Fiscal Pérez: “¿Qué hacían los que cuestionan el acuerdo cuando Odebrecht pactaba y realizaba actos corruptos?”

El fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez manifestó este jueves que quienes critican la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht son personas que están interesadas en mantener la “impunidad y la corrupción” a través de sus pretensiones de que se anule este acuerdo y vuelvan las investigaciones a foja cero.

“¿Quiénes están buscando eso? Los investigados, los que defienden esa situación, quienes pretenden que el sistema de impunidad y corrupción que ha imperado antes de que se conocieran los casos Lava Jato continúe. Esas son las personas que ahora levantan una bandera de indignación para decir que Odebrecht, la empresa corrupta, cometió actos indebidos contra el Perú”, manifestó ante la prensa.

“Más bien se deberían preguntar qué hacían estas personas cuando Odebrecht los invitaba precisamente para pactar, a negociar, a realizar estos actos corruptos con ellos”, añadió.

José Domingo Pérez conversó con la prensa luego de que se suspendiera la audiencia en la cual sustentaba el pedido de prisión preventiva contra el empresario Gerardo Sepúlveda, exsocio de Pedro Pablo Kuczynski.

En la víspera se informó que la empresa Odebrecht presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado peruano para exigir una indemnización por US$1.200 millones por la anulación del contrato para el caso Gasoducto Sur Peruano.

El fiscal recordó que el caso Gasoducto está en manos de la fiscal Geovanna Mori, también del equipo especial, por lo que no precisó qué acciones tomará ella ante esta decisión de la empresa brasileña.

“Lo único que puedo indicar es que el equipo especial que lidera Rafael Vela Barba cumple su función sin privilegios y sin prejuicios respecto a los investigados. Los aspectos del hecho, las pruebas que conoce la fiscal Mori en el caso Gasoducto, los conoce la fiscal Mori. Lo que se ha dado cuenta es que no solo hay un reconocimiento de delitos por parte de Odebrecht en dicho caso, sino por parte de Graña y Montero y sus funcionarios”, manifestó.

José Domingo Pérez reiteró, en esa línea, que hay un “ataque sistemático” por parte de personas interesadas en que la “corrupción continúe, impere y regrese a la situación antes de que se conocieran las denuncias del Caso Lava Jato”.

-Siguen interrogatorios-

El fiscal del equipo especial aseguró que la controversia ante Ciadi no obstaculiza la labor que se lleva a cabo para ejecutar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, como las diligencias en Brasil programadas para el 17 de febrero y hasta marzo.

“A quienes están investigados y están bajo la expectativa de que los casos se caigan y regresen a foja cero, quiero decir que vamos a seguir porque tenemos, no solo las pruebas que ha entregado Odebrecht, sino las pruebas que hemos recopilado y recogido a lo largo de estos casos para acusar y lograr condenas de los responsables de estos graves actos de corrupción”, aseguró el fiscal.

José Domingo Pérez concluyó indicando que hay una cláusula expresa en el acuerdo que permite usar las pruebas obtenidas de parte de Odebrecht en cualquier proceso legal, incluso contra la propia constructora. Por eso, están a la espera de que el Ejecutivo, a través de algún procurador, solicite información sobre el caso Gasoducto para entregarla y fortalecer la defensa ante la demanda ante Ciadi.

-Caso Keiko Fujimori-

Sobre la apelación que presentó la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, contra los 15 meses de prisión preventiva dictados por el juez Víctor Zúñiga Urday, el fiscal Pérez destacó que presentó un documento para que se anule esta solicitud por haberse hecho fuera del plazo que se venció el viernes 31 de enero [la apelación ingresó el lunes 3 de febrero].

“Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski son iguales ante la ley. No pueden haber actos especiales. Está bien que el Tribunal Constitucional haya dado una celeridad en el hábeas corpus para excarcelar a Keiko Fujimori, pero eso no sucede con todos los ciudadanos del Perú [...] A todos los ciudadanos se les concede un plazo de tres días (para apelar), ¿por qué Keiko Fujimori tendría que ser la excepción?”, concluyó.