La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que se ha ordenado “el desplazamiento” de la jefa de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, Marielka Nepo Linares, y de tres servidores contratados bajo el régimen CAS hasta que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios culmine la investigación sobre un presunto copamiento de puestos de trabajo en dicha dirección.
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A través de un comunicado, la entidad indicó que ha dispuesto la revisión de todos los contratos CAS y de locación de servicios efectuados en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios desde 2020. Esto tras el reportaje del programa “Punto Final”.
Además, informó que se ha dado por terminado el contrato de la locadora de servicios mencionada en el reportaje, y que otras tres “personas aludidas” han dejado de laborar en la institución entre diciembre de 2021 y agosto de 2023.
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Lo que llama la atención es que la JNJ no menciona en su pronunciamiento los nombres de las personas involucradas en el caso ni indica sus cargos, pese a que en el informe periodístico se detalla que siete trabajadores de la entidad provienen de un mismo círculo de amigos y al menos cinco de ellos intercambiaron certificados de presunta experiencia profesional para acceder a la institución.
Por último, la JNJ indicó que se han suspendido las convocatorias de personal en trámite bajo toda modalidad de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios y que se ha informado a su procurador público para que “actúe de acuerdo con sus competencias”.
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Inician investigación
La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar en torno a la presunta contratación irregular de funcionarios en la Dirección de Servicios Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), confirmaron fuentes de El Comercio. Como parte de ello, personal fiscal y policial acudió a la sede de la institución.
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