Funcionario de Vivienda revela presión para emitir informe a favor del Decreto de Urgencia 102-2021

Unidad de Investigación

La alta dirección del Ministerio de Vivienda, durante la gestión del ministro Geiner Alvarado, presionó a funcionarios del sector para que emitan informes a favor del sustento técnico y jurídico del proyecto que se convirtió en el Decreto de Urgencia 102-2021, mediante el cual el gobierno de Pedro Castillo autorizó el gasto de S/520 millones para obras, según información de la fiscalía.

Uno de ellos es el abogado Joel Miranda Rivasplata, quien estuvo a cargo de la Unidad de Asesoría Legal del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.

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Las pesquisas apuntan a que, de ese monto, alrededor de S/200 millones fueron dirigidos indebidamente a proyectos cuyos contratos terminaron beneficiando a empresas o personas relacionadas a la presunta organización criminal, la cual encabezaría el jefe del Estado y estaría integrada por el exministro Alvarado. Ambos fueron denunciados constitucionalmente ante el Congreso el martes último.

Asimismo, con relación al decreto promulgado el 29 de octubre pasado, están bajo indagación Yenifer Paredes, cuñada del mandatario; la primera dama Lilia Paredes, el empresario Hugo Espino, el alcalde José Medina y otras personas, debido a supuestas irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos en Anguía (Chota, Cajamarca).

“[…] El ministro Geiner Alvarado y el investigado Salatiel Marrufo [entonces jefe del Gabinete de Asesores] presionaron a funcionarios […] para que emitieran documentación de gestión administrativa, necesaria para la motivación del decreto de urgencia, de manera célere y contra criterios técnicos legales”, se lee en el documento del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

En el informe fiscal, se señala que se trata de servidores o trabajadores de diferentes dependencias del Ministerio de Vivienda, como el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) y la Oficina General de Asesoría Jurídica.

En setiembre de este año, El Comercio reveló que el viernes 22 de octubre del 2021, una semana antes de la promulgación de la norma, en solo 12 horas cinco áreas distintas del Ministerio de Vivienda elaboraron al menos 20 informes legales y técnicos, y memorándums, en los que se basó el decreto que dio presupuesto para obras como las de Anguía.

El testimonio

Joel Miranda, analista legal en el PMIB desde el 2018, se encontraba como encargado de la Unidad de Asesoría Legal de la dependencia ministerial cuando el proyecto del decreto de urgencia estaba en proceso.

Su jefe era el entonces director ejecutivo del PMIB, Ernesto Mosqueira, quien estuvo en el puesto entre octubre del 2021 y abril del 2022. Luego, Mosqueira fue designado director ejecutivo adjunto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), cargo que ocupa en la actualidad.

El 15 de setiembre pasado, ante la fiscalía, Miranda declaró que formuló “el Informe técnico legal N° 009-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre del 2021, concluyendo que el proyecto sí era viable”.

Sin embargo, “ello lo realizó por haber sido presionado por la alta dirección. Ese informe tuvo como finalidad ser utilizado en la propuesta del sector con relación al Decreto de Urgencia 102-2021″, indicó el Ministerio Público.

El funcionario entregó una copia del documento con fecha de un día antes, es decir, del 21 de octubre. Esto aparece consignado en la resolución judicial que dispuso la prisión preliminar para los integrantes del llamado “gabinete en la sombra” del mandatario Pedro Castillo, entre ellos Salatiel Marrufo, exasesor principal de Geiner Alvarado.

En otro documento, un informe de la fiscalía, se anotó que Joel Miranda emitió su opinión favorable sobre el dispositivo legal “por presión de su jefe Ernesto Mosqueira y la alta dirección del Ministerio de Vivienda; [pero que] técnicamente era inviable”.

En su condición de titular del PMIB, Mosqueira hizo traslado del pronunciamiento a favor de la “transferencia financiera a diversos gobiernos locales”, en relación con el decreto, en un informe remitido al entonces viceministro de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Santa María.

Versión de parte

Consultado respecto a la declaración de Joel Miranda, Ernesto Mosqueira negó haber ejercido presión para que se diera viabilidad al proyecto de la referida norma.

“En ningún momento, en el tema específico del decreto de urgencia, yo he obligado absolutamente a nadie a hacer un informe, ni mucho menos a firmar un informe. No entiendo cómo podría obligar a un abogado a emitir un informe y a firmarlo”, dijo a este Diario vía telefónica.

Agregó que el día en que Miranda suscribió su informe, el 22 de octubre, él estaba de viaje fuera de la capital.

“Esa fecha, yo no estuve en Lima. Me encontraba de comisión en la región San Martín. Entonces, de qué forma pude presionarlo cuando estaba tan lejos”, sostuvo.

Alegó que ingresó al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios el 13 de octubre, nueve días antes de la firma de los documentos. “Yo encuentro todo muy avanzado y los proyectos ya priorizados”, refirió.

El Comercio trató de recoger las declaraciones de otras personas aludidas en este informe, pero no hubo respuesta hasta el cierre de edición.

Datos

• En el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, en menos de dos horas, se emitieron cuatro documentos relacionados al Decreto de Urgencia 102-2021. Ocurrió el 22 de octubre, unos días antes de la promulgación de esa norma.
• Los informes fueron expedidos entre las 5:12 p.m. y las 6:35 p.m. de aquel día, los cuales tienen la firma de los funcionarios Pamela Ochoa, Giancarlo Galliani, Joel Miranda y Ernesto Mosqueira (ex director ejecutivo), según la documentación revisada por este Diario.