Duberlí Rodríguez: nuevo titular del PJ plantea sus propuestas

Duberlí Rodríguez, juez piurano integrante de la Corte Suprema desde el 2007, fue elegido hoy como nuevo presidente del Poder Judicial para el periodo 2017-2018. Antes de su elección, ofreció una entrevista a El Comercio en la que expuso sus propuestas para este poder del Estado.

En el plan de gobierno que presentó a sus colegas, Duberlí Rodríguez dice que su objetivo es que la institución brinde al ciudadano un servicio oportuno, rápido y predecible y que se buscará ejercer una gestión jurisdiccional y administrativa moderna y eficiente.

— ¿Cuál es el principal problema que afronta su institución?
Para mí, el principal problema que tiene el Poder judicial no es la corrupción que la hay, sino el retardo en la solución de los casos sometidos a la jurisdicción, vale decir la lentitud  procesal. Ese es un tema que nos deslegitima ante la sociedad y creo que debemos avanzar para que los expedientes judiciales se resuelvan en el menor tiempo posible.

— ¿Y cómo piensa lograr eso?
Para lograr eso no solo basta buena voluntad de parte de los jueces, eso tiene que ir de la mano con la tecnología y allí tenemos que hablar de la justicia digital o gobierno electrónico, es decir emplear tecnologías. Eso implica que avancemos en las implementación del expediente digital judicial que se viene aplicando de manera muy pequeña en la Corte de Lima Norte y solo en la especialidad laboral. Eso tenemos que generalizarlo en todo el país. Todo tiene que ser electrónico, las requisitorias, las audiencias, los remates judiciales. Se ha avanzado con las notificaciones electrónicas. Se ha ido avanzado en las anteriores gestiones, pero nosotros le vamos a dar un mayor impulso.

— Pero eso requiere de un apoyo económico del gobierno ¿cómo conseguirlo?
El gobierno debe entender que el servicio de justicia es un servicio a la colectividad, y para que ese servicio mejore tiene que haber inversión.

— El tema del presupuesto es crucial, ¿cómo solucionar eso? 
Allí tenemos un talón de Aquiles. Nosotros no tenemos un marco constitucional que reconozca al Poder Judicial la potestad de aprobar su propio presupuesto como si lo tienen el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Todos los años tenemos que estar presentando al MEF un presupuesto que luego lo recortan. Eso no permite alcanzar los objetivos que nos trazamos. En los últimos años el promedio anual asignado al Poder Judicial es de 1,4 % del presupuesto general de la República. Para el 2017, nuestro objetivo es subirlo al 2%. Nuestro pedido ha sido de S/ 3.108 millones y solo nos han asignado S/ 2.056 millones, casi la mitad .

— ¿Qué puede hacerse?
Aquí hay que ir a una reforma constitucional para que el Poder Judicial pueda aprobar su presupuesto en base a un porcentaje mínimo. En la Constitución del 78 ya se reconocía que sea el 2% del Presupuesto General de la República, ahora no lo tenemos.

— El Poder Judicial es, según las encuestas, la institución con más desaprobación ¿qué hacer para revertir esa percepción?
El porcentaje de aceptación ciudadana bordea el 15 %, pero eso no es tan cierto. Nosotros hicimos una encuesta directa al usuario del servicio judicial y arrojó que el nivel de aceptación era del 40%. Pero tenemos que mejorar la percepción ciudadana del Poder Judicial, para eso hay varias propuestas y una de ellas es lograr reducir los plazos de los procesos judiciales.

— ¿Cómo enfrentar la sobrecarga procesal?
Tenemos que avanzar en la reforma procesal penal que se ha implementado en 28 cortes de justicia, pero todavía falta hacerlo en cinco cortes. Falta Lima, aquí llegará a fines del 2018. Eso hace que no avancemos. El promedio de duración de un proceso penal es de un año con el nuevo código procesal penal, pero con el viejo código penal que data de 1940 es de cuatro años. Ganaremos mucho si la reforma se termina de implementar en Lima. Para eso se necesita decisión política acompañada de inversión presupuestal. Una reforma procesal penal en Lima implica un gasto mínimo de mil millones de soles. Tenemos que convencer al Ejecutivo para que inviertan en justicia porque de esa manera se mejorará el servicio..

— Dijo que la corrupción no es el principal problema del Poder Judicial, pero muchos lo consideran un grave problema. 
Claro que es un problema. Sin desmerecer el trabajo que hace y debe seguir haciendo la OCMA, el principal actor contra la corrupción debe ser el propio juez. Hay 3.042 jueces profesionales nombrados por el CNM. Ellos tienen que ser la barrera de contención principal contra la corrupción, que muchas veces arranca por el entorno de juez. El juez debe responder por la conducta de la gente que trabaja con él. Hay que empoderar al juez para que asuma ese rol de liderar la lucha contra la corrupción. La corrupción tiene que ver con la provisionalidad de los jueces, es decir de los jueces suplentes que no son titulares, los llamados supernumerarios, aquellos abogados que son invitados a ser jueces. La puerta de la corrupción se abre por los jueces supernumerarios.

— Resumiendo sus planteamientos, ¿cuáles serían los tres puntos fundamentales que impulsará si gana las elecciones?
Primero, avanzar con mucha fuerza en el expediente digital. En segundo lugar, en el tema de las reformas procesales, avanzar con implementar la reforma procesal en lima para asegurar que el 2018 se implemente en Lima. En el tema de derecho civil tiene que aprobarse una nueva ley de casación, sobre la base del principio del doble conforme, es decir si un litigante  ya obtuvo una sentencia favorable en primera y segunda instancia no tiene porque subir a la Corte Suprema porque eso eleva la carga procesal.

— Finalmente, ¿está de acuerdo con la propuesta de que el presidente del Poder Judicial sea elegido en forma directa y universal por todos los jueces titulares del país y no solo por los jueces supremos?  
Sobre el modelo de elección, soy partidario de que tiene que haber relaciones de horizontalidad, respetando el nivel. El viejo modelo se ha basado en niveles de jerarquía. Tiene que haber más democracia. Comparto la opinión de que debe ser el resultado de la opinión de la mayoría de jueces. 

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