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El Poder Judicial evaluó en audiencia este jueves el recurso que presentó Jorge Angulo Tejada, comandante general en retiro de la PNP, para que se anule la resolución del gobierno de Dina Boluarte que lo retiró del cargo en enero de este año y así ser restituido dentro de la institución policial.
El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio escuchó los argumentos de la demanda de amparo que presentó Angulo contra la presidenta Dina Boluarte, así como la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Interior, que estuvo encabezado en enero del 2024 por Víctor Torres Falcón.
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Este recurso solicita que se ordene su reincorporación a las filas de la policía como teniente general y se decalre nula y sin efecto la resolución suprema que lo retiró del cargo el 22 de enero.
El abogado de Angulo, Geraro Eto Cruz, sustentó que sí corresponde la figura de la demanda de amparo según antecedentes que se pueden encontrar en resoluciones del Tribunal Constitucional para cuestionar pases al retiro por renovación de cuadros.
Asimismo, cuestionó que los hechos que se le imputaron en la mencionada resolución no se adecúan como infracciones a la normativa policial, además de que han atentado contra el derecho al honor y la buena reputación ya que, al asegurar que incurrió en faltas graves contra el régimen disciplinario, Jorge Angulo se sintió “defenestrado”.
“¿Cuáles son las causas, dónde está el material probatorio? Vivimos en una crisis interna del país, pero empecemos ordenándonos internamente. Con este tipo de situaciones se rompe hasta la mística de los altos jerarcas de la PNP y se les quiebra la moral”, señaló el abogado.
Mientras tanto, en respuesta desde el Ejecutivo, tanto los procuradores del Ministerio del Interior como de la Presidencia del Consejo de Ministros justificaron el pase al retiro de Angulo al señalar que, según la Constitución, corresponde a la presidenta Dina Boluarte designar al comandante general de la PNP.
El procurador del ministerio del Interior, Luis Ángel Vargas, dijo que esto implica una sujeción de toda la institución policial a las decisiones de la presidenta. “La prerrogativa y postestad del preidente de la República parte de la Constitución política del Perú para designar al comandante general de la Policía”, aseguró.
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“El presente caso que se resolvió en la resolución suprema cuestionada, básicamente está referida a la prerrogativa exclusiva de la presidenta de la República en lo que respecta al nombramiento de los comandantes generales”, dijo, a su turno, la procuradora de la PCM Shirley Fretel.
Ambos aseguraron que, si bien la norma policial incluye entre sus artículos que una de las causales es incurrir en una falta grave de acuerdo al régimen disciplinario de la PNP, esto no puede tener más peso que la prerrogativa constitucional de la presidenta.
Tras escuchar las exposiciones, el juzgado a cargo del magistrado Alexis Anicama Budiel dijo que la causa quedó expedita para la emisión de su resolución.
