La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, afirmó este martes que el nuevo Congreso de la República, cuya nueva composición se elegirá el próximo 26 de enero, debe “regular y mejorar” la redacción de la cuestión de confianza en la Constitución.
Indicó que la mayoría de los integrantes del organismo que preside están a favor de brindar sugerencias al próximo Parlamento al respecto para que el fallo no se convierta “en una carta blanca” para un próximo mandatario.
“No va a ser una carta blanca porque vamos a señalar algunas ideas rectoras que deberían desarrollarse a futuro para que no pueda desnaturalizarse este ejercicio de la cuestión de confianza. El Congreso tiene que hacer su rol en cuanto a la redacción de una mejor interpretación de esta norma”, sostuvo Ledesma en una entrevista con RPP Noticias.
“Serán ciertos criterios que deberían considerarse a futuro en la cuestión de confianza para evitar que esto se pueda dar de una manera arbitraria. Se hará como referencia para que el nuevo Congreso toque, regule y mejore la redacción de este ejercicio de la cuestión de confianza”, acotó.
En otro momento, la presidenta del TC descartó que los magistrados que votaron a favor de declarar improcedente la demanda competencial presentada por la Comisión Permanente contra el Poder Ejecutivo por la disolución del Congreso lo hayan “hecho por temor” al mandatario.
Saludó, asimismo, que el debate de la referida demanda haya sido el primer debate del TC en ser transmitido al público a través de las cuentas institucionales de dicho organismo.
"Haremos el balance de lo vivido de esta experiencia, yo voy a insistir porque esto pueda formalizarse en la modificatoria del Reglamento [...] porque debería ser una pauta permanente en los debates de inconstitucionalidad de normas", manifestó.
El Tribunal Constitucional, por una votación de 4 votos contra 3, decidió respaldar la ponencia del magistrado Carlos Ramos, que desestimaba el recurso planteado por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, el cual buscaba dejar sin efecto la disolución del Congreso de la República dispuesta por Vizcarra Cornejo el pasado 30 de setiembre.