Sobre Luis Castañeda Lossio y otros investigados pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. (Foto: GEC)
Sobre Luis Castañeda Lossio y otros investigados pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. (Foto: GEC)
Redacción EC

El allanamiento autorizado por el Poder Judicial y ejecutado el último martes por fiscales del equipo Lava Jato involucra a inmuebles del exalcalde de Lima, , y otras siete personas. Esto en el marco de la investigación preliminar que se sigue contra el líder del partido Solidaridad Nacional por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, colusión negociación incompatible, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.

Pero en el entorno de Castañeda Lossio está una persona más involucrada en la recepción de US$980.000 por parte de las empresas OAS y Odebrecht —según un colaborador eficaz— para la campaña electoral del 2014: Martín Bustamante, exhombre de confianza del exburgomaestre.

Si bien ningún inmueble de Bustamante está incluido en la orden judicial de allanamiento y registro emitida el 12 de octubre por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, sí está sumamente relacionado al caso y a imputaciones contra otras personas del entorno del exalcalde. A continuación los detalles.

—José Luna Gálvez—

Se desempeñó como secretario general de Solidaridad Nacional en el 2014 y jefe de campaña. Según la fiscalía, habría recibido dinero de parte de Castañeda Lossio y Bustamante Castro, quienes habrían obtenido dinero como aporte de las empresas OAS y Odebrecht.

Ello con el “fin de ingresar dicho dinero ilícito al sistema económico mediante gastos de campaña y encuestas electorales”. Seguidamente, se señala que “procedió a contactar a personas vinculadas al partido de Solidaridad Nacional —entre ellos militantes o simpatizantes— con la finalidad de que figuren como aportantes a la campaña municipal de año 2014”.

Según el colaborador eficaz N° 155-2019, Martín Bustamante recibió los US$480.000 de OAS en tres entregas realizadas antes de las elecciones del 2014, derivando el monto posteriormente al excongresista José Luna.

Sobre los US$500.000 de Odebrecht, el mismo colaborador refirió que se entregaron en tres remesas bajo la misma modalidad que con OAS: Bustamante recibió sobre de dinero en su domicilio y los trasladó a Luna en su oficina de Telesup, en San Isidro.

Luna cumple 18 meses de impedimento de salida del país.

—José Quispe Lévano—

El colaborador N° 155-2019 indica que el citado es José [Ítalo] Quispe Lévano, exjefe de prensa del partido Solidaridad Nacional. A este se le imputa haber recibido dinero de Castañeda y Bustamante “para pagos de procesos penales en contra de Óscar Luis Castañeda Lossio y para gastos de campaña municipal”.

“Estaría inmerso en el delito de lavado de activos sobre aportes de dinero ilícito por parte de la empresa OAS y Odebrecht para la campaña municipal de Lima del 2014…”, dice el documento judicial.

—Jorge Zegarra Lévano—

Es una imputación similar a la de José Quispe Lévano. El exmiembro de directorio de Emape habría participado en la recepción de dinero de OAS y Odebrecht con el fin de ingresarlo al sistema económico.

—Julio Torres Romero—

La fiscalía precisa que en el caso de este no es una imputación, sino una “vinculación como tercero afectado a los hechos que vienen siendo investigados”.

Sin embargo, señala que como tesorero titular nacional o contador de Solidaridad Nacional durante el 2014 se le vincula a los actos de lavado de activos producto de aportes de OAS y Odebrecht. Además, se señala que tendría el cargo de contador de la Universidad Privada Telesup.

En esa línea, la fiscalía da cuenta de testimonios de tres personas que refieren haber entregado aportes a Torres en las instalaciones de Telesup.

“Todo ello lo vincula a la administración no solo de los aportes del partido Solidaridad Nacional, sino además a la administración de los fondos de la Universidad Telesup, la cual según la tesis fiscal, habría servido para lavar el dinero ilícito recibido por la empresa OAS y Odebrecht”.

—Martín Bustamante—

Es exhombre de confianza de Luis Castañeda Lossio y exfuncionario en las tres gestiones de este en la Municipalidad de Lima. También pesa sobre él una orden de 18 meses de impedimento de salida del país. Habría recibido el dinero de OAS y Odebrecht, entregándolo a José Luna Gálvez.

Bustamante, hombre clave en el caso, es mencionado por el colaborador N° 155-2019 como partícipe y anfitrión de reuniones de coordinación tanto para los aportes de OAS, como de Odebrecht, las cuales se llevaron a cabo en su departamento de Miraflores.

