De la cárcel al arresto domiciliario sin vigilancia: no hay custodia policial las 24 horas para investigados

Unidad de Investigación

José Cavassa Roncalla ha sido el quinto investigado del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto que dejó la cárcel para cumplir arresto domiciliario en medio de la pandemia por el COVID-19. Desde hace pocas semanas, está en una habitación de 16 m2, con televisor y con una puerta de ingreso independiente, en un departamento ubicado en Surco.

“En todas las visitas al médico del penal, él nunca ha tenido una señal de alarma. Ni siquiera de resfrío. Se trata de una persona sana”, dijo a este Diario la fiscal contra el crimen organizado Rocío Sánchez sobre Cavassa. Cuando el Poder Judicial decidió su excarcelación, la Policía Nacional del Perú (PNP) propuso que la custodia fuera “itinerante”, según el informe enviado por la División de Seguridad de Penales (Divsepen) al que accedió El Comercio. La razón: no hay personal policial suficiente.

“Ellos [la PNP] han señalado que no tienen personal suficiente porque hay policías contagiados y están en cuarentena. El servicio itinerante es a discrecionalidad de la policía y eso no se podía permitir”, alertó Sánchez. Tras el cuestionamiento de la fiscalía, el Poder Judicial exigió que la custodia a Cavassa fuera las 24 horas.

Sin embargo, ello no ha ocurrido con el resto de excarcelados por este caso. En los reportes de la Divsepen a los que accedió este Diario, se señala que la PNP hace custodia “itinerante” y no “permanente” en tres arrestos domiciliarios. Se trata de las casas de John Misha Mansilla, Nelson Aparicio Beizaga y Víctor León Montenegro, quienes cumplían prisión preventiva por integrar la presunta red criminal que tuvo como centro de operaciones la Corte Superior de Justicia del Callao. Sus domicilios se ubican en Comas, San Juan de Lurigancho y el Callao. Los tres dejaron la cárcel bajo el argumento de que podrían infectarse de COVID-19. El otro procesado con arresto domiciliario es Jacinto Salinas Bedón.

“Se ha cumplido el traslado del investigado al inmueble [...] instalándose así el servicio policial en la modalidad de itinerante con la finalidad de proteger la salud del referido imputado y del personal policial en el contexto de pandemia”, precisó la PNP en su informe sobre Aparicio, cuando dejó el penal el 26 de mayo. Lo mismo indicó en los otros casos.

Sánchez, quien investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, alertó que “el riesgo latente es que como no tienen un control efectivo ellos puedan estar realizando contactos con otras personas y teniendo estrategias comunes para perturbar la actividad probatoria”.

Colapsados

“Es una situación caótica”, respondió el coronel PNP Jaime Chirinos García, jefe de la Divsepen, a El Comercio, sobre lo que pasa con los arrestos domiciliarios en Lima y Callao. “Tengo solo un aproximado de 200 agentes. Hacemos maravillas a pesar de las bajas por el COVID-19. Hay un promedio de 15 aislados; lamentablemente también tengo fallecidos”, añadió.

Actualmente, solo 42 procesados con arresto domiciliario tienen custodia permanente, incluidos el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el ex primer ministro César Villanueva, entre otros del Caso Lava Jato, “porque así nos exige el juzgado, a pesar de que hemos colapsado”.

La custodia permanente requiere entre tres y cuatro agentes por procesado, quienes se relevan durante las 24 horas: hay 160 policías comprometidos. El resto ha sido distribuido para el servicio itinerante. “Cada uno tiene una cobertura de cinco o seis procesados para ir a controlar en un solo día. Tratamos de que en la mayoría sea mínimo un control, pero ha habido casos que por falta de personal no se ha podido hacer”, reconoció Chirinos.

En lo que va del 2020, hay 220 procesados que han pasado a arresto domiciliario. La cifra es mayor en comparación con todo el 2019, en el que salieron 200. Según reportó la Divsepen al Poder Judicial, hasta junio pasado registraron un promedio de 35 quebrantamientos al arresto domiciliario.

“Se desaparecen dos, tres, cuatro días. Hemos solicitado que el juez pueda disponer que retornen al establecimiento penitenciario. Pero no hemos tenido respuestas en muchos casos”, precisó.

