La audiencia en la que se evaluará la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional contra la ley laboral juvenil podría programarse para marzo.
Así lo explicó a El Comercio el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, quien detalló que lo primero que se hará será determinar la admisibilidad de la demanda.
“Se le va a dar el trámite correspondiente para revisar los requisitos de admisibilidad”. Urviola informó que este primer paso podría resolverse en los primeros días de enero.
“Si el Colegio de Abogados de Puno [que también suscribe la demanda] no ha adjuntado, por ejemplo, las actas donde se acuerda interponer la acción y se delega a su decano la representación en este proceso, tendríamos que dar un plazo para que regularicen esos requisitos de forma”.
Explicó que, una vez que se determine si la demanda cumple con todos los requisitos para ser admitida, “en ese supuesto se tiene que correr traslado al Congreso de la República para que conteste la demanda. Según el Código Procesal Constitucional, tiene 30 días hábiles [de plazo]. Estamos hablando prácticamente de fines de febrero, de tal manera que la audiencia se podrá realizar los primeros días de marzo”.
Al mencionarle que en febrero el Tribunal Constitucional sale de vacaciones, explicó que eso no afectaría mucho este caso porque se deben cumplir los 30 días hábiles para que el Congreso conteste la demanda.
“Con la contestación recién se puede fijar fecha para la audiencia”, informó Urviola.