de una alta votación con base al consenso y que respondan a personas que tienen una representación. Los parlamentarios representan al pueblo, ellos deben seleccionar a los candidatos y elegir a los magistrados”, señaló.

El también exlegislador (2001-2006) coincidió con su colega García Toma respecto a las críticas a que el proceso se fije en un concurso público de méritos, pues aseguró que en la actualidad hay “una suerte de huida de talentos”, por lo que “la gente con mejor preparación, con mejor valoración, usualmente no postula a cargos públicos por temor a ser maltratados”.

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“La idea de formular una invitación era, en cierta forma, la posibilidad de lograr citar a gente reconocida a integrar el Tribunal Constitucional. Cuando usted requiere un porcentaje tan alto para la elección, esa elección será fruto de un acuerdo político. Pensar que la gente vota sin ese acuerdo político es faltar a la verdad y engañar a la población. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué estamos buscando? ¿Un proceso público, transparente, pero de mediocres, o un proceso acortado, pero de gente valiosa?”, increpó.

Respecto a la modificación que permitirá que las sesiones de la comisión especial del Congreso cuenten con la presencia representantes de la JNJ, la contraloría y la defensoría, Luciano López estimó que podría ser considerado como “un saludo a la bandera”. “El asunto es de fondo. No hay modelo perfecto. Lo ideal sería un modelo en el que, en teoría, tienes a un órgano mucho más autónomo para esto”, agregó.

García Toma, por su lado, advirtió la posibilidad de que, eventualmente, la comisión especial del Congreso establezca como parte del proceso una prueba escrita. “Si la JNJ, que estaba integrada por abogados, no pudo en primera instancia elaborar una prueba idónea y generó toda la situación que generó, imagínense una prueba elaborada por políticos para medir la calidad de abogados”, explicó.

De otro lado, estimó que por la seriedad del proceso es correcto solicitar que el postulante no sea objeto de investigación preparatoria ni tenga condena penal por delito doloso.

Sin embargo, Amprimo consideró que la mención sobre las investigaciones en curso es “peligrosa” porque, en su opinión, “estamos en una etapa en la que se ha utilizado la justicia como un mecanismo político”. “La mejor garantía de que se ha pasado por los más altos estándares de honorabilidad es el alto porcentaje que se requiere”, acotó.

Más información

Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña son los magistrados que el último 3 de junio cumplieron un año con el mandato vencido, pero esta no es la primera vez que se registran demoras en los reemplazos de integrantes del TC.

Por ejemplo, ocurrió con los mandatos de César Landa (diciembre del 2004 a julio del 2010), Carlos Mesía (julio del 2006 a junio del 2014), Fernando Calle, Gerardo Eto y Ernesto Álvarez (setiembre del 2007 a junio del 2014) y Juan Vergara (diciembre del 2004 a diciembre del 2014).

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