La fiscalía pidió 9 años de cárcel para la ministra de la Producción, Rocío Barrios. (Foto: GEC)
La fiscalía pidió 9 años de cárcel para la ministra de la Producción, Rocío Barrios. (Foto: GEC)
Redacción EC

La ministra de la Producción, , se comunicó con el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro, Vicente Zeballos, para asegurarles que su cargo está a disposición, tras conocerse que la fiscalía la acusa del presunto delito de peculado doloso. Así lo anunció esta noche en diálogo con Canal N.

“Llamé al premier para decirle que ponía mi cargo a disposición. El premier me dijo que le alcance los descargos [...] Acto seguido le escribí al presidente y le recalqué que mi cargo está a disposición [...] Creo que eso es lo correcto”, dijo.

“Yo tengo 23 años en el Estado y he manejado muchos recursos. Y yo quisiera que me prueben que tengo un solo sol del Estado que no haya sido producto de mi trabajo”, aseguró.

Previamente difundió un comunicado en Twitter en el que afirmó que la denuncia fiscal por supuestamente apropiarse de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en 2014, “no tiene asidero legal”.

Barrios aseguró que no se apropió de dinero o caudal alguno, pues su accionar -dijo- fue en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

De acuerdo a la acusación, Barrios y otras cinco personas habrían simulado contratos por servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la PCM, entre julio y diciembre de 2014.

“La acusación fiscal no tiene asidero legal, toda vez que mi accionar al expedir la Resolución Directorial Nro. 303-2014-PCM/OGA, fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente; en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno que me hubiere sido confiado”, dijo a través de un comunicado que difundió en Twitter.

Barrios aseguró que los pagos a los proveedores fueron requeridos notarialmente por estos, y se solicitaron informes a las unidades involucradas en el tema, como el coordinador encargado de Transportes de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM. Dichos documentos fueron reconocidos legalmente, de acuerdo a la ministra.

El fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand acusó a Rocío Barrios por presunto delito de peculado doloso. La acusación fue presentada el 31 de enero, pero la investigación preparatoria arrancó en marzo del 2018.

Según el fiscal Manrique, el costo por los contratos ascendió a S/177,279. La acusación asegura que nunca se registraron órdenes de servicios, no existen constancias de conformidad y tampoco hay evidencias de que el servicio se concretó.

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