Esta es una narrativa con mucho asidero. Acá mismo, en El Comercio, damos cuenta de declaraciones -y sospechosos silencios- de altas autoridades a las que no parece preocuparles la aprobación de una polémica ley que, con el cuento de fortalecerla con plazos a la colaboración eficaz, la frustrarían.
Se han pronunciado en contra de la ley, ex procuradores, expertos en criminalidad y corrupción, la Junta Nacional de Justicia; más no el Gobierno ni la Fiscalía. Ante esta presión, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, ha dicho que recién evaluarán la posibilidad de observarla.
Mira: Crece presión para que el Ejecutivo observe la ley de colaboración eficaz.
En el Congreso, hay bancadas cuyos líderes fundadores, como Keiko Fujimori o Vladimir Cerrón, afrontan procesos en los que la colaboración entró a tallar; además de los ‘Niños’, los 6 originales, y la docena de ampliados, cuyas imputaciones dependen en importante medida del talán de delatores. Suficientes razones para pensar mal -y acertar- respecto a las motivaciones de muchos de los votos a favor. Otros votos, por supuesto, serán de bien intencionados congresistas que creyeron que había que acelerar los procesos de colaboración en aras de la eficiencia o que el sistema de delaciones premiadas ha tenido víctimas inocentes, que sí existen .
El silencio de la fiscalía es igual o más preocupante, pues coincide con cierta lentitud en los procesos contra los ‘Niños’ , y en una falta de iniciativa para interpretar restrictivamente sus prerrogativas de inmunidad. Si la pata legislativa del diseño de las herramientas contra la corrupción cojea y las otras (Ejecutivo y Ministerio Público), no corrigen el paso; he aquí suficientes razones para que la idea de un pacto de poderes en pro de las prerrogativas turbias, agarre vuelo. No tenemos indicios de una alianza conversada, pero sí de un tácito pacto de no interferir entre poderes.
