La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó al voto el pedido del Ministerio Público para validar la medida de allanamiento e incautación de bienes y documentos a las oficinas de Comité Olímpico Peruano (COP), ejecutada en octubre pasado, en la investigación seguida contra el ex presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) Francisco Boza.
En audiencia realizada hoy en la Sala Penal Nacional, la representante de la Fiscalía insistió en la legalidad de esta medida, mientras que la defensa legal de Francisco Boza consideró que la misma es nula, pues se realizó fuera del plazo de ley y cuando la investigación preliminar ya había concluido.
Tras escuchar a las partes procesales, el colegiado presidido por el juez César Sahuanay Calsín e integrado por los magistrados Jessica León Yarango e Iván Quispe Aucca resolverá la pretensión de la Fiscalía en el plazo de ley establecido.
Cabe anotar que la Fiscalía solicitó dejar sin efecto la decisión del juez de investigación preparatoria nacional, Richard Concepción Carhuancho, expedida el 21 de octubre pasado, por la cual anuló una resolución suya que ordenaba la detención preliminar por 24 horas de Francisco Boza, así como el allanamiento de las oficinas de COP.
El juez Concepción procedió de ese modo al advertir que el Ministerio Público le omitió la información de que la investigación preliminar contra Francisco Boza había concluido el 12 de septiembre de 2016.
Al Francisco Boza se le atribuyeron los presuntos delitos de colusión y asociación ilícita al considerar que, como titular del IPD (2011-2014), habría buscado beneficiar a Antalsis, empresa vinculada al procesado Martín Belaunde Lossio, para que esta remodele el polideportivo Elías Aguirre de Chiclayo.
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