Edwin Donayre: todo lo que se sabe de su caso al cumplir seis meses prófugo

Edwin Donayre se convirtió en mayo del 2019 en el primer parlamentario en ser ingresado en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. Su nombre aparece desde entonces junto al de narcotraficantes, violadores, terroristas y otros delincuentes de alto rango. Tras ser hallado culpable en el caso ‘Gasolinazo’, en el que se investigó el robo de combustible en el Ejército, ahora se ofrece S/100 mil por información sobre su paradero.

Este sábado 2 de noviembre se cumplen exactamente seis meses desde que el Poder Judicial ordenó su captura, pero en este intervalo de tiempo no se ha sabido nada sobre su paradero (por lo menos no públicamente).

Este Diario solicitó una entrevista por este tema con el ministro del Interior, Carlos Morán, pero desde su despacho se nos indicó que la Policía Nacional viene trabajando de forma “silenciosa y con la reserva que debe mantenerse”, por lo que no habría mayores comentarios sobre los avances.

“La información que se tiene es que no ha salido del país. Por disposición del ministro Morán, al igual que para el caso de Félix Moreno y como fue en el caso Carlos Burgos (que terminó con su captura), existe un equipo especial buscando a Donayre”, se indicó a El Comercio.

Y, efectivamente, al menos en su Certificado de Movimiento Migratorio, no figura que el exparlamentario haya salido del territorio nacional. Días antes que se conozca la sentencia en su contra, el 23 de agosto del 2018, Edwin Donayre había retornado al Perú de un viaje a Uruguay.

Julio Salomé y César Nakasaki fueron los dos últimos abogados que asumieron la defensa del excongresista de APP respecto a este caso. Ambos aseguran que ya no han tenido comunicación con Donayre, por lo que tampoco tienen mayor información de su paradero.

“La última vez que lo vi es en el Congreso, cuando fui a hacer su defensa por el tema del desafuero y no lo he vuelto a ver desde ese día”, dijo Nakazaski, en referencia a la sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Congreso.

“No tengo ningún contacto. Ni siquiera para antes de que yo haga la presentación en el pleno, que fue el último acto defensivo que yo conozco, me contacté con él. Quien me contacta fue la familia”, detalló por su parte Salomé.

A los seis meses de emitida, la orden de captura se vence. Hace unos días, la Corte Superior de Justicia de Lima notificó a la Policía Judicial sobre la renovación de orden la ubicación y captura a nivel nacional contra Donayre. La búsqueda continúa.

¿QUÉ PASÓ EN EL CONGRESO?

El caso de Donayre emblemático puesto que formó parte del debate sobre la utilidad de la inmunidad parlamentaria en estos tiempos. Ciertamente, desde que la Corte Suprema hizo su primer pedido para quitarle esta prerrogativa, el Congreso demoró exactamente 231 días en resolverlo, luego de varias marchas y contramarchas.

La decisión final del pleno —adoptada con 102 votos a favor— llegó tarde. Ya para cuando se le levantó la inmunidad y se notificó a la justicia, Edwin Donayre estaba inubicable.

En el Congreso hubo diversas demoras. Primero se devolvió el expediente al Poder Judicial, para luego pedir una opinión a la Comisión de Constitución, que demoró otras varias semanas. Se argumentaba una necesidad de esperar una segunda instancia, antes de hacer cumplir una sentencia.

En agosto del 2018, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima lo había condenado a cinco años y seis meses de prisión, tras haber sido procesado junto a otras 40 personas por el caso del robo de combustible ocurrido en 2006, diez años antes de que asuma como parlamentario.

Pero desde este Poder del Estado, bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otras pedían un pronunciamiento de una sala superior, la cual llegó ocho meses después de la primera sentencia: el 29 de abril del año siguiente.

“Yo no quisiera sentirme culpable de que un anciano enfermo se vaya a la cárcel y después el Poder Judicial lo libere. Quién resarce después todo ese daño emocional, de salud, moral”, dijo en febrero César Vásquez, su colega de APP.

LA REPARACIÓN

Entre todos los siete sentenciados por el caso ‘Gasolinazo’, incluido Donayre, existe una deuda pendiente por reparación civil solidaria de 2 millones 500 mil soles. Al cierre de este informe, la Procuraduría Anticorrupción informó que había “interpuesto medidas cautelares de embargo en forma de retención respecto a los bienes y vehículos, así como de cuentas bancarias, a nombre de los sentenciados”.

“La procuraduría también solicitará la retención de las pensiones que les abone el Ejército a los sentenciados en su condición de oficiales en situación de retiro”, se indicó.

Además de ello, en el caso específico de Edwin Donayre, se precisó que ya se ha solicitado la retención de dinero que “por cualquier concepto” el Congreso deba abonarle.