Otro tema del que no han tenido respuesta es sobre el uso de grilletes electrónicos. El jefe de la Divsepen indicó que han solicitado conversar con el INPE, pero no han sido atendidos. “Si siguen saliendo más, de verdad no vamos a poder manejarlo. Mi capacidad operativa fue superada, fue rebasada, lamentablemente”, concluyó.

El uso de grilletes

A inicios de junio, en el contexto de la emergencia por el COVID-19, el Ejecutivo promulgó dos decretos legislativos para reducir el hacinamiento en los penales. Si bien dispone que la vigilancia electrónica a través del uso de grilletes es una alternativa a la prisión preventiva, no se aplica para los procesados por crimen organizado. Expertos consultados por El Comercio coincidieron en señalar que estos decretos deben ser modificados respecto a este delito.

“Ahí hay algunas incoherencias. Tendría que establecerse como algo excepcional que no aplique la variación de la prisión preventiva para crimen organizado. En el Perú, el arresto domiciliario es una figura que no funciona en la práctica. Eso se ve cuando la policía dispone que la custodia sea itinerante. Es completamente inefectivo”, sostuvo Lucía Nuñovero, profesora de Criminología de la PUCP y máster en Política Criminal.

Sobre los procesados que no cumplen con la medida de arresto, la especialista señaló que estos pueden retornar a la cárcel si así lo dispone un juez: la PNP no puede intervenir. Sin embargo, dijo, este es un trámite “con dilaciones”. “El arresto domiciliario, que no funcionaba bien, se ha querido usar con la figura del coronavirus y no hay cobertura, no hay efectividad. Tampoco se ha implementado a nivel de gestión la vigilancia electrónica y eso no se puede hacer en semanas”, indicó.

Para José Luis Pérez Guadalupe, exjefe del Inpe y exministro del Interior, “es imposible” que la PNP esté cuidando” todo el tiempo” a los investigados y que, en este contexto, los grilletes electrónicos “sí deberían aplicarse”. Remarcó que durante su gestión se avanzó con esta tecnología, pero ahora “hemos retrocedido”. “Si no se puede por la ley, que la reformen inmediatamente. Todos tendrían que usar grilletes. Es una buena modalidad”, dijo.

Pérez Guadalupe consideró que la restricción es “absurda” y hasta contradictoria. “El Ejecutivo dice que no pueden salir con grillete, pero el juez los saca sin grillete. Peor. Es más grave. Consideran que sí deben salir, pero la ley no les permite los grilletes. Qué absurdo. No le exijan a la policía hacer de guachimanes”, sostuvo.

Cómo se hizo esta historia

El pasado 9 de junio, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios resolvió sustituir la prisión preventiva contra José Cavassa Roncalla por la detención domiciliaria. Al conocer esta decisión, El Comercio empezó un seguimiento del caso. Semanas atrás ya habíamos reportado que otros cuatro investigados del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto habían dejado la cárcel y pasado a un arresto domiciliario.

Poco después, este Diario tuvo acceso a los informes de la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú (PNP) enviados al Poder Judicial sobre Cavassa: en estos documentos -que no estamos autorizados a publicar- se sugería que el servicio policial sea itinerante. Por intermedio de una fuente en el Ministerio Público confirmamos que la fiscalía rechazó esa propuesta y que, finalmente, por orden judicial pasó a ser una custodia permanente. La variación del servicio fue confirmada a través de otro informe de la Divsepen enviado al Poder Judicial, al cual también tuvimos acceso.

A través de otra fuente cercana al caso, revisamos todos los informes de la Divsepen emitidos sobre el caso Los Cuellos Blancos del Puerto -que tampoco estamos autorizados a publicar- y detectamos que todos los otros excarcelados tenían custodia itinerante y no las 24 horas. Esta información fue confirmada con la fiscal contra el crimen organizado Rocío Sánchez, quien está a cargo de esta investigación, y finalmente con el jefe de la Divsepen, el coronel PNP Jaime Chirinos. Ambos, en entrevistas formales con El Comercio, confirmaron que esa era la actual situación.

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