En una declaración que brindó a la fiscalía de lavado de activos para aspirar a convertirse en colaboradora eficaz, la lobbista Karelim López (investigada por presunta corrupción en casos que comprometen al actual gobierno) ha referido que el presidente Pedro Castillo forma parte de “una mafia en el MTC” que direcciona obras. Aunque los dichos al Ministerio Público por parte de López Arredondo aún no han sido corroborados, los extractos revelados han expuesto por el momento a 18 supuestos actores de una trama que profundiza la ya permanente crisis política.
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La versión de la gestora de intereses —quien fuera cercana al ex secretario presidencial Bruno Pacheco y visitante a la casa de Sarratea— plantea la idea de un organigrama donde todas las piezas cuentan. Por el lado del Poder Ejecutivo, señaló al propio Castillo, al ahora exministro de Transportes Juan Silva y al todavía titular de Vivienda Geiner Alvarado. Además, habló de personas allegadas a Castillo desde los tiempos de campaña, empresarios beneficiados, familiares que habrían fungido de coordinadores y un grupo de acciopopulistas que acatarían “todo lo que dice el presidente”.
Aunque el abogado de López, César Nakazaki, dijera inicialmente a Latina y RPP que su defendida no involucraba al mandatario, luego respaldó el relato escrito y recalcó en nuevas entrevistas que el domicilio en Breña funcionaba como “un centro de negocios privados” que sí vincula a Castillo Terrones. Como se recuerda, el mandatario se hospedó en aquel inmueble cuando candidato y despachó irregularmente desde allí durante sus primeros días en el poder.
Los señalados
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio realizó un mapeo de los personajes indicados en los fragmentos de la declaración que diera López a la fiscal provincial Luz Taquire. De los 15 nombres enunciados por debajo de Castillo y sus ministros, 13 corresponden a personas que han visitado lugares clave, como Palacio de Gobierno, las sedes del MTC y de Vivienda, el Ministerio de Defensa y la PCM.
Asimismo, seis personas están vinculadas a compañías que han contratado con el Estado dentro de los siete meses de la vigente gestión. Entre ellas, están Roberto y Alexander Aguilar, hermanos fundadores de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C.; la psicóloga Leslie Narváez, accionista de Limpieza Pacífica S.A.C. y Grupo Terrazo S.A.C. y la químico farmacéutica Tania Peralta, accionista de CH & S Medilab. Luis Pasapera, de la empresa constructora Termirex S.A.C. que integra el consorcio Puente Tarata, también figura en la mención de Karelim López, quien fuera asesora de Termirex. El propio dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, es apoderado de Aldalab Perú S.A., que contrató en menor cuantía con gobiernos regionales, hospitales y el Mincetur.
Siempre de acuerdo a la narración de López, Castillo Terrones tiene a tres familiares directos que participarían activamente en las coordinaciones dentro del presunto organigrama de personajes: sus sobrinos Fray Vásquez, Rudbel Oblitas y Gian Marco Castillo. Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, entre los tres suman 51 asistencias a esta sede. Además, Vásquez y Castillo han visitado también el Ministerio de Defensa y Oblitas, el MTC y el Ministerio de Vivienda.
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Otros señalados por la lobbista son los congresistas de Acción Popular, Raúl Doroteo (actual vocero alterno de la bancada) y Juan Carlos Mori. También se refirió, aunque indirectamente, al legislador Carlos Zeballos, quien renunció a la bancada y, posteriormente, en enero de este año, al partido de la lampa. Todos han registrado visitas a Palacio de Gobierno entre agosto de 2021 y febrero de este año, además de ingresos a ministerios.
Solo es el inicio
Para el abogado penalista y ex procurador Anticorrupción, César Azabache, es importante considerar que los señalamientos de Karelim López no han trascendido íntegramente y que su ampliación y contrastación en ámbito fiscal siguen pendientes. Por ejemplo, solo se revelaron los nombres de dos de los cinco legisladores de Acción Popular señalados como ‘Los Niños’.
“Los procedimientos de delación [premiada] nunca se limitan a una sola declaración. De los argumentos publicados, basta notar que en varios de esos pasajes la señora López hace ofrecimientos de información que todavía no está revelando, pero en la que se va a detener más adelante. Es muy difícil, entonces, tratar de hacer juicios categóricos sobre el alcance de una declaración que recién comienza”, advirtió.
Azabache señaló que uno de los fragmentos más resaltantes de lo dicho por la lobbista es aquel en el que narra haber presenciado una discusión entre el ex secretario Bruno Pacheco y el presidente Pedro Castillo. Según el relato de la aspirante a colaboradora eficaz, ambos “se realizaron reclamos mutuos. Castillo reclamaba lo de la empresa Deltron y Bruno lo del martillero de la Sunat”.
“Esa es la parte más claramente testimonial de lo que se ha difundido. Pero hay que tomar en cuenta que está colocada junto a otros fragmentos en los que lo que cuenta la señora López es lo que [Bruno] Pacheco le dijo, y esas referencias iniciales tienen otro nivel de análisis. Entonces, esto es una primera declaración en un procedimiento que no sabemos aún en qué dirección va a ir ni cuántas cosas adicionales va a contener”, agregó Azabache.
