La Sala Penal Anticorrupción de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) inició a a las 11 de la mañana la audiencia de apelación a la detención domiciliaria por 36 meses dictada contra José Luna Gálvez, fundador del partido político Podemos Perú (PP) y actual candidato al Parlamento.
Al inicio de la audiencia, la fiscalía informó que desiste de la apelación, teniendo en cuenta el estado de salud y la edad de Luna Gálvez. Dijo que se tomó esa decisión tras analizar que el juzgado tuvo en consideración los tres presupuestos para dictar la prisión preventiva, pero como el investigado no lo puede cumplir en la cárcel, se encuentra bajo arresto domiciliario.
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Esta posición fue informada por el fiscal superior Víctor Túllume, del equipo especial especializado en el caso “Los cuellos blancos del Puerto”, quien ante el Poder Judicial señaló que se desistía de apelar la decisión que se tomó en primera instancia cuando se dictaron 36 meses de detención preliminar en lugar de prisión preventiva.
Según señaló, el desestimiento responde a que el Poder Judicial valoró todos los elementos de convicción que presentaron contra Luna Gálvez, pero se rechazó la prisión preventiva por la coyuntura de la pandemia del coronavirus (COVID-19) y el estado de salud del fundador de Podemos Perú, quien tiene más de 65 años.
“Hemos analizado que el juzgado tuvo en consideración los tres presupuestos para dictar la prisión preventiva. Eso implica que está con la medida de detención preventiva pero que no la puede cumplir en un penal, sino en su domicilio. En los abundantes elementos de convicción, aproximadamente 21 elementos fundados de convicción, el juez los ha acogido todos”, indicó Túllume.
Defensa de Luna sustenta apelación
Por su parte, el abogado Mateo Castañeda, defensa de Luna Gálvez, sustentó su pedido para que se varíe el arresto domiciliario que cumple el líder de Podemos Perú y afronte la investigación con comparecencia, pero en libertad.
Durante sus alegatos ante la Sala, explicó que no existía peligro de fuga y tampoco de obstaculización a la investigación.
Por ello, rechazó que se haya coordinado con la fiscal Flor Erazo, la entrega de información. Agregó que el video que mostró la fiscalía-durante la audiencia de primera instancia- demuestra que su persona solo trató de arreglar un choque al vehículo de la mencionada fiscal.
En otro momento, cuestionó que tanto la fiscalía como el juez de primera instancia hayan tomado en cuenta la declaración de Adolfo Castillo (exjefe de la Onpe) como confesor sincero.
Finalmente, solicitó que se reduzca la caución impuesta a su patrocinado de S/500 mil a S/80 mil.
Ante dicho pedido, el fiscal indicó que todos los elementos de convicción presentados (21 elementos) contra Luna Gálvez fueron corroborados y aceptados por el juez de primera instancia.
Además, sostuvo que la declaración de Castillo Meza también fue corroborada con documentación e informes de geolocalización de los teléfonos que lo ubican en los lugares que ha indicado.
Pidió que se ratifique la caución de S/500 que se le impuso al excongresista.
José Luna Gálvez, dijo ante el tribunal que “yo me someto a la justicia”, pero que sentía indignación por cómo se estaban “construyendo” videos para vincularlo a una fiscal que no conocía.
“Eso es falso, eso es para detenerme y (evitar) el avance de mi partido”, dijo el candidato al Congreso.
Luna concluyó indicando que no conoce a sus co-imputados, pero que se sabrá la verdad sobre su participación y que no apoyó a Castillo Meza para ser electo presidente de Onpe.
“Dios quiera que se haga justicia y se atienda lo que pide mi abogado”, finalizó.
Luna Gálvez es investigado por presunta organización criminal y cohecho activo en el marco del Caso Los Gánsteres de la Política. La defensa del excongresista apeló buscando una orden menos gravosa que el arresto domiciliario y cuestionando la caución impuesta.
A fines del año pasado, el juez anticorrupción Jorge Chávez Tamariz dictó arresto domiciliario para Luna Gálvez y le impuso una caución de S/500 mil. También dispuso que cumpla reglas de conducta como no declarar a los medios de prensa sobre su caso, ni se comunique con sus coimputados (incluido su hijo José Luna Morales). Tampoco puede realizar reuniones sociales, solo familiares.
A los investigados Óscar Nieves, Fernando Obregón y Laura Silva, para los que se pedía también prisión preventiva, se les impuso una caución de S/50 mil y el cumplimiento de algunas reglas de conducta.
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Según el magistrado, la organización infiltró y controló instituciones como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Agregó que existían graves elementos de convicción que sindicaban al accionista mayoritario de la Universidad Privada Telesup como la cabeza y financista de la mencionada red criminal.
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