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El proyecto de ley con el que el Poder Ejecutivo ha solicitado facultades para legislar sobre seguridad ciudadana esconde más de una sorpresa.
El Poder Ejecutivo pretende, de acuerdo al literal g) del artículo 2 del mencionado proyecto de ley, “fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado”.
En la exposición de motivos, sin embargo, se menciona que existe “la necesidad de mejorar la tipificación de conductas disfuncionales de los procuradores públicos”, pues actualmente las únicas causales para que sean sancionados son la defensa negligente o incumplimiento de funciones.
El gobierno además pretende, a través de las facultades legislativas, establecer estas sanciones no solo para los procuradores, sino también para los abogados a quienes aquellos delegan sus funciones.
¿'LEY VILCATOMA'?
“Esta norma tiene nombre propio: Yeni Vilcatoma. Yo fui despedida sin haber infringido ninguna de norma sobre defensa jurídica del Estado”, nos dice la ex procuradora adjunta anticorrupción.
Como se recuerda, a fines del año pasado, siendo la procuradora anticorrupción ad hoc para el Caso 'La Centralita’, Yeni Vilcatoma denunció una presunta injerencia del entonces ministro de Justicia, Daniel Figallo, en esa causa. “Quieren tipificar acciones como la mía como delito”, asegura Vilcatoma.
La Procuradora Anticorrupción está compuesta por un procurador nacional (Joel Segura), procuradores adjuntos, abogados senior, abogados junior y asistentes. Actualmente estos tres últimos escapan a las sanciones por inconductas. Sin embargo, si el Ejecutivo emitiese los decretos legislativos que busca, podrán también ser sancionados. “Es una norma para amedrentar a los procuradores y a los abogados que trabajan con ellos”, añadió Vilcatoma, quien recordó el caso de Julio Laurente, uno de los abogados que fue obligado a dejar la procuraduría luego de que la ex procuradora adjunta hiciera su denuncia.
Vilcatoma grabó las reuniones que convocó Daniel Figallo junto al entonces consejero presidencial Eduardo Roy Gates para indagar sobre la situación de Martín Belaunde Lossio en el Caso ‘La Centralita’.
A fines de enero, el Tribunal de Sanción del Sistema de Defensa Jurídica del Estado abrió un proceso disciplinario a Yeni Vilcatoma por haber revelado información confidencial del Caso ‘La Centralita’.
“Lo que pretenden ahora sería someter a los procuradores al ministro [de Justicia]. Es una forma de dar un mensaje a los procuradores para que no se atrevan a denunciar”, concluyó Vilcatoma.
