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Ante la falta de resguardo policial permanente en las viviendas de los procesados por casos de corrupción y crimen organizado –que pasaron de prisión a cumplir arresto domiciliario por la pandemia–, existe una medida que puede dar soporte a esta falta operativa de vigilancia: los grilletes electrónicos.
El Ministerio de Justicia (Minjus) informó a El Comercio que a la fecha cuentan solo con 24 dispositivos de vigilancia disponibles, de un total de cincuenta. Esta cantidad puede ampliarse a cerca de veinte grilletes más, según el contrato vigente con el consorcio formado por las empresas DR Perú S.A.C. y DR México de C.V.
MIRA: De la cárcel al arresto domiciliario sin vigilancia: no hay custodia policial las 24 horas para investigados
Los excarcelados de los casos Lava Jato y Los Cuellos Blancos del Puerto podrán ser vigilados bajo esta modalidad. El Decreto Legislativo 1514 –una de las dos normas publicadas en junio por el Ejecutivo para el deshacinamiento de penales– indica que, en casos de detención domiciliaria, “el juez puede reemplazar la custodia de la autoridad policial […] por la medida de vigilancia electrónica personal”. No hay delitos exceptuados.
La norma también señala que los fiscales podrán solicitar al Poder Judicial el uso de estos dispositivos para los casos que consideren necesarios, a diferencia de años anteriores en los que solo el procesado podía realizar el pedido. Para la aplicación de ello, solo faltaría la publicación de la modificación del reglamento. El asesor del despacho ministerial del Minjus Gilmar Andía indicó a este Diario que el documento estará listo en los próximos días.
“Todo está orientado a que salga pronto. El reglamento debería estar esta semana, si no es publicado, al menos, dentro de los sistemas de validación del mismo Ejecutivo”, señaló. También aseguró que trabajan en la adquisición de mil grilletes más para antes de fin de año. Gandía indicó que la cantidad irá aumentando progresivamente con los años y de acuerdo a las solicitudes del Poder Judicial.
Para la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, poner en marcha el uso de grilletes depende de una “decisión política”. “Es rentable para un país usar la vigilancia electrónica, es inteligente, además, porque a todos los que están con detención domiciliaria se les puede poner restricciones para que no se junten unos con otros y el grillete identifica [en qué lugar se encuentra el procesado]. Pero necesitan empujar el tema, si no lo empujan, no sale”, comentó a este Diario.
Sin custodia policial
Mientras se espera que el reglamento sea publicado, varios procesados continúan sin resguardo permanente. En mayo, según conoció este Diario, la fiscalía solicitó al Ministerio del Interior que sincere la situación policial sobre la capacidad operativa para la vigilancia. El Departamento de Arresto Domiciliario de la División de Seguridad de Penales (Divsepen) de la PNP indicó que tenían un déficit de personal debido a la pandemia y sugirió “que se restrinjan las excarcelaciones realizadas de manera descontrolada y desproporcionada”.
Pero las variaciones de las prisiones preventivas por detenciones domiciliarias continuaron. Para el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, “es una situación grave” la decisión de los jueces. Remarcó que ha sido “una medida ineficaz” y aseguró que no se está cumpliendo como debería. “[Los investigados] pueden perfectamente salir de sus viviendas –con lo que se da un grave riesgo de fuga y peligro de obstaculización–, pueden reunirse con testigos, con sus coinvestigados […] y entorpecer la acción que está realizando el Ministerio Público”, advirtió a este Diario.
Pérez remarcó que este hecho genera “peligro para el desarrollo de las investigaciones, sobre todo por el perfil de quienes están siendo investigados”. También indicó que, en el equipo especial Lava Jato, tomarán acciones sobre los casos en que se ha constatado la falta de vigilancia. “Lo que corresponde a la fiscalía es hacer el seguimiento. Se tendrá que informar a cada uno de los jueces que dictaron la medida para que puedan emitir un pronunciamiento correspondiente”, dijo.
Actualmente los excarcelados del caso Lava Jato no tienen custodia policial todo el día pese a que se les imputan delitos graves como crimen organizado y corrupción. El Comercio constató que las viviendas de los investigados José Miguel Castro, exgerente municipal de Susana Villarán; del ex primer ministro César Villanueva; así como de Jorge Peñaranda, exgerente de la empresa Alpha Consult, no cuentan con custodia policial las 24 horas.
La mañana del lunes 20 de julio, el fiscal Pérez acudió a la casa de Peñaranda para una diligencia. Durante todo el tiempo que permaneció en el domicilio, ningún agente policial se hizo presente. Este Diario también reveló que los excarcelados del caso Los Cuellos Blancos del Puerto solo cuentan con vigilancia policial itinerante.
La procuradora del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, señaló que “es importante que se ponga especial cuidado” en el seguimiento a estos procesados, porque se trata de un caso de megacorrupción. Además, advirtió que el riesgo puede ser mayor conforme se van retomando las actividades que estuvieron suspendidas debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19. “Está la posibilidad de que puedan encontrar alguna vía, por ejemplo, terrestre, para salir del país”, dijo a este Diario.
Más información
-El Comercio reveló que la Divsepen tiene a solo 160 policías brindando custodia permanente a los excarcelados, pese a que, hasta julio, 220 procesados pasaron al arresto domiciliario.
-Hasta la fecha, el Poder Judicial ha variado la prisión preventiva de 13 personas comprendidas en el Caso Lava Jato y 5 en el de Los Cuellos Blancos del Puerto.
-El ex primer ministro Pedro Cateriano dijo, durante su discurso de investidura, que el objetivo inmediato es tener un servicio de hasta 2.000 grilletes este año.
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