¿Hay un impacto político?
Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura (Fuerza Popular) ha referido que Karelim López debe aportar medios que prueben las imputaciones sobre una presunta mafia liderada desde el gobierno de Castillo. De otro lado, su grupo de trabajo, que investiga solo el caso de reuniones clandestinas en Sarratea, había citado al mandatario para el lunes 7 de marzo, a fin de que rinda explicaciones sobre “presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo”. Sin embargo, el viernes, Palacio informó que Castillo respondería las preguntas de la comisión por escrito.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, expresó que en la divulgación de los dichos de López a la fiscalía no hay “imputación directa” al presidente. ”Debo precisar que ella no es una colaboradora eficaz, sino una aspirante a colaboradora. Todos los hechos que ella menciona deben ser corroborados”, dijo a la prensa el miércoles. Torres se presentará el 8 de marzo ante el pleno del Parlamento para solicitar el voto de investidura a su Gabinete.
Para el analista político y director del Grupo Fides Perú, Jeffrey Radzinsky, aunque aún es primigenia, la declaración de Karelim López “le suma al sector pro vacancia” dentro del Congreso. No obstante, señala que las divisiones dentro de la propia oposición y los intereses particulares frenan una instrumentalización política del material fiscal.
“¿Cómo creo que la declaración parcialmente publicada juega en este contexto? Efectivamente, abona al sector que quiere la vacancia presidencial desde el día uno, pero tampoco es que les sume los votos necesarios para su objetivo. Yo creería que, si presentan una moción de vacancia, podría pasar solo una etapa más adelante, que es la de lograr citar al presidente o su abogado al pleno. No estarían los 87 votos porque creo además que no ha habido una contundencia reveladora respecto a la participación directa del presidente. Eso no quita que lo trascendido sea un escándalo, por supuesto”, explicó.
Como se recuerda, en noviembre de 2020, el Parlamento de entonces tomó la determinación de impulsar una moción de vacancia contra Martín Vizcarra, luego de que se filtraran declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que señalaban al ahora exmandatario como receptor de sobornos durante su gestión regional en Moquegua. El escenario político actual es distinto.
También en diálogo con El Comercio, la politóloga Paula Távara indicó que la diferencia puede estar en la resistencia de una mayoría congresal de ver sus mandatos acortados. Esto, sostiene, estaría ligado a los intereses particulares que se evidencian desde varios sectores del Parlamento. Adicionalmente, la supuesta implicación de legisladores de Acción Popular en los dichos de López dificultan la suma de votos en caso se impulsase una vacancia.
“Digamos que, en la comparativa con el 2020, la supervivencia del actual gobierno está directamente vinculada al interés de supervivencia del propio Congreso. Hay que tomar en cuenta que ya hay varias otras llaves, como la no reelección parlamentaria, que funcionan como desincentivo. Entonces, los intereses particulares que cada uno representa, el interés de permanecer en el cargo, hace que no sea nada tentador para los parlamentarios perder su lugar a causa de una vacancia”, refirió.
Radzinsky resume en tres los elementos que aún le estarían dando oxígeno al gobierno de Pedro Castillo pese a los escándalos y crisis acumuladas: “El primero es que tiene una cantidad de votos alineados con el oficialismo. Lo segundo es que tiene una oposición bastante torpe y carente de liderazgo político, además de que, en general, el Parlamento de hoy es bastante novato. Un tercer factor es que, más allá de los intereses mercantilistas que ya se han advertido en sectores como la educación o el transporte, el incentivo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo es permanecer sus cinco años”.
Con respecto al impacto de la declaración de la lobbista sobre el voto de confianza del Gabinete Torres, ambos especialistas sostienen que “puede no quitarle el sueño” al gobierno asegurar la investidura. Aun así, estiman que pueden producirse algunos cambios mínimos en ministerios, como ya ocurrió con el MTC.
Gestión pública afectada
En otro momento, Radzinsky advirtió que el Congreso “ha perdido el foco de la lógica del control político”, pues hay una enfrascamiento en salidas maximalistas sobre vacancias, pero no una real fiscalización sobre quienes lideran los sectores.
“Estamos en uno de los peores momentos de la administración pública y ese es un dato no menor. Mientras la discusión se centra en el choque del Legislativo y el Ejecutivo, el estado de la administración pública, que es la generadora de políticas públicas y del correlato del servicio al ciudadano, sigue en un segundo plano, y no hay rendición de cuentas”, dijo.
Sobre ese punto, Távara remarcó que se evidencia un desinterés, a la par que un desconocimiento en el funcionamiento del Estado. Esto, indica, responde a la poca experiencia de los actuales parlamentarios y también a los intereses personales que varios de ellos manejan.
“Salvo excepciones muy individuales, el estado de la administración pública parece no ser una prioridad desde el Congreso. Lo que vemos en su mayoría es una fijación cortoplacista de muchos de los congresistas por cómo garantizar determinados réditos políticos, proyectos específicos para sus regiones y respaldo que les extienda la carrera política, probablemente, hacia otros cargos”, expresó la politóloga.
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