El citado colaborador refiere que cada vez que Bustamante recibió dinero de OAS, acudió a la oficina de Luna en la sede de Telesup de San Isidro para entregarle los montos.

El colaborador indicó que antes de la reunión de inicios de agosto del 2014 con ‘Leo’ Pinheiro’ y otros funcionarios de OAS, se llevó a cabo otro encuentro, pero esta vez con Raymundo Serra, representante de Odebrecht.

En el encuentro, dice parte del testimonio, “Serra indicó a Castañeda que Odebrecht quería apoyar la campaña, sacó un papel con la cifra con la que apoyarían, la cifra era de US$500.000; Castañeda Lossio agradeció y Serra le indicó que los aportes se realizarían a través de la persona de Bustamante Castro; el señor Castañeda le pidió a Bustamante Castro que guardara el dinero para hacer algunos pagos de campaña…”.

—Gisselle Zegarra Flores—

La abogada fue gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima entre el 2007 y 2010, durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio. Pero en el presente caso, las imputaciones en su contra se relacionan a su labor como representante de la empresa Zegarra y Asociados SCRL., que habría asesorado a la constructora brasileña OAS.

Según la pesquisa fiscal, Zegarra desempeñó tal labor hasta el 12 de enero del 2015 y solo un día después empezó su vínculo laboral con la Municipalidad de Lima, bajo la modalidad de locación de servicios, como consultora a cargo de las modificaciones al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, adjudicado a OAS en el 2009.

“…Se imputa a Zegarra Flores el haber sido la intermediaria entre los investigados José Adelmario ‘Leo’ Pinheiro Filho y el denominado ‘amigo’ o ‘lucho’, quien sería el investigado Óscar Luis Castañeda, para la modificación del contrato de concesión cuando el investigado Castañeda Lossio aún no ostentaba el cargo de alcalde de Lima”, dice la resolución judicial en base a la imputación fiscal. Ello se refiere a las conversaciones de Whastapp que Zegarra y ‘Leo’ Pinheiro tuvieron en el 2014, donde presuntamente ambos buscan retrasar la firma del contrato del proyecto Río Verde, que promovía la gestión de Susana Villarán (2011-2014).

En esa línea, la fiscalía señala que, en su condición de consultora de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Zegarra habría intercedido presuntamente a favor de los intereses de OAS y de Castañeda Lossio.

Asimismo, como parte de su vínculo contractual con OAS, participó en reuniones con Castañeda Lossio, Bustamante Castro, ‘Leo’ Pinheiro y otros “para coordinar el aporte de campaña al Partido Solidaridad Nacional”, según se señala en el análisis del caso concreto en la resolución judicial. Esto último en base a la declaración del colaborador 155-2019. Sobre Gisselle Zegarra pesa actualmente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.

—Jaime Villafuerte Quiroz—

Fue gerente de Promoción de la Inversión Privada del Proyecto Obras de Integración Urbana de la Municipalidad de Lima en la tercera gestión de Luis Castañeda Lossio. Actualmente cumple una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.

Una de las imputaciones fiscales en su contra se refiere a que, bajo el cargo citado, habría suscrito una resolución del 7 de abril del 2016 aprobando el presupuesto de Estudio de Ingeniería (EDI) de la obra Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de julio por el monto de US$53’688.541,66 sin considerar una advertencia de la contraloría referida a implementar medidas para reducir o superar riesgos en la ejecución de la citada obra.

Asimismo, “se le atribuye haber modificado de manera irregular” el cambio del proyecto Río Verde por el Paso Inferior 28 de julio y firmar una adenda que conllevaba a mejoras en las condiciones contractuales y económicas para OAS.

Bajo su gestión como gerente de Promoción de la Inversión Privada, según la imputación, se contrató a Gisselle Zegarra como consultora de la municipalidad, luego de que esta laborara para OAS.

—Alfieri Lucchetti Rodríguez—

También fue gerente de Promoción de la Inversión Privada en la gestión de Castañeda y también pesa sobre él una orden de impedimento de salida del país por 18 meses.

Se le atribuye haber firmado el 16 de diciembre del 2015 la Adenda N° 1 del contrato “Obra del proyecto Río verde y Obras de Integración Urbana - Obra Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de julio” sin cautelar la implementación en su integridad de un informe de la contraloría que había advertido riesgos en cuanto a la falta de un expediente técnico a nivel de ejecución de obra, “así como en la estructura de presupuesto de obra que no permite determinar la razonabilidad del costo ascendente a US$57’274.923 incluido IGV y del plazo de ejecución de la obra estimado”.

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